Luego de la primera jornada de paro indefinido de los trabajadores del sector público de Atacama, en rechazo a la suspensión de la entrega del “Bono Atacama”, los dirigentes de la ANEF convocaron a nuevas movilizaciones en la zona, junto a la diputada de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste y el comunista, Lautaro Carmona.

El intendente Miguel Vargas reiteró que la región no estaría en condiciones de entregar este beneficio porque implica un gasto del 18 por ciento del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y que por lo tanto, se deben priorizar los recursos en el Plan de Reconstrucción Atacama.

Según el Gobierno, la paralización contó con un 37 por ciento de adhesión a nivel regional; mientras que para los dirigentes sociales está cifra superó el 90 por ciento.

Luis Santoni, presidente de la ANEF en Atacama, dijo que la medición del costo de vida, a través del cálculo de la canasta básica de alimentos, no refleja la realidad de la región, sobre todo si se consideran los daños posteriores al aluvión, ocurrido en marzo del año pasado.

Asimismo, indicó que la paralización será revaluada, pero, por el momento, no habría motivo para deponer la movilización.

“No hay ninguna instancia en que se pueda definir que el paro se baje porque tampoco existe un espacio de dialogo con la autoridad, por lo tanto la continuidad de la movilización está presente”, sostuvo.

La diputada por la región, Yasna Provoste, quien asistió a una reunión de coordinación con los dirigentes sociales, pidió al Intendente dialogar con la Mesa del Sector Público y no buscar una solución a través de la represión de las manifestaciones.

“Hemos participado de una tremenda movilización que se desarrolló desde distintos puntos de Copiapó, con representación, también, desde Caldera y Tierra Amarilla. Esperamos que se retome el diálogo, porque creemos que para él el único mecanismo es la represión y queremos que reflexione al respecto”, indicó.

Desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusam, su presidente, Esteban Maturana, aseguró que este escenario refleja el panorama desalentador por el que atraviesa el sector público, calificando el segundo mandato de la presidenta Bachelet, como uno de los peores momentos en la relación entre las autoridades de gobierno y los empleados públicos.

“No estamos funcionando muy bien. En la discusión de la reforma laboral, algunos miembros del Gobierno se están pasando de listo pensando que nosotros vamos a aceptar una reforma que nos trata como privados. Si hiciéramos un balance no estamos en el mejor momento en el trato con las autoridades y el sector público. Podríamos decir, incluso, que es uno de los peores momentos que hemos tenido en estos últimos años”, manifestó.

En cuanto a los servicios públicos, las oficinas del Registro Civil atenderán con normalidad, mientras que los servicios de salud mantendrán los turnos éticos en casos de emergencia.