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Año XIV, 7 de julio de 2022

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Ley Ricarte Soto: Organizaciones piden incorporar tratamientos internacionales

En el marco de la entrada en vigencia de la Ley Ricarte Soto, organizaciones de salud llaman al Estado a incorporar tratamientos internacionales probados en estudios clínicos que ayudarían a las personas que sufren distintos tipos de enfermedades.

Tania González

  Sábado 7 de noviembre 2015 9:52 hrs. 
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Conocido es el caso del ex futbolista Roberto “Cóndor” Rojas, quien hace cuatro años fue diagnosticado con Hepatitis C, se sometió a un trasplante de hígado en Brasil y actualmente se trata la enfermedad con un medicamento del exterior llamado Daklinza, al que no se puede acceder en Chile.

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP), Carlos Soto, quien conoció de cerca el caso del ex portero de Colo Colo, comenta que en el país hay cerca de 500 personas que padecen esta enfermedad, pero no tienen el tratamiento que requieren por dificultades económicas: “El caso de Roberto Rojas fue bastante especial, un privado se conmovió con su noticia cuando él estaba en Brasil y necesitaba un tratamiento, entonces se hicieron las gestiones a través de otros países, ya que en Chile el costo del medicamento es de 50 millones de pesos y además no está considerado en el Plan Auge. De ese modo, quien contraiga la Hepatitis C y no tenga un respaldo económico, se verá envuelto en un problema de vida o muerte”, dice.

Del mismo modo, existen otros tratamientos como la inmunoterapia, que demuestran su efectividad para controlar distintas enfermedades y extender la vida de los pacientes.

En la misma línea, el director de la Fundación Cáncer Vida, Francisco Vidangossy, señala que en el mundo desarrollado -donde se investiga y crean nuevos productos- existen protocolos de tratamientos para el cáncer (de melanoma, de pulmón, de hepatocarcinoma) que han dado buenos resultados.

“Una vez aprobados, se desarrollan estudios clínicos en cerca de 120 países al mismo tiempo, incluyendo a Chile, para demostrar estadísticamente que tienen efectos benéficos para el paciente, más que tóxicos. En este proceso, el paciente que accede al estudio clínico no paga por el diagnóstico, ni los exámenes, ni consultas con el médico, tampoco el tratamiento”, explica.

Vidangossy lamenta que, según el escrito de la Ley Ricarte Soto, este tipo de estudios va a desaparecer, puesto que se ha aumentado el compromiso que adquiere el investigador con el paciente. En consecuencia, el representante de Fundación Cáncer Vida llama al Estado a ser inclusivo con lo que hoy es el desarrollo en el mundo sobre las patologías oncológicas.

Por su parte, el presidente de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, planteó que el Estado tiene cierto grado de lentitud a la hora de incorporar nuevos tipos de procedimientos. De hecho, la lista Auge debe ser revisada cada cierto tiempo, tanto sus guías clínicas como sus protocolos.

Para el especialista, se debe “contar con un sistema de evaluación de tecnología sanitaria que permita hacer estudios en cuanto a efectividad e incluir con mayor agilidad tratamientos que no sean de costos excesivamente altos. Esto, porque a veces ocurre que hay tratamientos que pueden tener cierto grado de efectividad pero por su costo, hacen que el Estado no tenga la capacidad de poder proveerlos”.

En definitiva, Goyenechea apuesta por una institucionalidad que colabore con la incorporación de tratamientos a las coberturas del Estado, por Fonasa o Ley Ricarte Soto.

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