Como consecuencia de la astuta movida que hizo Burgos para que su protegido Enrique Rajevic pudiera ser nombrado Contralor General de la República, el pasado miércoles 14 de octubre el Senado de la República sometió a votación este nombre, incluso sacando de la cama por un pos operatorio al senador PS Rossi, sin que se obtuvieran los 22 votos que se necesitaban para que el ministro del Interior saliera airoso en su particular antojo.

Con este magro resultado, 12 en contra, 3 abstenciones y 21 a favor, deben estar muy conformes los funcionarios de la Contraloría que están adscritos a su respectiva Asociación, la que hizo notar públicamente su oposición al erróneo procedimiento empleado por el gobierno para elegir al futuro titular de ese órgano fiscalizador. Ellos querían que se respetara la carrera funcionaria, criterio republicano que naturalmente compartimos, entre otros motivos, porque quien controla a todos los servicios del poder ejecutivo no puede ser afín al mismo. Para asegurar la probidad en los gobiernos debe existir una Contraloría absolutamente autónoma e independiente, tal como lo establece su propia Ley Orgánica Constitucional.

El gobierno después de que, a través de diversos emisarios de alta jerarquía, convenció a algunos senadores de la llamada Nueva Mayoría quienes habían mostrado reparos a ese nombramiento, esperaba que al menos uno de los 3 senadores que se abstuvieron, Larraín, Horvath, Moreira, fueran a complacerlo para tranquilidad de La Moneda. Lamentablemente en la votación, para crear un buen ambiente, se utilizó la fórmula politiquera de tratar a Rajevic como “puentealtino”, por la comuna periférica de Puente Alto, en razón a que nació allí. Recordemos que ese mismo método caza bobos emplearon las agencias de publicidad con el ex candidato presidencial “maipucino” Laurence Golborne, pues éste era originario de la emergente comuna de Maipú.

Rajevic, siendo un profesional de excelencia, tenía ideas muy “modernas” que estaban en abierta contradicción con los roles que ejerce la Contraloría. Públicamente había dicho que quería terminar con la toma de razón de las resoluciones de los gobiernos, la que existe para asegurar la legalidad de las mismos y lo que es más grave, también deseaba descartar la fiscalización de los actos administrativos porque la consideraba como una traba burocrática, a pesar de que en las Direcciones de Obras Municipales es en donde más se cometen ilegalidades, lo que él tenía la obligación de saber dada su especialidad en temas de Vivienda y Urbanismo.

Cuando el candidato Rajevic expuso en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, curiosamente ninguno de sus excelsos miembros le consultó sobre esas particulares opiniones, con lo cual uno puede presumir que las desconocían o bien que, compartiéndolas, prefirieron no llevarlas al debate público. Es posible que ellos no habían leído su ensayo “Contraloría y función de control: una necesaria revisión”, documento que por estar publicado en el ciberespacio, es de fácil y rápido acceso.

El ministro Burgos aseguró por la prensa que él asumía su responsabilidad por el eventual fracaso de este nombramiento y como Chile es un país serio, donde sus instituciones siempre funcionan, según dicen algunos, ahora esperamos que el ministro del Interior, caracterizado por su serenidad y probidad y además por ser a todas luces un hombre de palabra, la cumplirá cabalmente. En este escenario la presidenta Bachelet, lo podrá nombrar en cualquier alto cargo de la Administración del Estado porque es uno de los pocos políticos que no ha incursionado en malas prácticas ni ha caído en actos de corrupción.

Recordemos que Burgos fue el único servidor público que siempre rechazó los sobres con billetes que se entregaban en el gobierno de Lagos, estipendios truchos por los cuales sus alegres receptores no tenían la obligación de declararlos como ingresos en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Por último, nos gustaría que La Moneda elija ahora a un alto funcionario(a) de la Contraloría para que sea titular de la misma, ello a sabiendas que nuestra opinión no vale absolutamente nada en los elegantes aposentos del Palacio Presidencial. Pero si el gobierno insiste en nombrar a un “afuerino”, en el país hay muchos abogados de primer nivel que estarían dispuestos a ejercer dicho importante cargo, pero para ello el nombre debe ser previamente consensuado para no sufrir un nuevo bochorno.