Hace varios meses resuena en los medios la sigla TPP. El Tratado Transpacífico (Trans-Pacific Partnership) se nos anuncia desde un principio oscurecido por una nube turbia de secretismo e información filtrada a hurtadillas. Lo que más claro se presenta a la ciudadanía es la poca transparencia con la que ha sido diseñado y llevado adelante este tratado de libre comercio. Cabe preguntarse, ¿será muy diferente a los otros ya suscritos por Chile?, ¿quiénes son sus verdaderos redactores y autores?, ¿por qué los supuestos representantes de la ciudadanía deberían votar a favor de algo que esta desconoce, de algo que suscita desconfianza?,  ¿no sería, acaso, otra transgresión del derecho soberano de libre determinación de los pueblos?

El TPP, en Chile y otros países, ha causado gran rechazo. Expertos provenientes de diversas disciplinas nos advierten de sus peligros, que sintetizamos en los siguientes puntos:  impide el libre intercambio de semillas, al obligar a Chile a ratificar el convenio UPOV 91; expande la duración de las patentes de los medicamentos biológicos, criminaliza la libre descarga de información vía  internet,  otorga a las farmacéuticas concesiones que les permitirán limitar y retardar el acceso a medicamentos genéricos, no se somete a consulta entre los pueblos indígenas del país, tal como lo determina el convenio 169 de OIT, ratificado por Chile, y, por último, establece paneles arbitrales internacionales para resolver posibles controversias entre inversores y países. En estas instancias supranacionales las grandes corporaciones podrán demandar a los gobiernos si les parece que sus ganancias se han visto perjudicadas o no se  cumplen sus “expectativas razonables de ganancia”.  ¿Cuál será la expectativa de retorno de una transnacional?

Desde diferentes flancos se nos advierte que los principales negociadores de este tratado son las multinacionales, sus lobbystas y abogados, quienes “colaboraron” en la redacción de los acuerdos. ¿No debiera un gobierno legislar en defensa de los consumidores?, ¿parece razonable que una transnacional que no consigue satisfacer su voraz apetito pueda demandar al Estado donde opera? , ¿en qué momento aquello puede constituir una violación a nuestros derechos fundamentales?, ¿qué intereses resguardarán estas cortes? Tal como afirma el economista José Gabriel Palma, “la hipótesis de trabajo del TPP, como predicaba Milton Friedman, es que hay que proteger a los consumidores de las interferencias del gobierno, y no de los abusos de las grandes corporaciones”.

Cabe destacar el rol de los medios alternativos de información, que se han dado la tarea no solo de denunciar este tratado, sino también de esclarecer su contenido para la ciudadanía.  Del mismo modo, relevamos la labor de  colectividades tales como Chile mejor sin TPP, plataforma conformada por diversas organizaciones, movimientos, parlamentarios y ciudadanos que se han unido en rechazo “al secretismo y violación de los DD.HH por parte del Acuerdo Transpacífico”, y el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas.

Saber informarse es un ejercicio cívico primordial; hoy esperamos contribuir a su cultivo.