Las reformas económicas y sociales que eran un elemento central de la agenda de la actual administración se detienen.El impulso reformista pareciera que no duró mas de un año. La nueva prioridad es “relanzar”el crecimiento económico, aunque sea sacrificando la equidad, con lo que se imponen así las preferencias del gran empresariado y de los economistas neoliberales, nuevamente empoderados, en el gabinete. Basta de aventuras progresistas y sueños algo románticos, es la dura hora de las finanzas y del capital. Se esgrimen dos argumentospara poner el freno de las moderadas y gradualistas transformaciones socio-económicas: (i) que la economía crece muy poco y (ii) que no hay plata en las arcas del Estado. Examinemos estos argumentos y sus implicancias.

¿Crisis de Crecimiento o Desaceleración?

El gobierno ajustósus proyecciones de crecimiento del PIB de 3.6 por ciento a 2.5 por ciento para el 2015 validando así el clima impulsado por los gremios empresariales y sus medios de comunicación de que la economía chilena estaría casi al borde de una crisis económica y que era urgente “devolver la confianza” a los empresarios para que estos vuelvan a invertir. En una economía tan privatizada como la chilena estos tienen el “sartén por el mango” de cuanto crecemos ya que más del 80 por ciento de la inversión es realizada por los privados. Sin embargo, lo que realmente le interesa a los empresarios es que la tasa de ganancias no se afecte por la reforma tributaria y por la reforma laboral. Sus esfuerzos son entonces tratar de revertir o paralizar ambas reformas, las que además adolecen objetivamente, de problemas de diseño y de implementación. En referencia a la Reforma Laboral el proyecto actual omite la negociación por rama y mantiene la regla que se puede despedir a cualquier trabajador o empleado solo con 30 días de aviso y sin explicación alguna salvo un genérico “por razones de la empresa”. Incluso si se aprueba la nueva ley laboral es difícil esperar que mejore, en alguna medida significativa, el poder de negociación de los trabajadores y que se produzca una repartición más pareja de las ganancias de productividad entre trabajo y capital. Actualmente el 70 por ciento de la fuerza laboral gana menos de 450 mil pesos al mes en una economía que tiene un ingreso por habitante cercano a 24 mil dólares anuales (dos mil dólares al mes) lo que equivale a cerca de un millón 250 mil pesos mensuales.

¿Hay una crisis de crecimiento? Claramente no. Lo que se observa es una desaceleración, como en el conjunto de economías emergentes. Además crecer a 2.5 por ciento está por encima de lo que el FMI proyecta para este año en América Latina de 0.5 por ciento. El discurso es simplemente “volver a crecer”y se abandona la idea de que el tipo de crecimiento (uno pro-equidad) es muy importante. Se esfuma, casi por arte de magia, el “primer enemigo” que teníamos que era la desigualdad.

Tres problemas de la Reforma Tributaria del 2014

Gran parte de los “problemas fiscales” que aduce el Gobierno se relacionan con la Reforma Tributaria del 2014 que este diseñó y que enfrenta al menos tres deficiencias importantes. La primera dificultad es que subestimó los recursos fiscales requeridos por las reformas al establecer que bastaba con un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (aproximadamente 8 mil millones de dólares).Gran parte de esta recaudación irían a la Reforma Educacional, que acogiendo las demandas estudiantiles del 2011 introduciría elementos de gratuidad en la educación universitaria y eliminaría el lucro en la educación. Sin embargo, ahora se nos indica que cuanto se pueda cumplir, por ejemplo en gratuidad, dependerá de a cuanto crece el PIB, lo que a su vez estará determinado por cuanto quieran inviertan los empresarios. En otras palabras, cumplir con las prioridades sociales del país, surgidas de un proceso electoral, estará condicionado al estado de ánimo de los capitalistas. En la disyuntiva entre democracia y capitalismo, la partida la gana el capitalismo. Cómo recibirán esto los estudiantes y profesores y todos los que creyeron en los anuncios anteriores es una interrogante abierta.

