Las presiones de la derecha y de los poderes fácticos a la justicia, particularmente de la UDI, la falta de voluntad política en los gobiernos post dictadura, es lo que ha impedido conocer la verdad y que los culpables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados. Tal cual como ha sido denunciado en innumerables oportunidades, los acuerdos políticos alcanzados entre los primeros gobiernos de la Concertación con las FF.AA. y la derecha, crearon un escudo protector y una política de impunidad, orientando la acción judicial sólo en los casos más connotados y públicos de violaciones a los derechos humanos.

Hacer justicia y averiguar la verdad de las violaciones a los derechos humanos requiere en primer lugar, terminar con esos pactos políticos que permitieron además, promulgar el 18 de abril de 1978 la ley de amnistía (ley 2191).[1] A que se debe sino que a respetar estos acuerdos con la derecha, que el propio dictador Pinochet fue rescatado desde Londres con el apoyo del gobierno de Frei y del canciller de esa época José Miguel Insulsa, para evitar que el Juez Español Baltazar Garzón, quien ordenó su arresto, pudiera juzgarlo, recurriendo a la jurisprudencia internacional, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Por ello es que, sin acciones concretas que vengan desde el gobierno, seguirá siendo un discurso vacío y una perdida de tiempo, el llamado a que “quienes tengan información de casos de violaciones a lo DD.HH. la entreguen a la justicia”. El camino es exigir, que los mandos de las FF.AA. y los actores políticos comprometidos con los crímenes de lesa humanidad, entreguen la información que aún esconden para encubrir a los culpables.

Es este gobierno, encabezado por la hija de un general de la Fuerza Aérea de Chile, quien murió asesinado por oponerse al golpe de estado de 1973,  el llamado a  actuar y ordenar a las FF.AA., Carabineros e Investigaciones, que entreguen el listado completo de los Oficiales y suboficiales, del personal que estuvo a cargo o que formó parte de la dotación que permaneció en los campos  de detenciones a lo largo de todo Chile. Además que los militares saben también,  que políticos y empresarios participaron en detenciones o las ampararon, o que facilitaron medios e información para detener a gente inocente que luego fue fusilada o quedó como desaparecida.

Las detenciones y las torturas, los asesinatos y las desapariciones de personas se realizaron, la mayoría de ellas, en reparticiones del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra, de Carabineros e Investigaciones. Por tanto los  actuales mandos están en condiciones de entregar los nombres de todos quienes fueron responsables y formaron parte de Tejas Verdes, Villa Grimaldi, la Academia de Guerra Aérea, del Campo de detención de Chacabuco, del Buque Lebu, del Buque Maipo, de la Esmeralda, entre otros.

Así también fueron aviones de la Fuerza Aérea los que bombardearon la Moneda con el presidente de la República en su Interior, un acto que compromete a la institución con uno de los actos más violentos y cobardes de la historia contemporánea. Sin embargo uno de los pilotos que descargo su armamento en contra de la casa de gobierno y del presidente de la república, Fernando Rojas Vender, llegó a ser Comandante en Jefe de la FACH entre 1995 y 1999 [2] .

Mientras las FF.AA. no asuman la responsabilidad de abrir la puerta de los cuarteles a la verdad, que es la antecesora de la justicia, seguirán siendo miles los  casos de culpables y encubridores de crímenes de lesa humanidad que nunca serán juzgados y sancionados y que seguirán siendo  absueltos. En las Fuerzas Armadas  todos saben quienes hasta el día de hoy en el grado  de General, Coroneles, Oficiales Subalternos y Suboficiales, recibieron los honores y fueron condecorados por asesinar en cámaras de torturas o en fusilamientos extrajudiciales a personas inocentes y la mayoría de ellas indefensas y desarmadas. Son cientos de estos criminales, incluyendo los que están condenados por torturas y asesinatos, quienes mantienen el grado militar, el sueldo y las regalías del cargo o sus jubilaciones intactas y eso debe terminar.

Esto sucede porque en las FF.AA. aun no hay un rechazo explicito respecto de su participación en la practica del terrorismo de Estado, en sus mandos superiores no predomina una convicción democrática ni el repudio al terrorismo de Estado, tampoco hay una autocrítica del papel que jugaron de violentar el orden constitucional. Mientras las Fuerzas Armadas permanezcan encerradas en sí mismas y no tengan relación con una sociedad de la cual forman parte, los valores democráticos no encontraran el sustento que requieren en la defensa nacional y hechos tan crueles como el que vivió Carmen Gloria Quintana que fue quemada viva por oficiales del Ejército, mas allá del actual ruido periodístico y político, no será evaluado en la gravedad que significa para la institución y para el país.

Los valores democráticos aun no llegan a las fuerzas armadas, estas  requieren de cambios profundos en su doctrina y en los planes de formación de los Oficiales y Sub Oficiales, incluyendo explícitamente los tratados de derechos humanos y específicamente, lo referido a la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. En la formación de los militares debe quedar en claro que las violaciones graves de los derechos civiles y políticos, durante la dictadura cívico militar, deben ser perseguidos por todo el tiempo que se requiera y con toda la retroactividad necesaria, para lograr el enjuiciamiento de sus autores.

Los militares de distintas ramas de las FF.AA., quienes nos opusimos al golpe cívico militar de 1973, somos la prueba viviente de que es posible no cumplir órdenes ilegales o anticonstitucionales, ordenes que significaron atormentar, perseguir y asesinar a personas por el solo hecho de pensar distinto. Y el estado debe amparar estas decisiones individuales, eliminando la figura de la obediencia debida existente en el Código de Justicia Militar, la que permite que los mandos y los soldados deban obedecer escrupulosamente las órdenes emanadas de un superior jerárquico so pena de castigo.

No está demás reiterar que son los gobiernos democráticos los que deben asumir con fuerza la promoción y defensa de los derechos humanos y apoyarlos sin restricciones, en ningún caso abandonarles como ha sucedido a lo largo de estos años, con los familiares de detenidos ejecutados y desaparecidos y con los ex presos políticos que piden el derecho a una reparación justa por los daños sufridos.

Finalmente, los niños y jóvenes chilenos, las nuevas generaciones incluidos los futuros oficiales del Ejército, deben conocer el caso de Carmen Gloria Quintana porque simboliza a una mujer valiente, que no se doblegó ante la brutalidad de la tiranía. Ella representa a los jóvenes que en plena dictadura salieron a luchar y  a quienes hicieron uso del derecho a  la rebelión para lograr la libertad  de Chile.

Héroes que aún esperan sean reconocidos como tales, porque muchos de ellos murieron en la resistencia al terrorismo de estado, ofrendando sus vidas para que hoy podamos vivir en democracia.

[1] Una ley que fue diseñada para proteger, tal cual se lee textual, “a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978”

Los que bombardearon la moneda, Comandante Mario López Tobar, jefe del grupo 7 de la Fuerza Aérea de Chile,  Fernando Rojas Vender, Ernesto Amador González Yarra, el capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, La operación habría sido coordinada desde tierra por el comandante Enrique Fernández Cortez.