La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó la solicitud de libertad condicional para Guillermo González Betancourt. El recurso de amparo pedido por los abogados del ex jefe de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), buscaban que el hombre condenado por el Caso Degollados obtuviera una rebaja en su condena.

Pese a la ofensiva, el fallo detalla que “el delito por el cual fue sancionado Guillermo González Betancourt es uno de los más repudiables que se cometieron en nuestro país en la década de 1980 y si aun el interno no alcanza a dimensionar aquello es porque, como acertadamente lo señala la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, no está preparado aún para integrarse a la sociedad”.

Motivo por el que se rechazó la solicitud. Esto, recordando que González fue condenado en 1991 a presidio perpetuo por los asesinatos de los profesores y militantes del Partido Comunista, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos en 1985.

Sin embargo, aún queda pendiente la resolución del Máximo Tribunal respecto de la libertad condicional otorgada a Alejandro Saez Mardones, que fue apelada por los familiares de las víctimas y propios agentes del Gobierno.

Además de ello, un grupo de parlamentarios del Partido Comunista, Socialista e Izquierda Ciudadana presentaron ante el Tribunal una acción “Amicus Curiae” para colaborar con la petición de revocar la medida.

El abogado de los legisladores, Boris Paredes, aseguró  que existe un incumplimiento del Estado ante el derecho internacional, porque con “un recurso sacado bajo la manga sin ninguna tramitación de juicio, se les pretende dar una libertad contraviniendo todas las normas de pena efectiva que exige el derecho internacional. No es bueno que Chile nuevamente aparezca incumpliendo”.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, insistió en el cierre del Penal Punta Peuco, la anulación del decreto ley de amnistía, la degradación a los violadores de derechos humanos que todavía están en las Fuerzas Armadas y la aprobación de la interpretación del artículo 93 y 103 del Código Penal que impide la impunidad en estos casos.

“Estamos enfrentando una nueva ofensiva de impunidad. La libertad de Sáez Mardones es el inicio de la posibilidad efectiva de que los genocidas empiecen a quedar en libertad en cárcel especial. Hoy el Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial, tendrán que ver si están a tono de la justicia y la democracia o van a seguir en complicidad con esta impunidad que finalmente los hace también cómplices de los crímenes”.

En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto criticó que se busque acortar la pena inicial de cadena perpetua cuando Sáez es responsable de asesinatos y más de 10 secuestros, todos cometidos con las agravantes de alevosía y premeditación.