El fiscal a cargo de la investigación por el caso Caval, Luis Toledo, descartó la formalización de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet.
En entrevista de prensa, indicó que con los resultados del proceso investigativo no se puede llegar a esa conclusión: “en esta causa y en otras, en contra de algunas personas, y de pocas personas la verdad, uno adopta medidas inclusivas más severas. En concreto, registrar la casa de una persona, registrar sus correos electrónicos, privados o institucionales, sus teléfonos, sus cuentas corrientes bancarias, y si con todos esos antecedentes yo no he solicitado a audiencia de formalización, es porque de esos antecedentes, respecto del señor Dávalos, no hay ningún antecedente que me permita solicitar la audiencia de formalización en contra de él”.
Las declaraciones entregadas a menos de dos días de la jornada de formalización, se suman a otros hechos que marcaron la pauta del caso que vincula a la familia presidencial con el escándalo de los terrenos de Machalí.
El viernes ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, el fiscal Luis Toledo formalizará a trece personas y una empresa por presuntos sobornos, cohecho, ventajas indebidas de la Ley de Quiebras y delitos tributarios, en el marco de una investigación que lleva casi un año.
El abogado querellante, Mario Zumelzu, anticipó que solicitarán medidas cautelares, como la prisión preventiva contra los querellados por Servicio de Impuestos Internos, lo que involucraría a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
En cuanto a las penalidades, el abogado señaló que Compagnon arriesgaría 15 años con la aplicación del artículo 351 del Código Penal, puesto que se argumentará que “es un peligro para la seguridad de la sociedad”.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella presentada en octubre contra Mauricio Valero (socio de Natalia Compagnon) y Herman Chadwick, persona que administró la quiebra de Patricio Wiesner y vendió los predios a Caval.
A este último se le sumaron las querellas de estafa y apropiación indebida además de soborno. El dueño de los terrenos en Machalí se querelló por los mismos delitos.
El síndico de quiebras presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite para detener la imputación en su contra, la que será revisada este miércoles en la sala.
Asimismo, Mauricio Valero al verse envuelto en una querella por delitos tributarios, ingresó un recurso de apelación para solicitar la incompetencia del Cuarto Juzgado de Garantía de Rancagua en la arista tributaria del caso Caval.
En el escrito se plantea que el Tribunal competente para conocer de la querella deducida por el Servicio de Impuestos Internos es el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ya que los hechos ocurrieron en la comuna de Las Condes de la capital y la mayoría de los contribuyentes querellados tienen su domicilio ahí.
“Los hechos querellados por el Servicio son del todo inconexos con los de la Región de O´Higgins, de manera tal que jamás en la especie el Juzgado de Garantía de Rancagua ni la Fiscalía de dicho lugar ha dado inicio a la investigación de los hechos querellados”, agrega el recurso.
Cabe señalar que a Valero se le culpa por la incorporación de facturas falsas emitidas por “servicios que nunca fueron prestados” a Caval y que habrían ocasionado un perjuicio fiscal por sobre los 100 millones de pesos.
El fiscal a cargo de la investigación por el caso Caval, Luis Toledo, descartó la formalización de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet.
En entrevista de prensa, indicó que con los resultados del proceso investigativo no se puede llegar a esa conclusión: “en esta causa y en otras, en contra de algunas personas, y de pocas personas la verdad, uno adopta medidas inclusivas más severas. En concreto, registrar la casa de una persona, registrar sus correos electrónicos, privados o institucionales, sus teléfonos, sus cuentas corrientes bancarias, y si con todos esos antecedentes yo no he solicitado a audiencia de formalización, es porque de esos antecedentes, respecto del señor Dávalos, no hay ningún antecedente que me permita solicitar la audiencia de formalización en contra de él”.
Las declaraciones entregadas a menos de dos días de la jornada de formalización, se suman a otros hechos que marcaron la pauta del caso que vincula a la familia presidencial con el escándalo de los terrenos de Machalí.
El viernes ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, el fiscal Luis Toledo formalizará a trece personas y una empresa por presuntos sobornos, cohecho, ventajas indebidas de la Ley de Quiebras y delitos tributarios, en el marco de una investigación que lleva casi un año.
El abogado querellante, Mario Zumelzu, anticipó que solicitarán medidas cautelares, como la prisión preventiva contra los querellados por Servicio de Impuestos Internos, lo que involucraría a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
En cuanto a las penalidades, el abogado señaló que Compagnon arriesgaría 15 años con la aplicación del artículo 351 del Código Penal, puesto que se argumentará que “es un peligro para la seguridad de la sociedad”.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella presentada en octubre contra Mauricio Valero (socio de Natalia Compagnon) y Herman Chadwick, persona que administró la quiebra de Patricio Wiesner y vendió los predios a Caval.
