Un oficio de cuatro páginas presentaron las diputadas de la Alianza Claudia Nogueira (UDI) y Marcela Sabat (RN) en la Contraloría General de la República para investigar el trabajo del Consejo Nacional de La Infancia que dirige María Estela Ortiz.

Expertos y representantes de la Unicef han reconocido el retraso en Chile respecto de los estándares internacionales en la legislación para niños y adolescentes, y el mismo Consejo acepta lo complicado que ha resultado este proceso.

Por esta razón, las diputadas cuestionan el alto gasto fiscal que significa el funcionamiento del consejo, el que hizo uso de sus atribuciones para la contratación de 52 funcionarios durante el año pasado, lo que significó un gasto mensual, sólo por concepto de remuneraciones de $129 millones, según el texto.

Claudia Nogueira, diputada de la UDI, enfatizó en la crítica a este gasto, cuestionando también la coherencia en el discurso del Gobierno.

“Han habido 52 funcionarios avocados a este cometidos y vemos que no hay ningún avance, que no es una prioridad para el Gobierno el tema de la infancia, en circunstancias que han dicho en reiteradas ocasiones que la desigualdad comienza desde la infancia, y vemos que aquí no hay ningún tipo de prioridad para proteger la infancia y hay una negligencia inexcusable por parte del consejo nacional de la infancia y su secretaria ejecutiva”.

El Consejo nacional para la Infancia emitió una declaración oficial escrita pues Estela Ortiz se encuentra fuera del país. En este información aseguraron que días antes del pasado 14 de abril, cuando se debía presentar el informe, se solicitó una prórroga.

Esto fue aprobado por un plazo de seis meses, sin embargo esperan entregar el proyecto de ley, para el cual ya hay algunos avances, el próximo mes de agosto.

Una de las razones de la demora, según el consejo es que por la complejidad de la tarea encomendad se debió realizar “un proceso de levantamiento de evidencia técnica que respalde las decisiones que se plasmarán en la Política”, acompañado de ejercicios de participación ciudadana.

Ante esto, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz dijo que las parlamentarias pecan de desconocimiento.

“Aquí hay desconocimiento por parte de las diputadas, porque si quieren, las invito desde ya, a que puedan acercarse a hablar con nosotros, con el ministro Eyzaguirre, de quien depende el Consejo, para que tengan todos los antecedentes de la labor que se está haciendo, y vamos a proponerle al país muy prontamente las conclusiones de ese trabajo para mejorar no solamente nuestra legislación en materia de protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes, sino también institucionalidad más acorde con los desafíos que tenemos como país”.

Por otra parte, los cuestionamientos de la Alianza, particularmente hacia la figura de Estela Ortiz, cercana a la Presidenta Michelle Bachelet, hija del ex secretario general de la dirección clandestina del PC, Fernando Ortiz Letelier y viuda del profesional José Manuel Parada, son más profundos.

Estela Ortiz es sindicada como una de las profesionales que prestó servicios a la empresa del geógrafo y operador político del PPD, Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios SpA, que a su vez rindió boletas a Soquimich y es apuntada como la fuente de financiamiento de la última campaña presidencial de la Nueva Mayoría.

De este grupo, cercano al ex ministro Rodrigo Peñailillo, Estela Ortiz es una de las últimas que mantienen cargos en el Gobierno luego de los cuestionamientos, como Harold Correa, que dejó su cargo como jefe de Gabinete del Mineduc.

Según el ministro Díaz esta salida corresponde al proceso normal de instalación de la nueva ministra Adriana Delpiano y descartó que el llamado grupo del G90 (de cercanía a Peñailillo) esté en entredicho.