El 7 de julio, Maritza Encina y Priscilla Araya celebraron su acuerdo de unión civil. ¿Qué tiene esto de especial, si desde la promulgación de la Ley 20.830 –que crea el acuerdo de unión civil- y que entró en vigencia el 22 de octubre de 2015, se han celebrado numerosas de estas uniones entre personas de diversa orientación sexual?. Lo especial de este acuerdo radica en que Priscilla y Maritza están privadas de libertad, cumpliendo condenas en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y su unión constituye la primera de este tipo entre personas recluidas.

La ley de acuerdo de unión civil define este acto como un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Maritza y Priscilla se conocieron en la cárcel de mujeres y son pareja desde hace un año y dos meses. Durante este tiempo han compartido una cama en uno de los dormitorios de la sección COD de la mencionada unidad penal. Ese ha sido el hogar compartido. Pero este hogar tiene características muy especiales, ya que la pena privativa de libertad no sólo conlleva una limitación a la libertad personal y a otros derechos de las y los condenados, sino que también una serie de restricciones, que se presentan como efectos colaterales no deseados, de carácter negativo, ya que perjudican el proceso de reinserción social al cual está orientado el sistema de cumplimiento de condenas en nuestro país.

La privación de la libertad genera una ruptura y debilitamiento de los lazos familiares y de apoyo. Las y los privados de libertad salen forzadamente de su entorno familiar y social e ingresan a uno desconocido, con personas que no han elegido para convivir. Este distanciamiento con la red de apoyo es más profundo en el caso de mujeres recluidas, ya que normalmente dejan de ser visitadas por sus maridos, convivientes o parejas. Ello no sólo genera efectos a nivel afectivo, sino que también carencias de productos básicos –como toallas higiénicas, confort, pasta de dientes, jabón, etc.- ya que a pesar de encontrarse el Estado obligado, nacional e internacionalmente, a proveer dichos elementos esenciales para una vida digna, en la práctica no lo hace y la red externa de apoyo pasa a ser la proveedora. La cárcel genera, asimismo, la pérdida de la autonomía y un debilitamiento de la responsabilidad, ya que la vida cotidiana de las y los condenados se encuentra sometida a una sobrereglamentación. A qué hora me acuesto, me levanto, qué como, qué hago, a quién veo, etc. pasa a ser la decisión de un tercero en la cual la persona tiene poca o ninguna injerencia. La cárcel se caracteriza, también, por la  carencia de espacios privados, ya que la gran mayoría de los dormitorios son comunes, las visitas son vigiladas y la correspondencia es revisada y controlada. Finalmente, provoca diversos daños psicológicos. Como puede verse, se trata de un espacio lleno de privaciones.

A pesar de ello, y con ello, Priscilla y Maritza iniciaron una relación afectiva que, en palabras de Priscilla, “ha significado hartas cosas. Yo he tenido varias parejas antes de Maritza, pero por primera vez tomo una relación en serio. Con la Mary nos proyectamos, ya no queremos seguir delinquiendo. No quiero tener que dejar nuevamente a mis hijos y debo ser también el apoyo de la Mary cuando yo salga cumplida. La Mary me ha hecho cambiar en un año, lo que nunca cambié en todos los que he estado aquí”. Para Maritza, en su relación con Priscilla “encontré mi estabilidad, una familia e hijos. Estoy enamorada”.

El acuerdo de unión civil celebrado ayer en la cárcel de mujeres constituye un hito en contra de la discriminación que han sufrido diversos grupos vulnerabilizados por nuestra sociedad: se trata de mujeres, lesbianas y privadas de libertad, tres categorías de grupos afectados y disminuidos en sus derechos que se reúnen en una sola persona.

Por ello es que las autoridades del Centro Penitenciario Femenino de Santiago celebraban con entusiasmo este acto, como la manifestación del legítimo ejercicio de un derecho que Maritza y Priscilla no han perdido por el hecho de sus condenas.

En menos de dos meses se han producido en este centro de reclusión 2 manifestaciones del ejercicio de derechos ciudadanos por parte de mujeres condenadas: los encuentros locales del proceso constituyente –celebrados en junio pasado- y ahora el acuerdo de unión civil entre Priscilla y Maritza que implica también, el reconocimiento estatal a otros modelos de familia.

Esta “apertura de rejas” nos demuestra que aun cuando las mujeres sean separadas y confinadas a un espacio cerrado y pierdan su calidad de ciudadanas, no pierden su sentido de pertenencia a la sociedad y sus deseos de seguir participando en ella.

Priscilla y Maritza son ahora convivientes civiles. El sentimiento que las une, en sus propias palabras, es el motor de cambio hacia una vida sin delitos. Y a pesar de las privaciones a las que están sometidas todos los días, encontraron en la cárcel el amor, porque la reclusión puede despojarlas de muchas cosas, pero nunca de su condición de personas, mujeres, madres, hijas, hermanas y ahora, convivientes civiles.