Detener la cacería de brujas y evitar los linchamientos públicos son las últimas letanías que resuenan en la Moneda y el Congreso Nacional, desde que la semana pasada se presentó la segunda denuncia del Servicio de Impuestos Internos, con nuevos antecedentes sobre la vinculación de un centenar de políticos al escándalo de SQM y el financiamiento ilegal de campañas.

Esta exhortación a esperar el veredicto de la Justicia es tan obvia como irresponsable, pues con el pretexto de respetar la indiscutible presunción de inocencia, se está avalando la contumacia de dirigentes políticos que, pese a verse envueltos en este escándalo, han contribuido a profundizar la crisis de desconfianza, sin la mínima consideración democrática de hacerse a un lado mientras aclaran su situación.

Son los tribunales quienes disponen de plazos y procedimientos para garantizar un debido proceso y establecer la verdad jurídica. Ni a los otros poderes del Estado ni al sistema de partidos políticos les corresponde impartir justicia, sino representar a la ciudadanía y gobernar debidamente, lo que en escenarios de crisis como éste significa, a lo menos, asumir y cobrar responsabilidades políticas, con prescindencia de los ritmos y las resoluciones judiciales. Lo contrario es abdicar del liderazgo que se requiere para revertir la desconfianza ciudadana.

El paroxismo de esta irresponsabilidad lo mostró el candidato victorioso a la presidencia de la DC, Jorge Pizarro, quien decidió omitir su situación personal, sometiendo a su partido, a su coalición y a su Gobierno a la insostenible apariencia de complicidad con las irregularidades.

No está en duda el legítimo derecho de Pizarro a esperar que sus hijos acrediten que las prestaciones facturadas a SQM efectivamente se efectuaron y no constituyeron –como lo presume el SII- una falsificación ideológica de documentos, para financiar la campaña senatorial del ahora electo presidente del PDC.

Pero hay un abismo entre la justa presunción de inocencia y la impertinente decisión de ignorar el escenario de crisis, competir y luego asumir un cargo de alta investidura pública, antes de disipar dudas sobre la probidad personal.

No es la dignidad de las personas lo que está en juego en estos escándalos, sino el honor de las instituciones y la solidez de la Democracia. No es el interés particular de un senador lo que debe ocupar a la DC, sino el bien superior del país.

La crisis de confianza que afecta a la elite política y económica no baila al ritmo de la justicia. La paciencia ciudadana se ha agotado y ya no hay tiempo para seguir jugando a las escondidas. Es hora de probar la verdadera representatividad de quienes velan por la fe pública y abrir la puerta a la participación ciudadana en las decisiones sobre una salida a esta crisis.

Todo Chile sabe que parte importante de sus representantes no sólo ganó su escaño con la trampa legal del sistema electoral binominal, sino además, con la trampa delictual de un sistema de evasión tributaria. Trascendidos más, desmentidos menos, no hay duda alguna de que los principales grupos económicos han desplegado un esfuerzo sistemático y exitoso por comprar o cooptar a políticos de distinto signo para cautelar sus intereses particulares. Tampoco hay misterio en que para ese cometido aportan recursos a las compañas políticas, burlando las normas tributarias, a través de documentos falsos que abultan sus gastos y permiten recuperar parte de la “inversión”. Nadie negaría que no son pocos los dirigentes políticos que han documentado servicios falsos, suyos, de sus parientes y/o de sus asesores, para recibir los donativos, sin tener que reportar el gasto respectivo ante el Servel … y en medio de esta telaraña de ímprobos, Pizarro se sienta sobre la fe pública y asume uno de los puestos destinados a conducir la recuperación de la confianza en las instituciones ¡Plop!

Tal vez estima que su experiencia y trayectoria política lo dejan tuerto en el reino de los ciegos.