La próxima presidencia de Mauricio Macri en Argentina deberá enfrentar una compleja transición político-económica, tanto porque no cuenta con las mayorías requeridas en el Congreso para aprobar las decisiones que requiere la reactivación del crecimiento prometida, como porque, para hacerlo y reintegrar a Argentina a la estructura financiera e inversora internacional, el mandatario electo deberá transformar radicalmente el modelo de gestión cambiaria vigente, así como la política monetaria y de gasto fiscal.
En efecto, de acuerdo a un reciente informe el banco de inversiones JP Morgan, la anunciada liberalización del tipo de cambio peso-dólar, una vez que Macri asuma, tendría un fuerte impacto inicial, en la medida que la brecha entre el cambio oficial y el del mercado paralelo ha aumentado hasta 50%, como bien lo saben los viajeros chilenos hacia ese país. Esta diferencia, una vez liberalizada la compra y venta de dólares –lo que seguramente deberá hacerse gradualmente- se expresará en una dura reducción de la capacidad de compra de los argentinos, sostenida hasta ahora mediante la emisión de billetes, pero transformada en una inflación cuya verdadera cifra es aún un misterio para los analistas.
Pero esta decisión es condición sine qua non para que Buenos Aires recupere su acceso a los mercados globales y pueda así reemplazar el actual financiamiento inflacionario del déficit fiscal, dando el puntapié inicial para que los inversionistas nacionales y extranjeros impulsen el prometido crecimiento. No obstante, una devaluación como la que se espera, al reducir la capacidad de compra de los consumidores, generará un momento de recesión, el que, dadas las condiciones políticas y sociales y el virtual empate técnico electoral, se avizora altamente complejo.
A mayor abundamiento, a pocos días del cambio de Gobierno, el Ejecutivo encabezado por Cristina Fernández, decretó una multimillonaria ampliación del presupuesto fiscal para 2015, autorizando la emisión de deuda por un total de casi 1.150 millones de dólares, que beneficiarán a la Jefatura de Gabinete, Defensa, Planificación y Salud. Como desafío adicional, esta deuda se emitirá un día antes del relevo presidencial y se deberá pagar el 8 de marzo de 2016, con Mauricio Macri ya como jefe de Estado.
Se observa así una capacidad de la administración entrante muy limitada para reconstruir rápidamente las reservas trasandinas, mientras se van quitando los controles de capital, lo que sugiere el riesgo de una creciente alza del dólar, debido a que, además, se estima poco probable que en el corto plazo aparezca financiación externa de instituciones multilaterales que pudieran estar interesadas en sostener el gobierno liberal de Macri, dada la cruda situación de deuda en las diversas naciones emergentes y la baja actividad económica mundial.
Junto a la devaluación cambiaria, el Banco Central argentino deberá ir ajustando la actual masa de dinero circulante en exceso, de manera de ir conteniendo las expectativas de inflación interna, la que, junta a la importada -debido al mayor valor del dólar- implica presiones a alzas de los precios y la inflación hacia niveles superiores al 30%. Este ajuste agregado significará una ralentización agregada, debido a una previsible mayor contracción de actividad de las empresas, alza en el desempleo y menor consumo.
En este marco de condiciones, el principal problema del nuevo gobierno será, entonces, la real capacidad del mandatario para ejecutar las reformas económicas sin que su capital político, marginalmente superior al del actual equipo de Gobierno, se diluya rápidamente, perdiendo así el manejo de la gobernabilidad y corriendo, en consecuencia, el riesgo de terminar como varios de los anteriores gobiernos no peronistas de Argentina.
