La situación en el ámbito de la salud no está tranquila, y no precisamente por las necesidades y urgencias de los usuarios.

De hecho, casi tres meses pasaron para que Gisela Alarcón fuera nombrada por la Presidenta Michelle Bachelet como la nueva subsecretaria de Redes Asistenciales. Esto, luego que a principios de noviembre renunciara al cargo Angélica Verdugo.

A esto se suma otro foco de conflicto. Esta vez en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuyos funcionarios decidieron paralizar este lunes por lo que consideran una mala gestión de sus autoridades.

ANAFF y ANPTUF, las dos asociaciones gremiales que agrupan a los funcionarios de este servicio de salud público, y que hasta las 11:00 horas de este lunes mantuvieron cerradas las sucursales de Fonasa. En el caso del ámbito administrativo, a nivel central y direcciones zonales, la paralización se programó por todo el día.

Precisamente desde ANPTUF, la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Universitarios de Fonasa, su secretario general, Felipe Tamayo, se refiere a las causas que motivaron este paro de advertencia.

“Estamos ad portas de perder un 45 por ciento del bono asociado a las metas PMG, Programas de Mejoramiento de la Gestión que surgieron en los años ‘90, y que hoy vemos cómo se pierde ese derecho adquirido, por segundo año consecutivo, bajo la dirección de la directora de Fonasa Jeanette Vega”.

Tal como explica Tamayo, se trata de un bono que reciben los funcionarios y que corresponde al 28 por ciento de la renta del año anterior.

“Las autoridades nos han mantenido engañados, al decirnos que esto se había cumplido, pero el ente validador, que es la Dirección de Presupuestos (Dipres), a través de organismos externos subcontratados, determinaron que los indicadores de GRD, un pago asociado a los diagnósticos, y también el GES, no estarían cumpliendo con los estándares mínimos y estarían siendo rechazados”, detalla el dirigente.

Respecto del indicador GRD, asegura que han existido aprensiones desde las asociaciones de funcionarios, del Ministerio de Salud y también de la Dipres, por no cumplir con los requisitos básicos. “Está muy mal diseñado, pero la tozudez de la directora Jeanette Vega lo mantuvo y ahora pagamos las consecuencias los trabajadores de Fonasa”. Incluso recuerda que el año 2015 ya experimentaron una merma del 15 por ciento del  mismo bono.

Se trata del proceso de fiscalización al que deben someterse las reparticiones públicas, a través de organismos revisores subcontratados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

En el caso de Fonasa, la primera revisión arrojó en enero un cumplimiento de solo un 32 por ciento, que luego de la apelación de las autoridades aumentó a un 55 por ciento.

El mismo secretario general de ANPTUF recuerda que durante los últimos diez años han ganado el premio a la excelencia institucional. “Estamos dentro de los tres mejores servicios públicos, de los 127 que existen en el país. Pero ahora, según la Dipres, estamos entre los seis servicios públicos más malos en cuanto a gestión”.

Por ello, no duda en exigir la salida de Jeanette Vega. “La solución de fondo es que renuncie la directora de Fonasa, porque ya ha demostrado que su estilo de liderazgo paternalista, que no escucha a los funcionarios, no escucha a las Asociaciones, no escucha a nadie, ni a los profesionales ni a los técnicos, y se encapricha con algunos proyectos de manera muy personalista, nos tiene por segundo año perdiendo un bono. Queremos tener una autoridad con un estilo que fomente la participación”.

A la espera del proceso de apelación, los funcionarios advierten sobre la posibilidad de paralizar nuevamente de manera indefinida, lo que podría concretarse en marzo, mes en el que vence el plazo para que la institución cumpla con el pago de dicho bono.