Con cuatro situaciones, el Rector de la Universidad de Chile ironizó sobre la ley corta diseñada por el Gobierno para entregar gratuidad en 2016. El doctor Ennio Vivaldi criticó el sistema en el que tres universidades del Estado se verían perjudicadas, mientras que otras de carácter privado, contarían con la posibilidad de sumarse al beneficio para este próximo año.

El presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) insistió en que “son todos o ninguno”, dejando en claro que no aceptarán el perjuicio en contra de la UTEM, Universidad Arturo Prat y Universidad de Los Lagos, las tres instituciones que quedarían fuera del sistema por no contar con los cuatro años de acreditación propuestos desde el Gobierno.

“Nosotros categóricamente como universidades estatales es o todos o ninguno, definitivamente. O entramos nosotros por el mismo mecanismo sea cual sea ese mecanismo, no vamos a aceptar que queden tres universidades denostadas o humilladas, con que entraron por esta ventana por que no alcanzaron por la puerta”.

El Rector profundizó en la idea, asegurando que “hay claridad absoluta de lo que no vamos a hacer nunca los estatales es aceptar algo en lo cual digamos que hay tales que entran por la puerta ancha y otros por la ventana”.

Ennio Vivaldi también hizo un llamado a los estudiantes: “Las tres son universidades impecables y llamamos a todos los jóvenes a que no piensen que esas universidades son de peor calidad que el resto”.

Una de las preguntas que el Rector contestó en la conferencia de prensa, fue la decisión que tomarán como Cuech en el caso que se decida excluir a las tres universidades de la gratuidad, reconociendo que no rechazarán el beneficio sin antes conversar, buscar una solución y encontrar el mecanismo adecuado. Ennio Vivaldi puntualizó que lo que no permitirán es que existan mecanismos diferenciados en función de acreditación u otros criterios.

Además, insistió en la impresentable situación que podría darse, si el gobierno entrega gratuidad a universidades privadas y no a todas las del estado.

Por otro lado, el rector Vivaldi manifestó su conformidad con las palabras del nuevo contralor, Jorge Bermudez, quien fue enfático en señalar que todo dinero que provenga del Estado y se destine a instituciones de educación superior privada será fiscalizado, al igual que los fondos entregados a universidades estatales.

Gustavo Soto, rector de la Universidad Arturo Prat, una de las tres universidades que quedaría fuera de la gratuidad 2016 por estar acreditada solo por tres años, manifestó su indignación ante la posibilidad de que la casa de estudios sea excluida del proceso, haciendo particular énfasis en el vínculo con la comunidad nortina que tiene la universidad.

“Cómo es posible que a una universidad ubicada en una zona extrema, de la región de Tarapacá, con cincuenta años formando profesionales, después de haber hecho el esfuerzo financiero de homologar los aranceles reales con los referenciales le digan no, ustedes no son viables para una gratuidad”.

Estudiantes llaman a movilización

“Nos parece sumamente importante que todas las universidades estatales suscriban a la gratuidad”, dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Rojas.

Así, los estudiantes se mostraron en línea con lo dicho por los rectores  y anunciaron una movilización nacional para este 22 de diciembre. La exigencia será lograr aportes basales, fortalecimiento de la educación pública y la expulsión del mercado en la educación. También, que el Gobierno reflexione en torno al proyecto de gratuidad. Incluso, los rectores se han mostrados partidarios de la manifestación -explicaron los estudiantes- asegurando que las autoridades definirán si se suman a la protesta.

Camila Rojas calificó de “locura” el que con la Ley Corta se le quiera dar gratuidad a universidades que lucran y cobran elevados aranceles. Por eso, sostienen que es fundamental poder sumarse a la marcha de la próxima semana.

En tanto, la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, respaldó a la ministra Delpiano y señaló que no se dará a conocer el procedimiento escogido para iniciar la gratuidad hasta que el tribunal constitucional dé a conocer los pormenores de su resolución.

Además, la diputada señaló que resultaría incomprensible que el Estado no pudiera financiar directamente a sus propias instituciones: “No hay ningún país del mundo, donde el Tribunal Constitucional le diga al Estado que no puede financiar gratuitamente a las instituciones que son públicas independientemente de si están acreditadas o no, es obligación del Estado acreditar sus instituciones y que mejoren, pero no por eso excluir de la gratuidad como derecho, en un sistema que es público, independiente incluso de los quintiles de ingreso a que pertenezcan los jóvenes”.