El segundo problema fue el excesivo gradualismo de la Reforma Tributaria aprobada en el 2014. El proyecto aprobado proyectaba que los nuevos ingresos fiscales vendrían de forma gradual. Solo el 2018, en “régimen” es decir cuando todos los cambios legales de carácter tributario estuvieran en vigencia se recaudarían los 8 mil millones de dólares. Además se hicieron supuestos muy optimistas para el crecimiento de la recaudación en la transición hacia el 2018, los que vemos no se cumplen. Algunos observadores de la realidad económica indicamos, en su momento, que el 3 por ciento era insuficiente y dado que las reformas tributarias son procesos complejos que no se puede hacer todos los años era mejor sincerar las necesidades fiscales y elevar ese monto a 5 por ciento del PIB, aproximadamente 13 mil millones de dólares. Pero esta discusión fue ignorada y primó la necesidad de aprobar en el Parlamento la propuesta existente con gran celeridad y con las concesiones que fueran necesarias. Sin embargo, el tema de los recursos será recurrente y trascenderá las variaciones cíclicas en el precio del cobre y la tasa de crecimiento del PIB. Chile tiene una proporción de gasto publico social sobre el ingreso nacional muy inferior a otros países de la OCDE; su carga tributaria en torno al 20 porciento del PIB es bastante inferior al promedio de la OCDE (de 30-35 por ciento del PIB) lo que difícilmente lo prepara para asegurar servicios sociales de buena calidad a toda la población chilena en la próxima década.

El tercer problema es que la reforma evitó tocar a los sectores económicos donde realmente están los excedentes. En efecto, la Reforma Tributaria excluyó, en su diseño, la posibilidad de poner sobre tasas de primera categoría a dos actividades que perciben altas utilidadescomo es la gran minería privada del cobre y el litio y la banca comercial. El primer sector se ha beneficiado ampliamente de altos precios del cobre en el ciclo de los altos precios del mineral y ha seguido una política de rápida extracción del mineral a cualquier costo ambiental y sobre las comunidades locales. Por su parte, la banca privada, muy protegida por los diversos gobiernos de los últimos 25 años, es fuente de enormes excedentes que se distribuyen a los propietarios de bancos con tasas de rentabilidad cercanas al 25 por ciento (claramente monopólicas) muy por sobre estimaciones razonables de rentabilidad del capital en Chile.

Sin embargo, ni el Parlamento de la República ni el Poder Ejecutivo estimaron oportuno proponer sobre-tasas tributarias para estos dos sectores donde realmente está la plata. No obstante, las finanzas públicas son porfiadas y el costo de no tocar a los poderosos es que el Fisco se puede quedar sin plata y por ende tener que renunciar a sus compromisos. Nuevamente domina el capital sobre las demandas sociales y la  democracia.

Ante esta situación, agravada por un menor precio del cobre y un menor crecimiento económico se decide cortar o postergar el gasto publico en especial en los sectores sociales hasta que lleguen tiempos fiscalmente mejores. No se dice, pero el fantasma ronda: Chile necesita austeridad. ¿Suena a Grecia o a España?, pero ¿no somos superiores nosotros en el arte de manejar la economía que estos países de la periferia europea? Hasta por ahí, no más, como se diría en el campo. En el triunfo de la opción por la austeridad no olvidemos que el nuevo Ministro de Hacienda y el Ministro de Segpres fueron importantes funcionarios del Fondo Monetario Internacional, organización que generalmente recomienda a sus países miembros posponer o recortar los gastos sociales para equilibrar las finanzas de Estado. Claro que cortar el gasto no es la única opción ante un desajuste entre ingresos y gastos también se pueden subir impuestos como el IVA, a la gasolina u otros que pagan muchas personas, pero nadie individualmente con gran poder. En cambio subir impuestos directos a la renta o al patrimonio o gravar a los bancos desatará la ira de las elites económicas. Mejor no seguir ese camino: “Don Prudencio” vivió muchos años como dice el refrán popular.

