La Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) llamó a investigar a Nestlé y Soprole. Esto ya que según un informe económico del gremio, entre 2006 y 2014, no hubo competencia entre las empresas.

La Federación ya había presentado una demanda ante el Tribunal de  Defensa de la Libre Competencia durante agosto de 2014, sin embargo, la solicitud quedó archivada.

Horacio Carrasco, presidente de Fedeleche señaló que las “empresas tienen que cambiar su política de abuso hacia el productor inicial”.

“Hace poco Soprole dio a conocer que sus utilidades crecieron sobre un 71 por ciento. Eso es inaceptable, dado que los productores hoy hemos tenido pérdidas. Algo está funcionando mal y los estamos encarando en el Tribunal de la Libre Competencia, porque tiene que terminar este abuso al productor”, recalcó.

Según el informe de Fedeleche, a raíz del comportamiento de las empresas, los pequeños y medianos productores, durante 2014,  tuvieron una pérdida de 740 millones de dólares.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, el diputado del Partido Radical José Pérez advirtió que es necesario investigar a las empresas, para descartar una posible colusión.

“La verdad de las cosas es que estamos viendo cómo van cerrándose las lecherías, cómo van terminando con este rubro. Es insostenible mantener una producción lechera si se está comprando el litro de leche a $270 más o menos, y vemos cómo en el mercado llega a $600 o a $700 después de que ha sido descremado”, dijo.

De acuerdo a ello, el parlamentario sostuvo que las zonas más afectadas son la IX y X región. “Esto no se ha podido solucionar. Al final, el productor chico no puede asumir el endeudamiento de enfrentarse a estas grandes empresas”, añadió el parlamentario.

“Ha habido una frialdad tremenda de las empresas para enfrentar este tema. Entonces, si nos ponemos a pensar, el rubro chileno de la producción de leche, podría llegar a extinguirse”, comentó.

Este martes el tema será llevado a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. En la ocasión, los parlamentarios pretenden adoptar una postura respecto de cómo avanzar en la investigación.

Comisión de Economía del Senado aprueba proyecto anti colusión

La Comisión de Economía del Senado, despachó el proyecto de ley que establece entre cinco y diez años de cárcel para los ejecutivos que hagan parte a sus empresas de ejercicios atentatorios en contra de la libre competencia, quedando el proyecto en condiciones de ser visto por la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.

Durante la sesión se decidió reordenar las indicaciones para aglutinarlas temáticamente, dejando  para el final las relativas a las sanciones penales asociadas al nuevo delito de colusión.

En lo que se refiere a las multas, el senador UDI Iván Moreira se refirió al retiro de la indicación 25, considerando la necesidad de libertad de acción por parte del Fiscal Nacional Económico: “Vamos a retirar esta indicación, ya que consideramos razonable que el Fiscal Nacional Económico pueda contar con cierta flexibilidad a la hora de aplicar multas y así hacer la distinción entre las infracciones contempladas en la letra A del artículo tercero con las demás y será una distinción que tendrá que hacer el Fiscal Nacional Económico”.

Además, el senador PPD Eugenio Tuma señaló las consideraciones que debe tener el Tribunal de la Libre Competencia para impedir que sus resoluciones afecten a su vez el bien que se quiere resguardar, es decir, el libre mercado.

“En la norma que se quiere modificar se establece que en el caso de las conductas previstas en la letra A del artículo tercero podrá imponer. Ahí está facultando al Tribunal para hacer las consideraciones que estime de rigor para efecto de no afectar el mercado. O sea no es necesario advertirle al Tribunal su rol de que cuando aplique una sanción, esa sanción sea coherente con no afectar la libre competencia”.

Por su parte, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, indicó que es un “proyecto equilibrado, que busca con sanciones económicas altas y la cárcel efectiva, inhibir conductas delictuales que perjudican a los ciudadanos”.

“Se establecen dos cosas: una es un alza importantísima en sanciones económicas y segundo estamos estableciendo también las penas de cárcel efectiva para quienes cometen estos delitos, lo que es un factor inhibitorio de este tipo de conductas muy potente”, señaló Pizarro.

Además, en lo que se refiere a las penas de cárcel, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázaval, indicó que no es prudente que existan dos procesos al mismo tiempo, atendiendo a la distinta naturaleza de la persecución penal de la económica podría generar inconvenientes debido a la colisión de derechos, como es el caso de la prerrogativa a guardar silencio.

“Parece haber buenos argumentos, si uno quiere hacerlo más ordenado, para esperar que un tribunal resuelva y condene a un cartel para que ahí surja la posibilidad de que se investigue penalmente”.

Atendiendo lo anterior, se determinó que el Ministerio Público solo podrá involucrarse en la persecución penal una vez que el Tribunal de la Libre Competencia haya fallado definitivamente.

Además trascendió que los senadores solicitarán a la Cámara de Diputados, que sesione la próxima semana de manera de lograr despachar antes del cierre del año legislativo algunos de los proyectos emblemáticos del programa de la presidenta Michelle Bachelet