A este último se le sumaron las querellas de estafa y apropiación indebida además de soborno. El dueño de los terrenos en Machalí se querelló por los mismos delitos.
El síndico de quiebras presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite para detener la imputación en su contra, la que será revisada este miércoles en la sala.
Asimismo, Mauricio Valero al verse envuelto en una querella por delitos tributarios, ingresó un recurso de apelación para solicitar la incompetencia del Cuarto Juzgado de Garantía de Rancagua en la arista tributaria del caso Caval.
En el escrito se plantea que el Tribunal competente para conocer de la querella deducida por el Servicio de Impuestos Internos es el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ya que los hechos ocurrieron en la comuna de Las Condes de la capital y la mayoría de los contribuyentes querellados tienen su domicilio ahí.
“Los hechos querellados por el Servicio son del todo inconexos con los de la Región de O´Higgins, de manera tal que jamás en la especie el Juzgado de Garantía de Rancagua ni la Fiscalía de dicho lugar ha dado inicio a la investigación de los hechos querellados”, agrega el recurso.
Cabe señalar que a Valero se le culpa por la incorporación de facturas falsas emitidas por “servicios que nunca fueron prestados” a Caval y que habrían ocasionado un perjuicio fiscal por sobre los 100 millones de pesos.
El fiscal a cargo de la investigación por el caso Caval, Luis Toledo, descartó la formalización de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet.
En entrevista de prensa, indicó que con los resultados del proceso investigativo no se puede llegar a esa conclusión: “en esta causa y en otras, en contra de algunas personas, y de pocas personas la verdad, uno adopta medidas inclusivas más severas. En concreto, registrar la casa de una persona, registrar sus correos electrónicos, privados o institucionales, sus teléfonos, sus cuentas corrientes bancarias, y si con todos esos antecedentes yo no he solicitado a audiencia de formalización, es porque de esos antecedentes, respecto del señor Dávalos, no hay ningún antecedente que me permita solicitar la audiencia de formalización en contra de él”.
Las declaraciones entregadas a menos de dos días de la jornada de formalización, se suman a otros hechos que marcaron la pauta del caso que vincula a la familia presidencial con el escándalo de los terrenos de Machalí.
El viernes ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, el fiscal Luis Toledo formalizará a trece personas y una empresa por presuntos sobornos, cohecho, ventajas indebidas de la Ley de Quiebras y delitos tributarios, en el marco de una investigación que lleva casi un año.
El abogado querellante, Mario Zumelzu, anticipó que solicitarán medidas cautelares, como la prisión preventiva contra los querellados por Servicio de Impuestos Internos, lo que involucraría a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
En cuanto a las penalidades, el abogado señaló que Compagnon arriesgaría 15 años con la aplicación del artículo 351 del Código Penal, puesto que se argumentará que “es un peligro para la seguridad de la sociedad”.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella presentada en octubre contra Mauricio Valero (socio de Natalia Compagnon) y Herman Chadwick, persona que administró la quiebra de Patricio Wiesner y vendió los predios a Caval.
A este último se le sumaron las querellas de estafa y apropiación indebida además de soborno. El dueño de los terrenos en Machalí se querelló por los mismos delitos.
El síndico de quiebras presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite para detener la imputación en su contra, la que será revisada este miércoles en la sala.
Asimismo, Mauricio Valero al verse envuelto en una querella por delitos tributarios, ingresó un recurso de apelación para solicitar la incompetencia del Cuarto Juzgado de Garantía de Rancagua en la arista tributaria del caso Caval.
En el escrito se plantea que el Tribunal competente para conocer de la querella deducida por el Servicio de Impuestos Internos es el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ya que los hechos ocurrieron en la comuna de Las Condes de la capital y la mayoría de los contribuyentes querellados tienen su domicilio ahí.
“Los hechos querellados por el Servicio son del todo inconexos con los de la Región de O´Higgins, de manera tal que jamás en la especie el Juzgado de Garantía de Rancagua ni la Fiscalía de dicho lugar ha dado inicio a la investigación de los hechos querellados”, agrega el recurso.
Cabe señalar que a Valero se le culpa por la incorporación de facturas falsas emitidas por “servicios que nunca fueron prestados” a Caval y que habrían ocasionado un perjuicio fiscal por sobre los 100 millones de pesos.
