La llamada Agenda Corta Antidelincuencia que se discute en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, ha generado amplio debate, tanto a nivel político como académico, debido a los elementos que involucra la modificación de normas procesales penales, y que desde algunos sectores ven con inquietud que se estén imponiendo visiones punitivas por sobre las preventivas de los delitos.

Uno de los parlamentarios que sostiene la necesidad de que se hagan las transformaciones al Código Procesal Penal, es el diputado (RN) Gonzalo Fuenzalida, para quien es necesario que Carabineros tenga más atribuciones para controlar las más de 60 mil órdenes de detención pendientes, y la única manera con la cual se podría alcanzar este objetivo es ampliando la atribución del control de identidad, es decir que la fuerza pública pueda pedir los documentos a una persona, para comprobar su identificación.

Este procedimiento, sin embargo, es uno de los que mayor polémica ha causado, ya que para algunos políticos, como es el caso de la diputada comunista Karol Cariola, o el diputado (RD) Giorgio Jackson, entre otros, es reflotar la detención por sospecha, con la consecuente estigmatización de ciertos grupos sociales que podrían ser blanco frecuente del control de identidad.

“Lo que pretende es un control de identidad acircunstanciado, es decir que Carabineros pueda salir a controlar la identidad de las personas por la calle bajo ningún tipo de limitación o circunstancia. Creo que eso es un error, y eso constituye una derogación tácita del actual artículo 85 del Código Procesal Penal que permite el control de identidad, pero siempre que existan indicios de que se ha cometido, o se acaba de cometer un delito o cuando una persona oculte su rostro”, señala el diputado (DC) y presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana Matías Walker.

El parlamentario de la Falange, si bien critica esta ampliación del control de identidad, defiende la tramitación de la Agenda Corta, en el sentido que “lo que busca el proyecto es que ante reiteración de delitos de mayor ocurrencia, como robos, hurtos y receptación, se cumpla efectivamente la pena bajo privación de libertad”.

No obstante, este es otro de los puntos que ha generado controversia en la discusión, ya que se estaría dando prioridad y profundizando las condenas a los delitos contra la propiedad, mientras que delitos conocidos como “de cuello y corbata”, no son el foco de atención de los legisladores, tal como señala el diputado (PS), y miembro de esta comisión, Leonardo Soto.

“Debiera haber una cierta coherencia en el tratamiento de los delitos de alta connotación incorporando también estos delitos vinculados al tráfico de influencias, corrupción y faltas a la probidad, como delitos relacionados con sobornos, uso fraudulento de documentos tributarios, colusión de precios con grave daño a centenas de miles de usuarios”.

El diputado Soto también critica que parte del oficialismo haga suyo el discurso que, desde el regreso de la democracia, ha enarbolado la derecha política, que es el de seguridad ciudadana y la necesidad de endurecer las penas contra la delincuencia común, para lo cual, según el parlamentario, han instrumentalizado a Carabineros con estos propósitos.

“La derecha desde la Dictadura se ha sentido, de cierta manera, se autodesignan voceros de Carabineros, e instrumentalizan a esa institución que tiene unos objetivos muy importantes para toda la democracia, la instrumentalizan con fines subalternos, el miedo en la población para poder restringir las libertades de que todos gozamos”.

Expertos critican cortoplacismo de Agenda

Al igual que lo señalado por Leonardo Soto, la socióloga y académica de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, critica el énfasis que se realiza con este tipo de iniciativas, al penalizar y endurecer castigos en contra de delitos comunes, y no con aquellos en los que se ven envueltos personajes con mayor estatus socio-económico.

“Estamos con el país al revés, donde no se castiga a la delincuencia sino que se castiga a los pobres, porque pongámonos de acuerdo qué es un delito. Qué es un delito, el traer trabajadores de países inmigrantes y tenerlos fondeados en un rincón para sacarles lo máximo que les puedan sacar en condiciones de total ilegalidad, ¿es castigado o no es castigado? Y lo que ocurrió con Fra-Fra, el proceso demostró que no eran culpables”.

Para la profesora Tijoux, con este tipo de iniciativas sólo se estigmatiza y criminaliza la pobreza, ya que son ellos a los que apuntarían acciones como el control de identidad, con lo que podríamos llegar a extremos en donde sólo por el color de piel, la forma de vestir o de hablar puede ser argumento para que se proceda a la detención de una persona.

“La gente que no tiene recursos y que hoy día se trata obviamente de rodearlos todavía mucho más, y reprimirlos mucho más, se les puede exigir en cualquier momento sus papeles de identidad, es decir estamos frente a una cosa tan terrible como sucedió en Arizona con el perfil étnico, es decir yo tengo cara de pobre, y esa cara es la que va a ser castigada, porque me pongo esa misma ropa, porque ando por las calles en las horas donde todo el mundo trabaja, y mientras yo no trabajo soy sospechoso”.

El gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez hace hincapié en el facilismo que medidas como esta Agenda Corta Antidelincuencia representa para el mundo político, por lo que califica a este tipo de legislaciones como “populismo punitivo” al intentar llevar a más personas a la cárcel.

“Básicamente, el error que hemos tenido, es de consensuar o de pensar que al populismo punitivo en base a endurecer penas, nosotros vamos a lograr que se reduzca la victimización. En primer término, eso es como poner el techo antes que las columnas, o sea mandar a la gente a la cárcel, y saber que en tres años va a reincidir en un 60 por ciento, nos tiene que dar cuenta de que la cárcel no es un modelo efectivo para lograr la reinserción”.

Para Sánchez resulta un contrasentido querer engrosar la cantidad de reclusos en nuestras cárceles, ya que han demostrado ser ineficaces para proveer de las herramientas para la reinserción social de los detenidos, y al contrario se generan redes delictuales que aseguran que un 6 de cada 10 reclusos reincide al cabo de tres años en libertad.

Es por ello que Marcelo Sánchez pone el acento en revertir las condiciones de exclusión de quienes cometen delitos, ya que según cifras de la fundación que dirige, el 87 por ciento de los reclusos no terminó su etapa escolar, un 32 por ciento no tiene ningún tipo de sistema de salud, el 69 por ciento abandonó su hogar antes de los 18 años, el 42 por ciento pasó por un centro del Sename, es decir no tienen acceso a derechos sociales que sí tiene el resto de los chilenos.

“Uno tiene que trabajar esas condiciones de exclusión. Y cómo se trabajan: con mecanismos preventivos sobre la deserción escolar, con atención a los jóvenes y adolescentes respecto del consumo problemático de drogas y alcohol, con desarrollo comunitario para levantar aspectos preventivos respecto de las vulneraciones de derechos que tienen los jóvenes y los niños en los territorios, reduciendo la violencia, etc. Es decir, aquí hay una mirada, un trabajo que tiene que ser de mucho más largo plazo, y no apuntemos a situaciones que son muy efectistas, más que nada, pero que no son situaciones que van a permitir que reduzcamos la victimización en el largo plazo”

Se espera que la próxima semana, la Agenda Corta siga su tramitación en la comisión de Constitución de la Cámara, instancia en la que se seguirán discutiendo algunos de los artículos que han generado controversia, y en donde el diputado Leonardo Soto espera que se debata el fenómeno delictual “desde la raíz y no tan sólo desde el miedo o de la utilización superficial de estos temas”.