Ya son muy pocos a-parte de un grupo reducido de científicos financiados por la industria petrolera- los que dudan de la responsabilidad humana respecto del cambio climático global que experimenta y sufre actualmente la Tierra, y que recientemente -en marzo de 2015- arrojó un nuevo récord, cuando las concentraciones de CO2 en la atmósfera superaron, por primera vez desde que se tiene registro, las 400 partes por millón (ppm) durante un mes completo.[1]

Incluso, diversas investigaciones científicas[2] vienen planteando que el cambio climático podría también incidir en la ocurrencia de sismos y erupciones volcánicas, por lo que estos podrían ser, en definitiva, causadas por la acción humana.

Pero no queremos esta vez enfocarnos en la enorme responsabilidad que los poderes políticos mundiales tienen respecto del calentamiento global, que, como hemos dicho, sólo podrá detenerse con cambios estructurales en los sistemas sociales, económicos y políticos, y el impulso de nuevos paradigmas de sociedad. Sabemos que en este nivel global, las decisiones -como los impactos- están muy dispersas y es muy difícil asociar responsabilidades individuales o institucionales con impactos locales, nacionales o regionales.

Los desastres naturales no existen

Ahora queremos apuntar a las decisiones políticas que en el largo y corto plazo se toman en  el nivel territorial local y nacional, y que determinan que los fenómenos naturales atípicos -sean o no de origen antropogénico-, como los terremotos, erupciones volcánicas, lluvias intensas, deslizamientos de tierra y aluviones, provoquen graves daños sobre las comunidades humanas, con pérdidas de vidas y daños materiales.

Estos fenómenos siempre han existido, seguirán existiendo, y sabemos ahora que se incrementarán, pero no son ellos en sí mismos los que provocan estas muertes y daños, sino, en general, las fallas en el diseño, la localización, la materialidad y el manejo del medio ambiente natural de los asentamientos humanos e infraestructuras.

Durante décadas se ha denunciado el abandono por parte del Estado de la función que éste debe cumplir en materia de planificación territorial y conservación del patrimonio natural y construido.

Esta negligente ausencia estatal ha dejado espacio para el aprovechamiento de los grandes poderes económicos, mediante prácticas abusivas como la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras y derechos de agua, lo que ha derivado en situaciones de injusticia social y ambiental, como la segregación socio-espacial, la pérdida de bosques nativos y suelos agrícolas, y el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Lo peor es que no se trata solamente de asentamientos irregulares o marginales, fuera o en el borde de la legalidad. Son las propias decisiones de autoridades políticas -mediante la elaboración o modificación de planes reguladores, o la aprobación o directa implementación de proyectos de vivienda o infraestructura- las que ponen en riesgo a las comunidades, como pudimos verlo dramáticamente para los aluviones en el norte de Chile en marzo pasado.

Tras estas trágicas experiencias, las autoridades nacionales y comunales deberían , no sólo canalizar la ayuda para los damnificados y la reconstrucción, sino corregir de manera drástica las políticas para orientar y regular la ocupación, usos y protección del territorio nacional.

Lamentablemente, vemos cómo, por ejemplo, en la precordillera andina de Santiago, recorrida longitudinalmente por la falla de San Ramón y atravesada por múltiples quebradas, se continúa promoviendo y aprobando cambios de uso de suelo y proyectos habitacionales, que conllevan la deforestación y pavimentación de zonas indispensables para la contención de potenciales aluviones como el de la Quebrada de Macul, que en mayo de 1993 dejó 26 personas muertas y 8 desaparecidas, además de miles de damnificados.

La actual legislación ambiental supone la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica para los procesos de planificación territorial en los niveles comunal e intercomunal, pero la realidad muestra que estamos realmente lejos -en cuanto a rigor técnico y participación social- de la gestión ambiental y territorial que este instrumento supone; y más lejos aun de la promesa incumplida del primer gobierno de Bachelet, de una política de Manejo integrado de Cuencas.

El dilema es simple: planificar para el bienestar público o especular para el lucro privado; defender vidas o defender intereses económicos.

Ahora ya es tarde para las vidas que se han perdido, pero nunca será más oportuno que ahora para las que hay que proteger en el futuro.

[1]     National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), EEUU.

[2]     Bill McGuire, Universidad College de Londres; Giampiero Iaffaldano, Australia