El martes 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de prensa. No podemos decir que fue una celebración porque el estado del arte de la prensa en el mundo no está para fiestas. Menos cuando el periodismo es una de las actividades más riesgosas con un saldo de 63 periodistas asesinados durante el año 2015, solo por ejercer este maravilloso oficio. Los datos que entrega Reporteros Sin Fronteras son escalofriantes y ponen el foco en cuatro países: Egipto, Turquía, Rusia y México. Profesionales que murieron en manos de mafiosos, como también de agentes del estado infestados de corrupción.

Nuestro país está lejos de estos extremos, pero no exento de graves atentados a la libertad de expresión, como lo es la Ley Antiterrorista, por la que hemos sido condenados internacionalmente por ser considerada una ley que vulnera derechos esenciales. Chile es un país donde se puede ejercer el periodismo sin que por ello se arriesgue la vida, pero eso no significa que nuestra prensa goce de buena salud. Por el contrario, es una enferma que está siendo sometida a una delicada operación y cuyo diagnóstico es extremadamente reservado. Esto es lo que se puede deducir del Seminario organizado por UNESCO Chile titulado Por una prensa libre y realizado en el Colegio de Periodistas. Y es que a pesar de que el programa de gobierno de Michelle Bachelet establecía una serie de compromisos en cuanto a la regulación de un marco constitucional que garantice la libertad de expresión, como también otros en relación a la Televisión Pública y a la brecha digital, lo cierto es que son temas que  han pasado a ser importantes, pero no urgentes, como decía la especialista Beth Gerber, de modo que se han quedado como vagones de cola de toda la serie de reformas, como la laboral y educacional, que hoy se discuten.

Hablamos siempre de pluralismo y en Chile, son pocos quienes se percatan que la multiplicidad de medios de comunicación obedece a la concentración de estos en poquísimas manos. Lo que significa una vulneración al derecho a la información que nos asiste como ciudadanos. Sin embargo, la cantidad tampoco es garantía de que este derecho sea ejercido, apuntaba Berger, cuando lo que verdaderamente importa es la capacidad que tengan esos medios de incidir en la discusión pública. En este sentido, los dos principales tabloides del duopolio que sabemos tienen un tiraje muy modesto tienen la capacidad de influir en la opinión pública mucho más que un medio digital que triplique su tiraje.

Algo que es muy poco habitual en nuestro país, fueron voces femeninas, las que desde diferentes ámbitos dieron cuenta de lo que está sucediendo con el derecho a la comunicación en Chile, que es la manera más completa de hablar de libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información que los contiene.

Así, la abogada argentina Milca Di Filippo alertó sobre lo que está sucediendo con la Televisión digital en Chile cuando su marco regulatorio estaría siendo discutido en el Consejo Nacional de Televisión, sin la indispensable participación ciudadana, la que podría enterarse de las importantes decisiones que se tomen respecto de un bien que es público cuando ya sea demasiado tarde. Y aparece una vez más ese rasgo que ya se nos está haciendo una costumbre, como es el secretismo en la toma de decisiones respecto de asuntos que debieran ser de dominio público.

La abogada de FUCATEL, Lorena Donoso fue prístina al señalar que “el nudo gordiano de la libertad de expresión en Chile está en la Constitución Política”, la que no le entrega a organismos esenciales, como el CNTV, las facultades para establecer lo que se entiende por pluralismo  y diversidad informativa, de modo que los canales, finalmente, lo interpretan de la manera más conveniente y estrafalaria…

La abogada argentina Graciana Peñafort, coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de ese país, es una de las figuras señeras y combativas respecto de lo que significa la concreción del derecho a la comunicación que nos asiste. Con claridad y convicción establecía que lo más importante son esos derechos esenciales que tenemos como seres humanos, que son anteriores a cualquier legislación nacional, y que si ésta no los contempla, pues hay que hacer las reformas necesarias para que así sea. Nuevamente así surge la consabida piedra de toque, el tema constitucional que nos pena tanto.

La  dueña de casa, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares,  quedó con la gran tarea de articular una demanda profesional seria que permita contrarrestar el silencio con el que está operando desde el gobierno en estas materias hoy. Esperamos que los festejos de los 60 años de la entidad que preside y que celebrarán la próxima semana, no la distraiga de tan importante misión.