El 17 de noviembre del año 2015 Sergio Jadue tomó un vuelo comercial rumbo a Miami y con ese viaje se cayó el teatro y la mentira detrás de su figura. Desde entonces no hemos parado de enterarnos de la corrupción y la turbiedad que atravesaron transversalmente su gestión al frente de la Asociación Nacional del Fútbol. El tamaño del desfalco, el desorden y la libertad para robar indignan a todos. La lentitud de la justicia también.

El 17 de junio, justo cuando se disputen los cuartos de final de la próxima Copa América Centenario y exactamente siete meses después de su huida del país, un juez federal de los Estados Unidos dictará sentencia contra Jadue por los cargos de corrupción y cohecho en los cuales el chileno ya se ha declarado culpable. En esa misma causa, el que fuera presidente del fútbol chileno ha fungido como delator de sus cómplices en espera de poder reducir su castigo. Esta condena se sumará a la ya emitida por el comité de ética de la FIFA, que lo suspendió de por vida de toda actividad relacionada al fútbol profesional por violar varios artículos del código de la institución. Sin duda este es el fin de Jadue, pero no así de sus cómplices.

Porque parece que en Chile la justicia no ha reparado en lo grave de las faltas y en fincar las responsabilidades correspondientes. Acá todo avanza muy lento y nadie asume responsabilidades. Paralelamente Arturo Salah y los 32 presidentes no han hecho nada. Insisten en la versión del gran engaño. Todos fueron presas de las mentiras de Jadue y su mesa directiva. Nadie supo nada, nadie vio nada. Los culpables ya están fuera y hay que seguir adelante. Sin embargo todos se beneficiaron de los prestamos chuecos y muy pocos se opusieron a su reelección. Además las decisiones más cuestionadas de su gestión contaron con el apoyo mayoritario e incluso unánime del consejo de presidentes. Todo está podrido. Los que pusieron a Jadue y lo reeligieron después, también son culpables y deben ser sancionados ya mismo en la justa medida de su participación u omisión.

Por otra parte, el bullado caso de Deportes Valdivia y la desafiliación de Deportes Concepción son otro reflejo de lo mal que siguen funcionando nuestras instituciones deportivas. Porque detrás de estas expulsiones, clausulas y pagos absurdos se esconde que los dueños de los clubes, los dueños del fútbol, querían impedir que otros proyectos y otras personas pudieran acceder a la categoría profesional. De esta manera cerraban “el negocio” y aseguraban “el botín” emulando sistemas como el de México o Estados Unidos donde los propietarios de los equipos son los dueños de toda la actividad relacionada al fútbol y dirigen la misma velando siempre por sus intereses. El circulo de los 32 poderosos debe ser destruido y las nuevas reglas deben permitir la diversidad de proyectos y propuestas garantizando siempre la justa competencia y privilegiando el mérito deportivo.

Modificar la ley de sociedades deportivas es urgente. Hay que lograr una fiscalización real de la gestión de los clubes y democratizar la estructura organizativa. En ese sentido es fundamental que se abra un espacio que garantice que socios e hinchas se expresen y sean considerados. Además el fútbol profesional debe enmarcarse dentro de una estrategia deportiva nacional y dar respuestas a las necesidades del país, no a la de los empresarios. Reglas claras, probidad y sanciones ejemplares. Ya basta de esta justicia a la medida o esta farsa colectiva de lavarse la manos. Definitivamente el fútbol merece mejores dirigentes que garanticen de paso, un fútbol de mejor nivel.