Isla Riesco: Ambientalistas acusan al gobierno por aprobación del uso de tronaduras

Organizaciones ambientales de Magallanes rechazaron la aprobación del uso de tronaduras para extraer carbón en la “Mina Invierno”, ubicada en Isla Riesco, propiedad del grupo Angelini y Von Appen. La medida permitirá utilizar este mecanismo de extracción durante los próximos quince años para abastecer cerca del 30 por ciento del mineral del país.

Organizaciones ambientales de Magallanes rechazaron la aprobación del uso de tronaduras para extraer carbón en la “Mina Invierno”, ubicada en Isla Riesco, propiedad del grupo Angelini y Von Appen. La medida permitirá utilizar este mecanismo de extracción durante los próximos quince años para abastecer cerca del 30 por ciento del mineral del país.

Isla Riesco es la cuarta isla más grande del país, y está ubicada en la comuna de Río Verde, en la región de Magallanes. En más de la mitad de su superficie se encuentra la Reserva Nacional Alacalufe donde habitan cerca de 24 especies de mamíferos y 124 especies de aves.

Sin embargo, esta importante área de biodiversidad patagónica está siendo amenazada por los proyectos carboníferos instalados en la región. Las empresas Copec y Ultramar, a través de sus empresas Minera Invierno S.A. y Minera Isla Riesco, tienen proyectadas cinco minas a cielo abierto. La primera de ellas fue aprobada en 2011 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y luego ratificada por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad.

Este martes la comisión regional del SEA de Magallanes aprobó la utilización de tronaduras en la Minera Invierno durante los próximos quince años para extraer carbón, destinado a termoeléctricas del norte del país que abastecerían cerca del 30 por ciento del mineral en Chile.

La decisión fue aprobada por siete seremis, entre ellos el de energía Alejandro Fernández y el de minería Manuel Aravena, además del intendente de Magallanes, Jorge Flies, y de la Directora del SEA, Karina Bastidas. Sólo los seremis de Salud y de Desarrollo social votaron contra este mecanismo de extracción.

Para el vocero de la organización Alerta Isla Riesco, Gregor Stipicic, existían muchas presiones políticas para aprobar esta etapa del proyecto, lo que se evidenció desde el ingreso de una Declaración Ambiental en vez de un Estudio de Impacto Ambiental como debiese regir para este tipo de proyectos energéticos.

Una situación que se suma a lo dicho por la Superintendencia de Medio Ambiente sobre su incapacidad de aumentar la fiscalización minera en la Isla Riesco, según indicó el ambientalista.

“La institucionalidad es muy débil porque se puede jugar mucho con ella. Esta parte de las tronaduras es sólo una parte del gran proyecto. En un principio lo fraccionaba el mineral a través del puerto, luego en la mina y ahora con las tronaduras. Al entrar en esta lógica de ir modificando los proyectos se hace mucho más fácil su aprobación total”, señaló.

Mientras, el director nacional de Greenpeace en Chile, Matías Asún, precisó que se modificó la metodología de extracción según lo acordado en el proyecto inicial, que de por sí ya era nocivo para la zona.

A su juicio, esto demuestra la complicidad entre el Gobierno y los grupos empresariales porque se sigue facilitando el funcionamiento de una energía obsoleta y contaminante como el carbón.

“Lo que hizo el Gobierno es desconocer las evaluaciones internacionales de la OCDE y los compromisos sobre cambio climático, y no permitió que el mercado al menos regulara y sacara del juego al carbón. Lo que están haciendo es prestarle un salvavidas a una industria obsoleta para favorecer a dos grupos empresariales poderosos, por sobre el beneficio y calidad de vida de las personas que viven en una de las zonas más contaminadas del país”, recalcó.

Para el diputado de la Democracia Cristiana por la región, Juan Enrique Morano, este ha sido un proyecto que año a año va “corriendo el cerco” de lo que finalmente implementará.

En ese sentido, señaló que es necesario revisar el historial de las empresas para seguir aprobando este tipo de medidas, considerando que esta minera ha sido por sancionada por tercer año consecutivo.

“No es posible que una empresa que ha sido sancionada reiteradamente presente solicitudes de mitigación de sus proyectos para tratar de pasar sus evaluaciones. Si estamos frente a una empresa que es sancionada una vez al año nos parece que es poco confiable para creer en sus declaraciones ambientales”, indicó el parlamentario.

Con esta medida persistirá el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con los acuerdos que Chile ha suscrito para reducir el cambio climático.

Además, los organismos ambientalistas denunciaron que esta aprobación se realiza en medio de una investigación por contaminación a la compañía minera que la Superintendencia no ha sancionado.

Recordemos que Mina Invierno es la primera mega mina a cielo abierto, ubicada a 130 kilómetros de Punta Arenas, y de donde se extraerán cerca de seis millones de toneladas anuales de carbón.





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