El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que el ex diputado (RN) Alberto Cardemil deberá cumplir arraigo nacional y firma quincenal, tras ser formalizado por delitos tributarios en el marco de la investigación del llamado caso Penta.

“El que nada hace, nada teme”, sostuvo Cardemil a su llegada al Centro de Justicia, en donde desde las 9 de la mañana, en el marco de la formalización de cargos que el Ministerio Público realiza sobre el ex parlamentario y contra el ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, en el Octavo Juzgado de Garantía. En el lugar se registraron manifestaciones en contra de los personeros que son formalizados.

Los políticos imputados por la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas y posteriormente utilizadas para el financiamiento de campañas, habían solicitado, por diferentes motivos, el retraso del proceso, quedando fijado para este lunes 6 de julio.

A la salida del Centro de Justicia, el ex diputado calificó como “lamentable y burda” la investigación en su contra.

Por su parte, en su alegato, el abogado de Jovino Novoa, Matías Balmaceda pidió que se aplicara el principio de igualdad ante la ley y citó la condena dictada en contra de Alberto Cardemil, quien a juicio del abogado Matías Balmaceda fue “imputado por delitos mucho más graves (…) y sólo se le dictaron medidas de firma quincenal y arraigo nacional”.

Según se prevé, la estrategia elegida por el Ministerio Público que comanda Sabas Chahúan, sería pedir arresto domiciliario total para Novoa. Esto, considerando que las medidas de presión preventiva con las que se sancionó a los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavin, quienes apelaron y consiguieron reducción en sus castigos.

Por ello, la fiscalía, modificó su estrategia y comenzó a solicitar la segunda pena más grave del Código Penal, el arresto domiciliario total. Así los explica el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.

“Lo que se ha solicitado por parte del Ministerio Público y que nosotros hemos apoyado, es el arresto domiciliario total y, además, de una arraigo nacional para el imputado Novoa. Desde esa perspectiva, nosotros esperamos que el Tribunal de Garantía pueda valorar los antecedentes que ya se expusieron respecto de esta persona y obviamente, se decrete esta medida cautelar, que además es similar a cautelares que hoy están vigentes respecto de otros imputados que han tenido una participación punible en hechos constitutivos de delito que son de una gravedad equivalente. Me estoy refiriendo al caso de Pablo Wagner, de Carlos Délano y de Carlos Lavín”.

Para Daza, la solicitud de estas medidas cautelares no es el principal objetivo que busca la parte querellante del caso, sino que el juicio se traduzca en el establecimiento de condenas duras:

“Hay que tener presente que el objetivo principal de nosotros no es obtener una medida cautelar de intensidad durante el periodo de la investigación. Lo que nosotros buscamos es tener condenas ejemplares una vez finalizado el juicio. En ese sentido, nosotros vamos a tratar de aportar a esta investigación con la finalidad de poder lograr este objetivo”, concluyó el abogado de Ciudadano Inteligente.

Una de las posibilidades que se barajan, es que la justicia obre de manera similar a la resolución de Pablo Zalaquett, por la similitud de las acusaciones.

Según estima el abogado defensor del ex ejecutivo del grupo Cruzat, Iván Rojas, Felipe Moraga, “el tribunal, si quiere ser consecuente, si se quiere, debiese resolver en el sentido que ha dispuesto la corte en un caso análogo, sin perjuicio de que cada caso se analiza con los criterios que se tengan para la persona específica”, indicó.

Si “la situación de Cardemil y el señor Novoa no dista mucho de lo que pasa con el señor Zalaquett, entonces qué sentido tiene dar una cautelar de arresto total para que luego las defensas apelen y la Corte, nuevamente, revoque esta situación y deje con una firma mensual y con arraigo nacional a estas personas”, concluyó Moraga.

Desde los imputados, la defensa de Novoa ya prepara su arremetida. En la exposición, los abogados del histórico líder de la UDI desvirtuarían los cargos de la formalización con el fin de que no se decrete arresto domiciliario total. La estrategia apuntaría a atacar el fondo de la acción interpuesta por el SII, al dar a conocer los pagos que desacreditarían la evasión tributaria de la que se lo acusa, acreditando el pago de impuestos por más de 15 millones.

En la investigación, se acusa al ex senador por su rol de “financista” de la UDI, además, por presuntamente haber recibido 85 millones para ayudar a políticos como la senadora Ena Von Baer.

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