Los tribunales superiores de justicia deben impedir que mediante el mecanismo de los “juicios abreviados” se puedan eludir las penas que le corresponden a quienes infringen gravemente la Ley. El ex senador de la UDI Jovino Novoa se ha convertido en un caso emblemático al respecto por la posibilidad que le ofreciera el fiscal nacional Sabás Chahuán de confesarse culpable de los múltiples delitos que se le imputaban a cambio de obtener una pena remitida. Esto es, salvar del presidio efectivo que se merecía por sus graves y reiterados delitos. De esta forma es que hace muy bien la agrupación Ciudadano Inteligente de recurrir a la Corte de Apelaciones para echar abajo un arreglo judicial que ha repugnado a la población y tanto ha acrecentado el descrédito de nuestras instituciones públicas. A todas luces resultó imprudente que, a horas de abandonar su cargo, el Fiscal Nacional se empeñara en dejar cerrado el caso que afectaba al ex parlamentario, en vez de delegarlo a su sucesor.
En el peor año vivido por Chile en materia de delitos tributarios, colusiones y abusos empresariales, así como como por aquella sucesión de denuncias de cohecho y soborno en la política, se hace preciso que nuestros jueces acometan acciones claras destinadas a castigar estas reiteradas transgresiones. De la misma forma en que el Ejecutivo y el Parlamento debieran empeñarse en legislar para tipificar estos estos despropósitos y señalarles sanciones más estrictas.
Los escándalos que se suceden a diario tienen base en una legislación demasiado laxa en relación a los delitos de “cuello y corbata”. En normas que, en realidad, alientan a cometer los abusos contra los consumidores porque solo castigan con multas muy discretas las millonarias estafas perpetradas contra la población y el erario nacional. Por ello es que aparece inaudito que un gobierno como el de Ricardo Lagos Escobar haya suprimido la pena de cárcel efectiva para los grandes defraudadores, sabiendo que durante la Dictadura ya se habían dictado leyes intencionadamente blandas para los evasores tributarios, para quienes vulneraran sistemáticamente los derechos laborales, cuanto para quienes se coludieron largo tiempo para convenir precios y burlar los principios del mercado como de la libre competencia que tan celosamente defendían.
Hay que reconocer que el “juicio abreviado” es un recurso sugerido por los abogados defensores precisamente a los delincuentes más ricos y poderosos, y que lo que más temen es a pagar sus delitos con reclusión carcelaria. Para nada es un mecanismo procesal que se le ofrezca a los transgresores comunes, a los pobres e indigentes que, por cierto, carecen de medios para contratar abogados defensores, así como de los recursos económicos para indemnizar a sus víctimas.
Esta flagrante desigualdad ante la Ley, entonces, es algo que los jueces decentes deben advertir a fin de que el juicio abreviado no siga practicándose como una triquiñuela que, en realidad, favorece la impunidad y atenta contra el debido proceso.
Toda la confianza social que había despertado la resuelta actitud de algunos fiscales se ha desmoronado por el epílogo de uno de los casos más bullados. Esto es, mediante el juicio abreviado al ex senador de la UDI que, además de salvarlo de la cárcel, le permitiera sortear otras graves acusaciones; es decir, delitos que simplemente fueron desestimados por el Ministerio Público a fin de hacerle propicio este recurso. A partir de esto es que ya se les ha aplicado este subterfugio legal a los tenebrosos ejecutores de la estafa de La Polar, así como ya se propone para salvar, también, a los dueños y gerentes de la Papelera que por 10 años inflaron sus precios en desmedro de los millones de chilenos obligados a consumir sus productos. Hasta los propios políticos receptores de aquellos espurios recursos de Soquimich apuestan a que, de culminar luego estos procesos con juicios abreviados, podrían estar a tiempo de recuperar imagen en las encuestas y volver a quedar bien posicionados para las elecciones presidenciales y parlamentarias próximas. Confiando, como siempre, en que el tiempo nuble la conciencia ciudadana sus aberrantes acciones.
A todas luces, los magistrados de la República harían muy bien en reabrir los juicios interrumpidos por estos “arreglos” abreviados, de manera que se imponga la justicia por sobre estos consabidos resquicios legales. A objeto de que la empresa, la política y otras actividades se sacudan de tantos vicios que exacerban el descontento social y afectan nuestra alicaída imagen internacional. En este sentido, hasta es preferible que estos procesos que tanto escandalizan al país se prolonguen a que se les dé un carpetazo judicial como el que acometió el ultimo Fiscal Nacional. Confiado, seguramente, en las recompensas de la política y de los más poderosos empresarios.
