El Gobierno presentó ante el Senado indicaciones al proyecto que modifica las relaciones laborales.

Destacan entre ellas que mantiene la prohibición del reemplazo en huelga, pese a las diversas voces desde el mundo empresarial que pretendían revertir la situación al proponer el reemplazo interno.

Lo que sí se establece es que una vez iniciada la huelga, el empleador podrá hacer nuevas ofertas, las que deben ser votadas en secreto por los trabajadores y ante un ministro de fe.

Sobre los servicios mínimos, el gobierno ingresó un texto tendiente a que estos se resuelvan entre empleador y empleado. En caso de no existir acuerdo, sería la Dirección del Trabajo la que apoyaría la definición. Todo esto, siempre antes del proceso de negociación colectiva.

Además, se propone la creación de un Consejo Laboral Superior, instancia tripartita de diálogo social que buscará aunar posiciones.

Antes de conocer la propuesta del Ejecutivo, los trabajadores ya se mostraban reticentes a la modificación que se revisa en el Congreso.

A juicio de los gremios, lo aprobado por los diputados es el piso mínimo de una reforma laboral que no equipara las relaciones entre las partes.

Nury Benítez, vicepresidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) mostró preocupación por la posibilidad que se disminuya la fortaleza de los ya debilitados sindicatos. Opiniones entregadas pese a que la Reforma no incluye a los trabajadores del sector público.

El vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz llamó los parlamentarios de la Nueva Mayoría a que se mantenga la titularidad sindical, instancia que ya ha sido protegida por el propio Gobierno.

Asimismo, aseguró que retroceder de lo aprobado en la Cámara Baja sería una traición y una derrota política del oficialismo y el gobierno.

“La Nueva Mayoría no puede conquistar el Gobierno en la próxima vuelta si no es con el respaldo de los trabajadores” de esa forma condicionó el apoyo del sector a que no se retroceda en el piso mínimo.

La única modificación que la CUT permitiría sería que se avance en la negociación ramal. Sin embargo, esta discusión no está en los planes del Gobierno.

Hay sectores más radicales como el que lidera Leandro Torchio, dirigente de la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) y del Comité Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS). Para ellos, la Reforma debe rechazarse por completo.

“Consideramos que lo que Chile necesita es el cambio del Código Laboral, no reformas que además vienen con letra chica que son más negativas que los aspectos que podrían considerarse positivos, como por ejemplo la flexibilidad laboral que está en esta idea de adaptabilidad. Desde un inicio que estamos rechazando la reforma y estamos llamando a los trabajadores a organizarse y a conquistar sus derechos de hecho, en la lucha y en los conflictos laborales”.

El CIUS y otras organizaciones están convocando a un gran movimiento social en la calle, para lo cual han iniciado conversaciones con agrupaciones estudiantiles y de pobladores.