En conversación con Radio Universidad de Chile, el Fiscal Jefe de la Unidad de Alta Complejidad, José Morales, afirmó que el llamado caso “fraude en el Ejército” está bastante claro y que espera obtener prontas condenas.

Recordemos que el ex Jefe del Comando de Bienestar del Ejército Mauricio Lazcano, se autodenunció por usar facturas falsas para estafar a empresas de factoring.

Al respecto, el fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, José Morales dijo que “es un caso que está bastante esclarecido, está muy avanzado lo que la fiscalía ha hecho, por lo que, lo que nosotros esperamos es ya dentro de los meses poder acusar con el fin de que se logre una condena respecto de estas personas”.

Además, sostuvo que arriesgan entre tres años y un día a diez años, dependiendo de los matices que se den en el juicio y las atenuantes que se presenten y añadió que allí el delito que tiene más pena es la estafa, porque los delitos contra el Fisco tienen penas “bastante bajas”, que es lo que hoy se está analizando endurecer dentro de las medidas de probidad y transparencia anunciadas por el Ejecutivo.

El fiscal conversó con Radio Universidad de Chile luego que el mayor en retiro Mauricio Lazcano Silva, quedara con arresto domiciliario desde las 22 horas hasta las seis de la mañana, además de arraigo nacional. Esto luego de ser formalizado por los cargos de estafa reiterada, cohecho y negociación incompatible por cerca de diez millones dólares, por presuntos delitos cometidos entre 2013 y 2014.

Vale recordar que Lazcano se auto-denunció a inicio de este año y anunció de paso su renuncia al Ejército, teniendo presente que ya existía una demanda del entonces ministro de Defensa, hoy titular del Interior, Jorge Burgos.

El uniformado confesó haber recibido coimas de Power-Ti, empresa que competía para adjudicarse las licitaciones de software, haciendo uso también de “facturas ideológicamente falsas”, con las que acudían a factorings, empresas que prestarían recursos que nunca les serían devueltos, ya que eran servicios que no se habían comprometido.

Fue el propio Ejército el que denunció este caso. Cuando se dio inicio a la investigación, el general Óscar Álvarez, actual jefe del Comando de Bienestar, tildó de “graves” los hechos y aclaró que las irregularidades fueron detectadas por los propios controles internos. En ese sentido, añadió que Mauricio Lazcano “actuaba a título personal sin ninguna representación legal de la institución, por lo que no hay perjuicio fiscal alguno en juego”.

Con este punto discreparon desde la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. El senador Alejandro Guillier sostuvo que con esto se muestra una falencia en materia de prevención, pero fue más allá al señalar que no son hechos aislados y que falta fiscalización. “Hace tiempo que viene el negocio de la compra de servicios, armas y otras denuncias de irregularidades que han trascendido a los medios”, dijo.

Guillier añadió que el Senado es cámara revisora, no fiscalizadora, y que la Comisión de Defensa de la Cámara baja podría perfectamente iniciar una investigación, pero que, en favor de la institución, “cuando se han conocido estos casos se han denunciado y canalizado a través de la Justicia”.

En cuanto a la acción de los senadores, sostuvo que durante el segundo semestre de este 2015 apurarán el trámite de los proyectos que buscan brindar una mayor transparencia de las instituciones y confianza por parte de la ciudadanía, por ejemplo, la reforma a la Justicia Militar o el control de gastos de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el diputado PPD, Guillermo Ceronni, quien se integra a la Comisión de Defensa Nacional, coincidió al sostener que episodios de tal magnitud “evidencian la debilidad de los sistemas de control al interior de las instituciones militares, pero también son un aliciente para perfeccionar el trabajo que debe hacerse de forma transversal en Transparencia”.

“Por supuesto que aquí tiene que exigírsele a las fuerzas armas lo mismo que se le exige a otras instituciones. Hoy hemos caído en una situación de desprestigio de todo el aparato público y parte de ello son las Fuerzas Armadas, que no pueden estar en una situación especial o diferente, sino con un estándar de transparencia máximo como nos hemos propuesto en el país”, sostuvo el parlamentario.

Otros actores políticos apuntaron también al rol que tiene la Contraloría General de la República en la fiscalización, cuestionando el grado de periodicidad real en el control normativo hacia las FF.AA y entrando así al debate sobre su funcionamiento cuando, algunos afirman, deben trabajar para mantener la confianza en alto.

Mientras, la investigación de este caso puntual continúa y la Justicia fijó seis meses para el cierre de esta etapa, plazo que fue considerado “prudente” por las partes.