A fines de julio, la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile presenta sus conclusiones para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. En efecto, la Presidenta de la República en su discurso del 21 de mayo anunció la creación de este ministerio, no obstante no ser parte de su programa de gobierno.

El anuncio sorprendió a muchos, ya que no se avizoraba en la agenda política, siendo muy bien recibido por la comunidad científica y universitaria, pues se trata de un importante anhelo voceado en diversos foros y respaldado por el Consejo de Rectores.

La constitución de la Comisión, dirigida por Gonzalo Rivas, partió con un pie atrás al considerar entre sus muchos miembros sólo dos representantes de regiones. Grave asimetría, considerando que la mitad de la fuerza de investigación y desarrollo del  país se encuentra fuera de la región metropolitana. Centralismo a más no poder.

Los miembros de la Comisión se reunieron con actores locales en todo Chile. Hubo diálogo, pero no acuerdos. Claro, la potestad de decidir la tenía la Comisión, para eso era el mandato presidencial.

Ha trascendido que existirían dos propuestas de institucionalidad, una de la Comisión y otra alternativa generada desde CORFO. De su primera lectura nos parece que la Comisión Presidencial (la dirigida por Rivas) responde mejor a los requerimientos del país, claro que con ciertos matices.

Ambas propuestas diferencian la institucionalidad a niveles estratégicos, político y de ejecución,fijando en el nivel estratégico un órgano colegiado, una suerte de Consejo, que elaboraría estrategias nacionales y recomendaciones de mediano y largo plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Sin embargo, hay tres aspectosaún por aclarar: a) cuál sería la componente regional en ese consejo, b) cómo se vincularía este consejo con el nivel regional y c) qué grado de vinculación tendrían las decisiones del consejo en la acción política de los ministerios y gobiernos.

Teniendo respuesta a lo anterior, nos parece muy positiva la creación de este órgano, clave para la orientación y fijación de lineamientos en temas de CTI, los que escapan largamente un periodo presidencial. Consejos como este existen en la gran mayoría de países que han logrado importante niveles de desarrollo. Pero, creemos que es la oportunidad de dotarlo de importantes grados de participación regional, por ejemplo en su composición con al menos el 50% de sus miembros. Es fundamental además, que las regiones dispongan de “Consejo Regionales” que, en un enfoque desde “abajo”, retroalimenten las estrategias nacionales y viceversa. En la Región del Biobío este rol lo podría perfectamente jugar la Corporación de Desarrollo Regional.El efecto vinculante del Consejo debe estar dado por ley y la renovación de sus miembros debería hacerse por parcialidades en diferentes periodos presidenciales.

Probablemente la principal diferencia entre la propuesta “Rivas” y la de CORFO reside en la ubicación que tendría esta última agencia en la nueva institucionalidad.

La primera opción propone reunir en un solo ministerio de “Ciencia, Tecnología e Innovación” a CONICYT y a CORFO, además de incluir la Iniciativa Milenio que actualmente está en el Ministerio de Economía y los aspectos de financiamiento y la regulación de la formación a nivel de doctorados y post-doctorados, dejando fuera las actividades de intermediación financiara a empresas que seguiría en el Ministerio de Economía.

La propuesta de CORFO dejaría a CORFO en el Ministerio de Economía, fortaleciendo allí la función de Innovación, traspasando algunas de sus responsabilidades al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología y reuniendo a CONICYT, INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) y algunas acciones del Ministerio de Educación.

Nos parece del todo coherente la primera alternativa, la de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reúna a CONICYT y CORFO, y otros. Siendo la innovación el motor que transforma las ideas en valor, clave para el desarrollo humano de los países, su práctica se basa esencialmente en la ciencia y en el capital humano y social, donde la creatividad juega un rol decidor. Debemos entender la innovación como un proceso que lleva aimplementar soluciones sociales o tecnológicas; públicas o privadas. La innovación se aplica tanto a las empresas como a los problemas sociales o ambientales. En este proceso todas las ciencias son fundamentales, sean sociales, exactas o naturales.

La ciencia es parte de la innovación. La innovación es el proceso que conecta creación, investigación y requerimientos de la sociedad. No es un fin, es un camino.

De ahí que nos parezca coherente una integración de las políticas públicas entre creación de conocimiento, demandas públicas y privadas y la formación de capital humano, a modo de avanzar hacia una ciencia para el desarrollo, donde el foco esté en la creación de valor y en la solución de problemas complejos como los del hábitat, los ambientales, de la salud y en definitiva los del desarrollo humano. Esperaremos la decisión presidencial y la discusión que se avecina en el congreso, esperando que primen las miradas holísticas, de experiencias comparadas y de integración territorial.

Dr. Mario Ramos Maldonado

Director General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Bío-Bío