Cuando se lanzó la Agenda de Energía y el proceso de Energía 2050, uno de los diagnósticos y mensajes principales del ministro Máximo Pacheco fue que habían llegado al convencimiento de que la energía no era un tema meramente técnico. Por ende, había que incluir lo social, lo ambiental, lo cultural, lo ciudadano. Ese fue el discurso y en base a él se organizaron diálogos y talleres ciudadanos, procesos participativos, sitios webs, consultas, entre otros.

Sin embargo, a más de dos años del comienzo de esos procesos, algo no cuaja entre el discurso y la práctica. Más allá de la desconfianza y la dificultad de cualquier institución para convencer a la ciudadanía de que está haciendo lo que dice hacer, hay algo más profundo en juego.

El ministerio de Energía ha presentado varios proyectos de ley al Congreso, un espacio institucional poco conocido y analizado en su operar concreto (con excepciones las de Espacio Público y Ciudadano Inteligente). Sin embargo, es el lugar donde día a día se definen concretamente las reglas del juego que determinan la vida cotidiana de todos los chilenos. En el Congreso, la práctica del ministerio de Energía se aleja con creces de ese discurso participativo, democrático y ciudadano. Y es que al parecer para el ministerio el Congreso sería más bien un obstáculo a sortear que un lugar de debatir y por qué no, disenso.

Los proyectos de ley ingresan al Congreso y el ministerio ofrece establecer mesas de trabajo con los asesores de los parlamentarios. Estas mesas, sin embargo, operan bajo ciertos supuestos que merece la pena destacar. Se asume y espera que todo sea discutido y consensuado en esa mesa. No se admite el disenso, el objetivo es llegar con todo acordado y zanjado a la comisión que corresponda, donde, en el mejor de los mundos para el ministerio, los proyectos presentados sean discutidos en el menor tiempo posible (el apuro es también una constante y sabemos que la democracia no se hace apurado, al contrario, es lenta). ¿El rol de diputados y senadores? Confiar en la “expertise técnica” de quienes saben del tema (los funcionarios del ministerio de Energía). Confiar en que ellos ya hicieron las consultas y escucharon a quienes tenían que escuchar. En que a los asesores ya se les “explicó” todo y que ya “entendieron” temas muy “técnicos y difíciles”. Confiar que ya está todo acordado y que si hubo alguna inquietud ya fue recogida. El rol del parlamentario sería solo visar el trabajo ya hecho. ¿Para qué desgastarse, entonces, en complicadas discusiones sobre temas que en realidad “no manejan” (en temas donde son “ignorantes”? ¿Para qué escuchar opiniones distintas o disidentes? La única razón para disentir es falta de información, incomprensión, no entender realmente las complejidades técnicas de la materia. El parlamentario solo debe refrendar lo ya trabajado porque es lo conveniente para el país, en el ministerio saben bien y mejor.

Esta forma de trabajar la hemos observado en la Ley de Transmisión. Si bien en la Cámara de Diputados hubo un grupo de parlamentarios que no aceptó estas reglas del juego, en el Senado esta forma de aprobar proyectos ha sido una constante. A veces los proyectos se han votado en paquete, lo que significa que las indicaciones que se presentan no se discuten una a una, sino que se votan en bloque. En el caso del proyecto de Ley de Transmisión, todas las indicaciones que se presentaron que eran de senadores que no integraran la Comisión de Minería y Energía fueron declaradas inadmisibles. Eran indicaciones que complejizaban la discusión y problematizaban aspectos que no se quieren discutir sobre el modelo eléctrico chileno. Los cinco senadores de la Comisión presentaron todas sus indicaciones con el gobierno. No hubo disidencia alguna. Ninguna de ellas fue declarada inadmisible.

En Chile asistimos a discusiones importantes sobre las bases de nuestra convivencia democrática. El modelo eléctrico y energético debiese ser parte de esta discusión también. A través de la “expertise” y la “técnica”, el ministerio de Energía valida decisiones políticas e ideológicas profundas. Ese tipo de discusiones son justamente las discusiones que tienen que darse en un lugar como el Congreso. Eso no está ocurriendo hoy. Y faltan recursos en la sociedad civil y también en el mismo Congreso para poder analizar, problematizar, seguir, monitorear y promover alternativas.

* Colombina Schaeffer es Subdirectora de Proyectos en Chile Sustentable.