Ahorros del Estado y de las AFP depositados en el Exterior

Se indica que el déficit fiscal actual de 3.5 por ciento del PIB no sería sostenible. No obstante, este porcentaje no es alto bajo estándares internacionales y está en línea a lo que recomienda el FMI, en particular para un país que tiene un “seguro fiscal” que en Chile es el Fondo de Estabilización Económico y Social y que se mantiene en bancos norteamericanos ganando bajos intereses, llegando a cerca de 20 mil millones de dólares. También hay un superávit por la Ley Reservada del Cobre que financia gasto militar cercano a los cinco mil millones de dólares. Entonces, el fisco tiene al menos 25 mil millones dólares de excedentes que no toca, sin considerar el fondo de reservas del sistema de pensiones.

Pero no solo el sector publico tiene la plata fuera de Chile. También lo hace el sector privado. En efecto, no sabemos exactamente las tenencias de chilenos en paraísos fiscales probablemente financiados con el FUT que la Reforma Tributaria buscó eliminar y gravó con un bajo impuesto su eventual repatriación. Adicionalmente hay cerca de 50 mil millones de dólares administrados por las AFP invertidos fuera de Chile. Estos depósitos corresponden a los ahorros de los cotizantes nacionales, es decir trabajadores y empleados (pronto habría que agregar a los independientes que por ley deben también entrar al sistema de las AFP). La paradoja es que estos recursos se envían a otros países para financiar sus inversiones como si en nuestro país no hubiera necesidades de financiamiento para inversionescon un alto retorno social. En definitiva hay amplios recursos económicos para apoyar un esfuerzo de reforma social serio y sostenido en el tiempo, lo que sucede es que estos recursos sirven a otras prioridades.

Cuestionables prioridades del gasto público

Chile registra niveles de gasto en equipamiento militar de los más altos de América Latina según el Sipri (Stockholm International Research Institute) que compara, usando una metodología uniforme, gastos militares en distintos países del mundo. Este alto nivel de gasto militar realmente no se justifica en un país que no ha estado involucrado en guerras desde el siglo XIX. Sin embargo, gracias la Ley Reservada del Cobre que asegura para las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de los ingresos brutos de CODELCO se puede gastar, sin fiscalización del Parlamento y sin mayor conocimiento ciudadano, grandes sumas de dinero en tanques, aviones de guerra, submarinos y otro equipamiento militar. La alternativa responsable es mantener un nivel razonable de gasto militar para un país pacifico como Chile y redistribuir estos excedentes para que sean invertidos en escuelas publicas, hospitales, centros deportivos, el Metro y otros usos sociales en regiones. También es necesario monitorear los gastos de ciertos ministerios y de los mismos parlamentarios. Es conocida, por ejemplo, la amplia planta de “asesores” bien pagados del Ministerio de Educación por poner un ejemplo que va contra la nueva austeridad que desea imponerse pero que ya conocen los empobrecidos profesores del Estado.

Retomar un camino de genuinas reformas

No hay dudas, por lo expuesto, que Chile dispone de suficientes recursos para financiar una recuperación de la educación publica, la salud publica, las pensiones y el transporte publico. El problema no es falta de recursos fiscales sino la ausencia de voluntad de avanzar hacia un país con menor desigualdad estructural y en que todos los chilenos cuenten, no solo los que son dueños de bancos o de minas de cobre y litio. Hay que restablecer verdaderas prioridades nacionales, que el Fisco gaste en las prioridades adecuadas y que recaude tributos de los sectores excedentarios de la prospera economía chilena. Chile debe retornar a un camino de progreso social, redistribución, dignidad nacional y reconocimiento internacional que lo caracterizó durante una parte importante del siglo XX hoy abandonado por prioridades equivocadas y por la captura del sistema político-institucional y su aparato comunicacional por las elites económicas dominantes y por la nociva combinación de neoliberalismo, auto-complacencia e inmovilismo.