Un alto porcentaje de los lectores de este tradicional diario de circulación nacional, sobre todo los de la tercera edad y aquellos que todavía creen en el Viejito Pascuero, están convencidos que las noticias que publica son verídicas y objetivas. Aquellos personajes que allí toman las decisiones editoriales y cómo se deben encarar los reportajes, saben muy bien que la pauta diaria informativa en Chile se origina en ese medio periodístico que se caracteriza por su notorio ideologismo.

En términos de políticas económicas, no promueve el correcto funcionamiento de los mercados, sino es un acérrimo protector de los más poderosos actores de esos mercados y por las prácticas desinformativas y abusivas que emplea, sostenemos sin temor a equivocarnos que a través del tiempo es un paradigma en aprovechamiento de posición dominante, dejando en claro, eso sí, que nadie está obligado a leerlo.

Tal matutino recurrentemente envía mensajes a los gobernantes de turno para que las políticas públicas sean coherentes con su propio interés y con el de los grandes empresarios, y en no pocas ocasiones amaña las crónicas para quedar bien parado ante los ojos de sus avisadores, siempre actores de los distintos mercados. En síntesis, sin que mayormente se note, sus editores y reporteros sibilinamente distorsionan los hechos para cumplir con el mandato verbal de su antiguo propietario, heredero de una familia acostumbrada a mandar desde las sombras.

Como no se trata de criticar infundadamente, a pesar de que la gente educada sabe que nuestro reproche se justifica, a continuación damos a conocer de manera sintética una notoria prueba de nuestra acusación.

Pues bien, en la edición del domingo 18 de octubre pasado, a página casi completa, ese diario publicó una crónica titulada “Error en Plan Regulador pone en jaque proyecto de US$ 20 millones en Providencia”, referido a un proyecto comercial de una filial del Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta.

En razón a que la crónica era sesgada y como no había ningún “error en el Plan Regulador”, le enviamos el mismo día de la publicación un correo electrónico al editor, expresándole que el único error en la divulgación de la noticia se observaba en el título de la misma, ofreciéndole nuestros buenos oficios para clarificar la situación. No hubo respuesta.

Dicho lo anterior, sólo los pocos lectores que conocen bien las normas urbanísticas y que están al tanto del desarrollo de esta iniciativa comercial, no le dieron crédito a ese mendaz título porque el permiso de edificación cursado maliciosamente, con el afán de beneficiar al solicitante, vulneró la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), respecto de los tipos de calles que deben enfrentar los proyectos que tienen ciertas cargas de ocupación, materia que ha sido resuelta por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, superior técnico del Director de Obras que otorgó el permiso viciado.

No hay ningún error en el Plan Regulador de esa comuna, es más, la OGUC es el instrumento reglamentario de la Ley, que tiene mayor rango que el instrumento local, con lo cual desmentimos a El Mercurio, y es lamentable que la mayoría de los lectores tiene que haber concluido que por culpa de las fatídicas instituciones del Estado se está afectando un legítimo negocio de un actor del sacrosanto mercado inmobiliario que, actuando de buena fe, como les gusta decir a ellos, creyó que era verídico el certificado de informaciones previas que le entregaron en esa municipalidad para levantar su lucrativo proyecto.

Los astutos funcionarios municipales no se equivocaron, entre otros motivos, porque ellos manejan al dedillo todo el marco regulatorio y los arquitectos privados con sus consultores expertos sabían de antemano que en el terreno comprado por el inversionista solo se podía emplazar un edificio comercial para 250 personas y no para 2.000 como ellos anhelaban. Quisieron avivarse, pero la comunidad fue más fuerte y por ello ahora el proyecto se deberá reducir ostensiblemente, tal como lo aseveró en un oficio público el Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Actualmente, y gracias a las nuevas tecnologías, hay una abundante oferta de medios de prensa digitales, quienes en su gran mayoría, sí “cuentan la firme”, con lo cual la ciudadanía está correctamente informada al instante de todo lo que sucede.

Ya que estamos hablando de materias de Vivienda y Urbanismo, nos complació conocer recientemente el dictamen Nº 18638 del 19/10/15 emitido por la sede regional de Valparaíso de la Contraloría General de la República, mediante el cual no acogió las solicitudes de reconsideración de la Municipalidad de Valparaíso y de la Inmobiliaria del Puerto SpA del inversionista Nicolás Ibáñez, ex dueño de la cadena de supermercados D&S, conocida comercialmente como Líder, vendida al gigante mundial Walmart. Digamos que Ibáñez es un ferviente admirador de Pinochet y, era qué no, seguidor de Los Legionarios de Cristo.

En dos dictámenes anteriores firmados por Ramiro Mendoza, el ente fiscalizador ya había resuelto la materia en favor de los vecinos que deseaban proteger el valor patrimonial del sector conocido como Barrio O´Higgins, el cual sería declarado Zona de Conservación Histórica, pero el municipio, cuidándole los intereses al desarrollador inmobiliario, había desobedecido ambas resoluciones a pesar de que tienen fuerza obligatoria para los servicios del Estado.

Esa inmobiliaria, a través de prácticas administrativas non sanctas, deseaba construir 26 edificios en altura en ese barrio de Valparaíso, contando para ello con el beneplácito de la Dirección de Obras Municipales y del propio alcalde. Los arquitectos de la empresa, en conocimiento de los cambios urbanísticos que venían, habían ingresado una solicitud de anteproyecto un día después de que el municipio había resuelto congelar la tramitación de permisos y anteproyectos en el sector en donde se querían construir los edificios. Por el apuro, mientras estaba vigente la suspensión, los profesionales de la inmobiliaria tuvieron que reemplazar en el anteproyecto cierta documentación con la complacencia de los funcionarios municipales, con lo cual cambió el anteproyecto original y por ende no tuvo validez la movida hecha para saltarse el congelamiento dispuesto por el municipio.

Con este tercer dictamen quedó sellada la controversia y ahora la inmobiliaria, si insiste en su negocio, tendrá que recurrir ante los tribunales de justicia expresando que actuó de buena fe (sic), ingeniosa fórmula generalmente empleada por quienes consideran que sus intereses están sobre el interés público, solicitándole a los magistrados que su cuantiosa inversión es necesaria para el país, sobre todo en estos tiempos de desaceleración económica. En todo caso, no hay que perder de vista que, según la jurisprudencia, los anteproyectos son simples expectativas que no generan derechos firmes a sus poseedores.

En el evento de que el caso llegue a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, serán los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quienes litigarán por cuenta de la Contraloría y ahí veremos si la ley se cumple cabalmente o “en la medida de lo posible”.