Después de dos décadas de posdictadura, adquiere explicación que los gobiernos de La Concertación se hayan opuesto tenazmente a la consolidación de aquellos medios de comunicación que combatieron al régimen de Pinochet y promovieron la democracia, prefiriendo cultivar buenas relaciones con la prensa de derecha que fuera cómplice de las graves violaciones a los Derechos Humanos.
Los cerebros más siniestros que se hicieron cargo de administrar la llamada Transición calcularon que las revistas y diarios democráticos serían incómodos para las nuevas autoridades y podrían dificultar los acuerdos pactados con la derecha económica y las Fuerzas Armadas. Un conciliábulo que hoy se expresa tan vergonzosamente en la vigencia de la Constitución de 1980, como en el sistema electoral que por tantos años impidió el pleno ejercicio de la soberanía popular. Tal como ocurrió con el modelo económico y social causante de la más colosal concentración económica de nuestra historia, además de la brecha más escandalosa entre el exorbitante ingreso de unos pocos, versus los paupérrimos salarios de la enorme mayoría de los trabajadores chilenos.
Aunque las promesas de cambio y la posibilidad de alcanzar buenos cargos en el aparato del Estado tentó también a varios periodistas y comunicadores, lo cierto es que nuevamente la creación de medios alternativos , así como el masivo advenimiento del internet no lograron del todo silenciar al periodismo digno y ya se ve que hoy, desde los distintos medios, se expresa una ejemplar acción para denunciar toda la mugre que fue acumulándose durante los últimos gobiernos en materia de corrupciones ideológicas, colusiones político empresariales y aquellos enriquecimientos ilícitos que han comprometido a las más altas autoridades del país.
Claro: era más fácil ofrecerle impunidad a los medios abyectos de la Dictadura, perdonarles sus deudas y sobornarlos a través de la publicidad estatal, que enfrentar el riesgo de aquella prensa independiente que mostrara una inclaudicable voluntad de seguir trabajando por el establecimiento de una democracia sólida. Ello explica, entonces, que los Enrique Correa, los Belisario Velasco y otros oscuros personajes hasta hayan financiado desde La Moneda la apropiación indebida de algunos medios a fin de hacerlos desaparecer, al mismo tiempo (como lo hemos denunciado tantas veces) que notificaban a algunas de las naciones extranjeras de que cualquier ayuda a las revistas y diarios que habían sido disidentes de la Dictadura sería vista, ahora, como “una injerencia indebida en los asuntos internos de nuestro país”. Con lo que mataron, incluso, hasta la encomiable voluntad del gobierno holandés de contribuir por última vez con una ayuda sustantiva a estos medios a fin de que pudiesen consolidarse en “democracia”.
Contrario a lo afirmado por algunos dilectos colaboradores del gobierno de Aylwin, como Eugenio Tironi, lo cierto es que se puso en ejecución una verdadera política de comunicaciones pero para exterminar a todos los medios que aludimos y otros que fueron apareciendo, en la incauta esperanza de que los nuevos gobernantes les iban a otorgar publicidad y otros beneficios que nunca les llegaron efectivamente. No fue, en ningún caso, el “mercado”, como afirmaron estos operadores políticos, el que acabó con estos emblemáticos medios; por el contrario, de haber actuado la “libre competencia”, habrían sido justamente los medios de El Mercurio y los de Copesa los que tendrían que haber desaparecido por sus pronunciadas deudas y su mínima circulación. Más le valiera tarde que nunca a la Cámara de Diputados para que formara una comisión investigadora que se proponga precisar, por ejemplo, qué realmente aconteció con la desaparición de tantos medios, al tiempo de calcular los ingentes recursos destinados desde el Estado al duopolio de la prensa que prevaleció gracias a los nuevos moradores de La Moneda.
Muchos no se explicaban porqué por largos años se afectó a uno de los pilares de la democracia, cual es la diversidad informativa, y que, hasta ahora, en algunos ámbitos comunicacionales este pluralismo mediático se exprese todavía más pobre que bajo la Dictadura. Hasta con su propio diario La Nación, los gobiernos que siguieron a Pinochet estuvieron a contrapelo con la acción de periodistas decididos a denunciar y deslindarse de las instrucciones del oficialismo de turno. Como se pudo comprobar durante el gobierno de Lagos Escobar con su instrucción de cerrar el exitoso diario electrónico Primera Línea. Como, más tarde, bajo el mandato de Piñera, implementar el cierre del propio diario fundado por Eliodoro Yañez. Vaya que resultaría transparente, también, que ésta u otra comisión legislativa investigara cómo se repartieron los millonarios recursos de esta empresa periodística del Estado, toda una faena para repartirse los despojos de otro medio de comunicación asesinado ahora por nuestro pretendido estado de derecho.
Vino, como sabemos, varios años de plena complacencia mediática, en que los nuevos “servidores públicos” se dejaban seducir por las entrevistas y fotografías de la prensa mercurial. Sin embargo, desde los escándalos del MOP Gate, la clase política se ha mostrado irritada con la acción del periodismo, cuando ahora (gracias a las prescripciones judiciales que los favorecen) hasta los diarios y la televisión que fueron complacientes con la Dictadura, y esta transición sin rumbo democrático, empiezan a subir el tono de sus denuncias y críticas.
De allí que el conjunto de la clase política haya intentado urdir o “cocinar” una ley mordaza para inhibir la publicación de esas verdades que fluyen a borbotones desde las fiscalías y el poder judicial. De allí las destempladas voces de quienes quieren, ahora, recuperar el “principio de autoridad”, sugiriendo normativas y acciones que coarten a los medios de comunicación, vuelvan a exponer a los periodistas a los tribunales, con el fin cierto que en la población no cunda el desencanto y la ira ante tanto despropósito e ineptitud. En este sentido, no es extraño que el ex presidente Piñera se muestre complacido también con la posibilidad de que Michelle Bachelet emprenda querellas que puedan poner coto a las denuncias y, con ello, salvar posiblemente él mismo de un sinnúmero de actos deleznables en contra de la probidad.
Acciones judiciales para frenar y dejar en silencio, en efecto, los episodios de corrupción que se avecinan y en que sólo podrían salvar indemnes un puñado grupo muy reducido de políticos, empresarios y oficiales, según tenemos certeza. Cuando las “filtraciones” se desbordan y nos hablan que los ingentes recursos de Soquimich, Penta y del Grupo Angelini, también, para sobornar a otros políticos, sindicados en una nueva lista de connotadas y variopintas figuras.
Cuando en relación a las colusiones de la política y de los negocios verdaderamente se concluye que nunca tantos han robado tanto en tan poco tiempo.
