La tasa de extrema pobreza alcanza el 8,2 por ciento en el caso de los pueblos indígenas en Chile, es decir, el doble que en la población no indígena que registra cerca del 4 por ciento.

Estos datos son parte del informe sobre Derechos Humanos presentado en Ginebra por el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, luego de visitar el país en 2015.

“El pueblo indígena es el Talón de Aquiles para Chile en lo que respecta a derechos humanos durante el siglo XXI”, recalcó el representante internacional.

Además, la falta de representación política de los pueblos indígenas es, según explicó Alston, una de las preocupaciones para la ONU considerando que uno de cada diez chilenos se reconoce indígena, sin embargo, ninguno ocupa un cargo de representación popular en el Congreso.

En ese sentido, el documento recalcó que ninguna iniciativa de Gobierno podrá eliminar la pobreza si no se hace cargo de la situación de los pueblos originarios.

Por lo mismo, una de sus recomendaciones es la urgente creación de un organismo que revise y solucione efectivamente estas situaciones.

Sin embargo, la anunciada nueva institucionalidad que integraría el Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo Nacional de los Pueblos, sigue discutiéndose en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, sin urgencia ni fechas claras para su discusión particular.

Este proyecto fue anunciado por la presidenta Michelle Bachelet a principios de este año y se ingresó a la Cámara en mayo pasado.

La presidenta Consejo Territorial de Salud Mapuche de Boyeco, Angélica Catrileo, reconoció que el aplazamiento de las políticas públicas enfocadas en los pueblos indígenas sólo demuestra el fuerte racismo que se mantiene a nivel político.

Una situación que genera que los pocos mecanismos de participación indígena existentes contempladas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no sean respetados.

“Existe un abandono hacia los pueblo originarios en este país, ni siquiera estamos consagrados en la Constitución, entonces, se nos margina y discrimina cada día más. Tenemos problemas con vertederos, aguas servidas, forestales y no se nos hacen las consultas pertinentes antes de intervenir los lugares”, señaló.

Mientras, el Consejero de la CONADI por Rapa Nui, Rafael Tuki Tepano, sostuvo que la creación de un Ministerio Indígena no solucionaría el problema de fondo orientado a demandas de autonomía de los pueblos originarios.

“Estemos o no en el Congreso eso no nos hace mejor representados porque al final son los partidos grandes los que deciden y estaríamos presentando iniciativas que no se van a  tomar en cuenta. Entonces, esto mismo serviría para que el Gobierno diga que si hay representación en el Congreso aunque no solucione nada. Lo mismo con el Ministerio pensarlo para que solucione los problemas indígenas, una mentira, sería lo mismo que pensar que el Ministerio de Salud soluciona todos los problemas que existen en el país sobre salud”, recalcó.

En tanto, el diputado de la DC por la región de la Araucanía, Mario Venegas, reconoció que no se ha avanzado lo suficiente en las cuotas de representación indígena, sobre todo en cargos parlamentarios.

“Sin duda es una cuestión que está pendiente, entre otras cosas porque no hay una unidad política o un referente único con quien dialogar, y por lo mismo se pensado en Consejo de Pueblos con la intención de que sea más representativo y que permita entablar diálogos más legitimados”, explicó.

Según este informe entregado por la ONU, la tasa de pobreza por ingresos entre los indígenas alcanza el 23,4 por ciento, mientras que la de la población no indígena es de13, 5 por ciento. Esto, repercute en la esperanza de vida de 65 años para las personas indígenas mientras para los no indígenas es de 77 años.

Un informe que contextualiza la grave situación que sostienen los pueblos originarios en Chile, reconocida en la demanda de los mapuche por el derecho a la restitución de sus tierras ancestrales.

En una visita que realizó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a la región de la Araucanía, reconoció una judicialización innecesaria en temas de violencia en la zona apelando a que ingresen otros actores a resolver el conflicto y no sólo el Ministerio del Interior.

Sin embargo, valoró que el Gobierno llamara a dialogar a grupos mapuche como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).