Siempre hemos dicho que sin la labor de examen y fiscalización, ex ante y ex post, respectivamente, que ejerce la Contraloría General de la República, nuestro querido país ya hubiera caído al precipicio de la descomposición total porque casi todas las oficinas públicas, por desconocimiento, por negligencia, por colusiones con encumbrados privados o simplemente por corrupción, va de tumbo en tumbo y ejemplos sería inoficioso darlos a conocer.

Pues bien, todos los contralores generales se han declarado como contrarios a las malas prácticas en los ámbitos públicos y privados. En una entrevista de dos coloridas páginas completas que un diario de circulación nacional le hizo el domingo 19 de junio de 2016 a Jorge Bermúdez, actual contralor, éste decía muy convencido que “debemos luchar contra la corrupción en todas las canchas y con todas las facultades”, advirtiendo tolerancia cero en el uso de los recursos públicos y por ello su posterior y juiciosa estrictez respecto a las colosales y artificiosas jubilaciones de Gendarmería.

Entre otras cosas, el entrevistado decía que “no nos podemos dar el lujo de tener municipios tan precarios”, aserto que  lo compartimos plenamente porque sí conocemos las recurrentes trampas que se llevan a cabo en sus Direcciones de Obras, las que en ocasiones quedan en la impunidad por diferentes razones.

En la página web de la Contraloría se llama a todos los ciudadanos a denunciar en línea. Ello con el llamativo y motivador anuncio que, vía “copy&paste”, transcribimos textualmente  :

“El objetivo de esta iniciativa es que usted se convierta en un colaborador de la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República, enviando sus sugerencias de fiscalización y denuncias a través de los formularios online especialmente diseñados para estos propósitos.

 Sus sugerencias y denuncias deben estar focalizados en los actos de la Administración del Estado, ámbito que supervisa esta Institución. Se incluyen:

Servicios públicos centralizados (Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Tesorería General, ONEMI, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, entre otros).

Servicios públicos descentralizados (de Salud, de Vivienda y Urbanismo, Universidades Estatales, Impuestos Internos, Previsión Social, FONASA, SENCE, JUNAEB, JUNJI, entre otros). Todas las municipalidades del país.

 Empresas públicas creadas por ley (ENAP, ENAMI, FAMAE, ENAER, ASMAR, Empresas Portuarias, entre otras).

Empresas, sociedades o entidades públicas y privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital (Metro, SERCOTEC, CONAF, entre otras).

 Celebramos esta iniciativa de la Contraloría que invita a la ciudadanía a comprometerse con la idea de tener un mejor país y por ello afirmamos que denunciar digitalmente es un óptimo procedimiento, porque ha simplificado el trámite de revelar actuaciones non sanctas por parte de aquellos que se denominan servidores públicos. En nuestra calidad de “cliente frecuente” de ese organismo estatal, aseveramos hemos tenido buenas, regulares y no tan buenas experiencias con sus informes y dictámenes por los casos que hemos denunciado allí.

Pero, y siempre hay un pero, en esta columna de opinión dejaré de manifiesto algo que es discordante con el rol que ejerce la Contraloría y con su anunciado deseo de atacar las lacras municipales. En tal sentido consideramos necesario criticar una situación determinada, la que se aprecia a continuación.

El 15 de abril de 2016, entregando la documentación de respaldo, ingresamos en la Contraloría con el número 182944 un escrito descriptivo de ilegalidades asociadas a coeficientes de constructibilidad, alturas, definición de vocablos urbanísticos, usos de suelo y antejardines, entre  otros; cometidos en el Decreto Alcaldicio número 729 de Las Condes, publicado en el Diario Oficial en fecha 28 de enero de 2011. En ese acto administrativo se contravenían los procedimientos de elaboración y aprobación de los Planes Reguladores Comunales (PRC) y con el mismo, absolutamente trucho, se aprobó la modificación Nº 8 del PRC de Las Condes vigente en la actualidad (?).

El 19 de julio de 2016 recibimos el informe número 53473 suscripto por el contralor general subrogante, mediante el cual se nos indica que no emitirá un pronunciamiento porque la denuncia no alude a asuntos en que la fundación Defendamos la Ciudad tenga derechos o intereses específicos, es decir, según la Contraloría, no tenemos legitimación para denunciar, contradiciendo por lo tanto, su formal invitación pública para que los ciudadanos acusen prácticas indebidas ante ella. Sin embargo señaló que igualmente tendrá en consideración los diversos planteamientos efectuados en los futuros programas de fiscalización que la Contraloría disponga para la Municipalidad de Las Condes.

Ergo, el PRC de Las Condes, desde enero de 2011 a la fecha, ha estado perjudicando o beneficiando irregularmente a los inversionistas que en ese territorio de la zona oriente de la megalópolis han estado levantado sus proyectos inmobiliarios, lo cual nos indica que el instrumento normativo municipal valida en plenitud el desbarajuste urbano.   

En todo caso y como una forma de ir regularizando el crecimiento inmobiliario en Las Condes, ponemos a disposición del Colegio de Arquitectos, de las asociaciones empresariales de la construcción, de la ciudadanía en general y de la prensa interesada el documento que ingresamos en abril pasado en la Contraloría para que así quienes lo deseen conozcan de primera fuente la seguidilla de errores cometidos en esa comuna, a pesar de que el alcalde Francisco de la Maza, quien ahora desea ser presidente de la República, es sumamente entendido en la materia por ser un activo actor inmobiliario.