El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su décimo tercer artículo, establece que toda persona tiene derecho a una educación de calidad, en tanto ésta ha de promover el desarrollo pleno de la personalidad, el respeto de los derechos humanos, la dignidad y libertad de los ciudadanos. Del mismo modo, determina que la educación tiene por objeto capacitar a los individuos para la participación efectiva en la vida social, y debe, en todos sus niveles, ser asequible a todos, por lo que expresamente indica “la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. También se refiere a las condiciones materiales del cuerpo docente, instando a su mejora, y a libertad de enseñanza, mencionada en la Constitución vigente, que así la precisa: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones  que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.

Aún permanece en la memoria de los chilenos la Revolución Pingüina, gran estallido de protesta social emprendida por los estudiantes secundarios, quienes se alzaron con el objetivo de transformar la educación de un bien de consumo a un derecho, tal como hace décadas ya, establece el aludido tratado internacional de derechos humanos suscrito y ratificado por Chile.

Los años de protesta que inauguraron este auspicioso siglo XXI devinieron en la firma de la Ley General de Educación, que vino a reemplazar la LOCE ¿Cómo olvidar aquella escena en la que figuran nuestros políticos tomados de las manos, alzándolas, sonrientes? Esta ley introdujo avances tales como prohibir la selección en las escuelas y la expulsión de mujeres embarazadas. Sin embargo, el INDH nos indica que, hoy por hoy, este último punto no se respeta a cabalidad. Lo mismo sucede con la discriminación de género y opción sexual al interior de comunidades escolares.

Evidentemente, esta pobre reforma no cambió la situación de la educación chilena. Los movimientos continuaron actuando, manifestándose y exigiendo educación pública gratuita y de calidad.

A 10 años de la Revolución Pingüina y a 7 de la LGE, uno de los caballos de batalla de este gobierno ha sido la Reforma Educacional. Sin embargo, la ciudadanía tiende a percibir leyes segmentadas, fragmentadas, aisladas, retocadas a puerta cerrada por el legislativo, que bien conocemos la representatividad y credibilidad que ostenta. Si efectivamente estamos ante una reforma estructural e integral, entonces hay un grave problema de comunicación entre el gobierno y la sociedad civil.

Adoptando una mirada optimista, podemos señalar que las reformas estructurales toman un tiempo; que dentro de los próximos años,  después de complejas implementaciones, veremos sus efectos. Así, por ejemplo, la Ley de Inclusión que pone fin al copago, la selección y el lucro, entrada en vigencia este año, debiera ser implementada a cabalidad durante el 2019. En cuanto a al proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública, este se encuentra en su primer trámite constitucional y su ejecución gradual dura alrededor de seis años.

La nueva ley de Carrera Docente, promulgada en marzo de este año, comprende mejores remuneraciones para los docentes que trabajen en establecimientos que reciban financiamiento estatal, nuevas exigencias de estándares de calidad para las pedagogías, exigiendo su acreditación; el aumento progresivo de las horas no lectivas, para llegar al 2019 a 35% y a 40% en el caso de los profesores que realicen clases en establecimientos con un alto porcentaje de alumnos “prioritarios”; evaluaciones diagnósticas para los estudiantes, inducción y acompañamiento al docente en su ingreso al mundo laboral y durante todo su ejercicio, a través de instancias de formación continua, gratuita y de calidad. Ciertamente esta reforma constituye un avance respecto de las precarias condiciones laborales de nuestros profesores. Sin embargo, quedan en el tintero elementos sustanciales, como el incentivo al retiro y la implementación de medidas para evitar el agobio laboral.

En medio de sucesivas marchas, tomas y paralizaciones, el proyecto de reforma a la educación superior avanza, inspirando rechazo y desconfianza entre los dirigentes estudiantiles, que exigen, con justa razón, conocer el proyecto antes de que este ingrese al Parlamento.

El estado actual de la educación no sólo es contrario al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también a principios fundamentales de los derechos humanos, como la igualdad y la no discriminación. Si bien es cierto que en Chile la cobertura en educación ha crecido, alcanzando un alto porcentaje en educación escolar, y que estamos más en un período de cambio que de estancamiento o retroceso, cabe preguntarse si con estas leyes la educación será de una vez por todas un derecho y no un producto o mercancía. Habrá que ver para creer.

El Estado tiene la labor de respetar, garantizar y promover una educación gratuita y de calidad para toda la ciudadanía. Por lo mismo, debe asegurar que los distintos establecimientos educacionales proporcionen una enseñanza de calidad, que de no dependa del poder adquisitivo de las familias, pues ello transgrede uno de los principios del derecho a la educación: la libertad de elección.

Es de esperar que la mentada reforma llegue a buen puerto, porque la educación es el cimiento de una sociedad verdaderamente desarrollada. Pero, ¿cómo olvidar aquella escena, el año 2009, en la que figuran nuestros políticos tomados de las manos, alzándolas, sonrientes?