Los avances en materia de verdad, justicia y reparación ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura existen en gran medida gracias a la incansable lucha de tantos activistas sociales; víctimas, compañeros, amigos, familiares y defensores de la justicia y la dignidad humana. Dichos avances vienen acompañados de acontecimientos significativos que debiéramos guardar en nuestra memoria: la presentación de miles de recursos de amparo, denuncias y querellas criminales; la inédita condena en 1995, de la Corte Suprema, al ex jefe de la DINA Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, como autores intelectuales del asesinato de Orlando Letelier; la detención del tirano en Londres y su impacto, con el lento avance posterior en materia de procesamientos y condenas contra los partícipes en crímenes de lesa humanidad.

¿Cuáles son los desafíos a los que hoy nos enfrentamos? ¿Cómo ha sido la experiencia de verdad, justicia y reparación del resto de los países Latinoamericanos que vivieron dictaduras? Una tarea impulsada por diversos actores de la sociedad civil ha sido la de poner fin al secreto legal de los archivos de la Comisión Valech, con el fin de asistir la labor de la justicia y, así, acercarnos a la verdad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recomendado lo mismo. Otro desafío actual tiene relación con las condiciones carcelarias y beneficios de los condenados por violaciones a los derechos humanos. En este contexto, la sociedad civil organizada se moviliza, denuncia y demanda el cierre de Punta Peuco; la misma que consiguió el cierre del Penal Codillera y la apertura de tantos sitios de memoria.

Asimismo, es innegable el retardo con el que se ha operado en materia de justicia, en especial en la investigación de casos de tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara a Estado responsable de ello. Por ejemplo, a la fecha del último Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile (INDH), no se habían dictado sentencias por violencia sexual, pese a la evidencia disponible.

En el ámbito de las penas, ¿son estas proporcionales al crimen?; ¿no debieran tener un carácter de ejemplaridad? ¿Qué sucede con la aplicación de la media prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos?, ¿vamos avanzando hacia el empleo de un criterio uniforme a lo que a ello respecta? Organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, han señalado a Chile la importancia de imponer sanciones proporcionales a la gravedad de los crímenes, por lo que se insta a derogar o modificar el artículo que regula la prescripción gradual de la pena, por improcedente en casos de crímenes de lesa humanidad.

Según el último balance del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del interior (2015), al primero de diciembre de 2015 existían 1.373 ex agentes en calidad de procesados, acusados y condenados. Esta nómina incluye a todos los que hasta la fecha señalada han sido imputados por la justicia. De esos 1.373, 495 se encuentran en calidad de procesados, 216 están en calidad de acusados, 180 han sido condenados por sentencia de primera instancia, 138 han sido condenados por sentencia de segunda instancia resuelta por una Corte de Apelaciones, y 344 de ellos han sido condenados por sentencia ejecutoriada dictada por la Corte Suprema. De esos 344, solo 163 recibieron penas de cárcel efectiva. De esos 163 ex agentes, a fines de 2015 se encontraban cumpliendo presidio efectivo 117. El resto, cumplieron su condena o fallecieron durante su cumplimiento, o poco antes de entrar a cumplirla. De acuerdo a la información del Poder Judicial, al 30 de noviembre de 2015 existían 1.048 causas vigentes por violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictadura. Durante 2015 la Corte Suprema dictó sentencias en 48 causas que han quedado firmes y ejecutoriadas El Servicio Médico Legal, por su parte, identificó, entre enero de 2014 y agosto de 2015, los restos de 20 víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura (Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile)

Hechos de gran poder simbólico acompañan estos avances en materia de justicia, verdad y reparación. Pero, paralelamente, no olvidamos que Manuel Contreras falleció ostentando su grado de general en retiro. No olvidamos que Miguel Pablo Muñoz y Alejandro Segundo Sáez Mardones, ambos condenados por el caso Degollados, ocurrido en marzo de 1985, fueron beneficiados con salida dominical y de fin de semana, respectivamente. Señales equívocas de una justicia que marcha a paso lento.