La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental de nuestro país. El organismo internacional entregó 54 recomendaciones para avanzar en el tema durante los próximos diez años.

Luego de un primer informe de este tipo realizado en 2005, en este segundo balance se valoran “los notables progresos realizados en el país en cuanto al fortalecimiento de las instituciones ambientales y el marco normativo, con la creación en 2010 del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los Tribunales Ambientales”.

La organización advirtió que “el modelo económico basado en los recursos naturales ha empezado a mostrar sus límites con un incremento de las presiones ambientales”.

El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que “las evaluaciones de desempeño son el mecanismo de la OCDE para la revisión entre pares, que permite elevar los estándares ambientales”. Badenier afirmó que “ya registramos avances importantes, con el caso de la gestión de residuos y los instrumentos para disminuir la contaminación del aire, y ciertamente en otros requerimos de mayores esfuerzos”.

Calidad del aire: mejor red de monitoreo y actualización de planes

En el texto se menciona que pese a que se están aplicando normas ambientales sobre los principales contaminantes, incluido el material particulado fino, aún cada año el 15% de la población se ve expuesta a altas concentraciones.

Advirtió que el desarrollo de los planes de descontaminación “se han retrasado, especialmente en el sur de Chile; los planes vigentes se someten a revisión cada cinco años, pero muchos no han sido actualizados desde hace mucho más tiempo”.

La evaluación llamó “a mejorar la calidad de las redes de monitoreo, dado que muchas estaciones no tienen la capacidad necesaria para medir las concentraciones de MP2.5, y de óxidos de nitrógeno y de azufre”.

José Romero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, aseguró que “es urgente el control a la producción de este material particulado. Que va desde el polvo que se levanta al andar los autos por la calle hasta lo que producen las industrias”.

La OCDE indicó que “a la par con el crecimiento del país se han incrementado los contaminantes del aire, al tiempo que destaca la disminución de las emisiones de óxido de azufre, nuevas normas de emisiones para centrales termoeléctricas y fundiciones, así como el refuerzo de las normas sobre las emisiones vehiculares.

Sin embargo, Romero agregó que en Chile “no se habla de los otros compuestos químicos que se producen en los procesos industriales. He escuchado muy poco, porque el tema en general se toma poco en serio”.

“Fortalecer y formalizar” política sobre cambio climático

La evaluación concluyó que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) crecieron un 23% entre 2000 y 2010, y se prevé que continúen aumentando. En ese sentido, indica “que cumplir el compromiso de Chile de reducir en un 30% la intensidad de sus emisiones al 2030 se requiere coherencia de las políticas en materia de mitigación en todos los sectores emisores”.

Según las proyecciones, las emisiones procedentes del transporte crecerán hasta un 95 por ciento para el  año 2030 mientras desde el sector agrícola representan el 15 por ciento total del país. “La integración del transporte y la agricultura en la política climática está todavía en una etapa incipiente”, se lee en el documento.

Esto, nos da luces de mayor gravedad considerando que la matriz energética de Chile “sigue integrada predominantemente por combustibles fósiles importados. La insuficiente oferta de gas natural a mediados de los años 2000 se tradujo en un marcado incremento del empleo de carbón y diesel para la generación de electricidad, que a su vez elevó las emisiones de contaminantes locales del aire y de gases de efecto invernadero”.

El integrante de la comisión de medioambiente de la Cámara Baja, Patricio Vallespín, manifestó que es fundamental cumplir la promesa de reducción de emisiones como medida de mitigación, pero también avanzar en una institucionalidad y legislación para abordar en forma integral este tema.

“Como una Ley marco porque el cambio climático nos va a acompañar los próximos 50 años, sin duda. Esto significa tomar este debate en serio y acelerar la transición de cambio energético de combustibles fósiles a energías renovables no convencionales o hídricas de menor escala. Ahí tenemos algunas tareas pendientes porque hay claridad en la agenda, pero se debe acelerar”, insistió el diputado de la Democracia Cristiana.

Uno de los comentarios en el texto pone una señal de alerta para el corto y mediano plazo: Chile es vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Cómo? “El mayor riesgo de inundaciones, una menor disponibilidad de agua para la generación de energía hidroeléctrica, una menor producción agrícola y las consecuencias que afectarán la diversidad biológica”, explicó la OCDE.

Biodiversidad y alerta sobre “desidia legislativa”

Entre las sugerencias, también se reconoce fortalecer la institucionalidad de la política sobre cambio climático y aprobar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y acelerar su implementación.

El proyecto se debate hace 8 años. Vallespín manifestó que desde el ministerio dicen que se va a apurar el tema, pero aún no se ve claridad.

“Hay una desidia legislativa en la materia por la complejidad que tiene y por enfrentar el conflicto corporativo con la CONAF, y el que creo que es fundamental de abordar. Es fundamental porque hoy tenemos un déficit en esta materia al reconocer sistemas sobrerrepresentados o inexistentes”, concluyó el legislador.

Gestión del agua: concentración y transparencia insuficiente

El crecimiento económico, el mayor consumo de agua y el cambio climático agravaran el déficit estructural de este recurso.

La Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental “señala que desde la adopción del Código de Aguas en 1981 la asignación y el uso de los recursos hídricos se basan en un sistema de derechos negociables donde una reglamentación y transparencia insuficientes se han traducido en asignaciones excesivas y una extrema concentración de los derechos, la sobreexplotación de algunos acuíferos, escasez de agua potable en zonas rurales y conflictos entre los usuarios”.

Rodrigo Faúndez, vocero del Movimiento Plurinacional por la Recuperación del Agua y la Vida, se mostró preocupado porque ante el debate de reforma al Código en el Congreso se han observado posiciones matizadas que no van al tema de fondo.

Faúndez advirtió que “hacen una distinción con esta organización porque el problema no solo radica en la falta de transparencia o de  regulación y tampoco en el mejoramiento del mercado, que es la visión de la OCDE. Sino que también el mismo sistema, que aplica un derecho como negociable, permite que haya sobreexplotación y esta situación es paradójica. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene este escenario: el agua termina siendo una mercancía”.