Desde hace meses Guatemala es sacudido por una crisis de corrupción. El escándalo se desató en abril de 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) involucró a varios altos personeros del país (entre ellos Otto Pérez Molina) en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de la nación centroamericana, que fue conocido como el Caso Líneas.

En mayo otro caso fue revelado: esta vez la CICIG y el Ministerio Público acusaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de haber cerrado un contrato con la mexicana Pisa para el tratamiento de diálisis periotoneal, en medio de sobornos. El problema es que la empresa no contaba con la infraestructura adecuada para los tratamientos, por lo que muchos pacientes sufrieron infecciones e incluso fallecieron por culpa del fallido procedimiento.

Días más tarde, el yerno del presidente y ex secretario de la presidencia fue involucrado en el Caso Redes, dónde el tráfico de influencias y el cohecho volvió a poner en el centro del huracán al gobierno del hoy renunciado Pérez Molina.

En agosto, la CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el Presidente y ex general retirado, por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Según indicaron ambas entidades, detrás del polémico Caso Líneas estaba el mismísimo presidente, sugiriendo incluso, que su participación antecedía a su elección como el máximo dirigente del país.

En paralelo, el descontento social fue creciendo. La máxima prueba de disgusto fue el gran paro nacional organizado cuando se escuchó la voz del Presidente durante la audiencia legal que incriminaban a él y a Roxana Baldetti con esta red de corrupción.

Las voces que pedían al Congreso levantar la inmunidad contra Otto Pérez Molina cada vez cobraban más fuerza. En la prensa nacional e internacional se leían titulares que demostraban el descontento de un país con su máximo representante: Miles se suman al paro nacional contra Pérez Molina; Se vuelva Guatemala en paro nacional y megamarcha; Comisión del Congreso recomienda levantar la inmunidad a presidente Pérez; eran parte de las ideas que se recolectaban en un convulsionado país.

Así, entre consejos y exigencias, el Congreso Nacional decidió acabar con la inmunidad que impedía que Pérez fuera arrestado por su directa participación en el Caso Líneas. Ese 01 de septiembre, el Presidente habría decidido renunciar luego que 132 diputados votaron a favor de la medida, ninguno en contra y 26 diputados no asistieran a la sesión: “Muchos guatemaltecos no podían estar más felices, grupos de personas se congregaron frente al edificio del poder legislativo para celebrar la noticia”, se leía en las crónicas de prensa.

Poco más de un día después, el portavoz de la Presidencia Jorge Ortega, envió una nota donde expresaba que la dimisión obedece a “mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso que se lleva en su contra. La carta de renuncia se encuentra ya en el Congreso de la República”.

“Con los principios y valores en los cuales me he formado, enfrentaré con la conciencia tranquila los procesos que correspondan. Hoy más que nunca, mi compromiso con el pueblo de Guatemala es someterme con toda entereza, mediante el debido proceso, al imperio de la ley y desvirtuar los señalamientos que hoy se me hacen”, dice la misiva dirigida al Presidente del Congreso.

Pérez Molina renunció  horas después de que el Ministerio Público solicitara su captura y el juez del caso La Línea, Miguel Ángel Gálvez, la aceptara y ordenara el arresto. Se espera que hoy a las 8 horas comparezca en el juzgado con su abogado César Calderón.

De ese modo, Guatemala enfrenta los comicios presidenciales programados para este domingo. En medio de la crisis de corrupción que afecta a todo el triángulo norte de Centroamérica, los guatemaltecos deberán validar en las urnas sus preferencias sobre el futuro. Los candidatos son catorce y de ellos saldrá el nombre del presidente y vicepresidente del país, que deberá asumir el próximo mes de enero. En tanto, deberán mantenerse bajo el gobierno interino de quien elijan como vicepresidente.