El fiscal a cargo del caso Corpesca, Emiliano Arias, comentó en entrevista con La Tercera que se investigará a otras empresas pesqueras que operan en la Región del Bío Bío.

Según lo explicado por el fiscal, las compañías pertenecen, en su mayoría, a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).

“Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”, manifestó.

Arias también señaló que existieron distintos hechos que llevaron a la Fiscalía a abrir esta nueva arista. Uno de ellos tiene que ver con la existencia de correos electrónicos entre representantes de la industria que hablan sobre la posibilidad de ejercer lobby sobre parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca.

Otro punto tiene que ver con que casi todas las empresas indagadas han realizado rectificaciones en el SII por impuestos no pagados en 2012.

“Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar”, sostuvo el fiscal.

En tanto, para uno de los abogados querellantes del caso, Matías Ramírez, esta arista representa la red de las grandes organizaciones que actuaron en conjunto para moldear la cuestionada ley de pesca el año 2012.

Entre los consorcios investigados están Corpesca, Asipes y la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral, FIPES, donde a juicio de Ramírez, estaría involucrado en eventuales acciones de cohecho el senador demócrata cristiano Patricio Walker.

“Lo importante es que se avance en la investigación, determinar si por ejemplo en la zona austral Patricio Walker, nosotros tenemos certeza que hay indicios para investigar un cohecho, lo mismo respecto a Hosain Sabag, pero lo importante es que se inicie esta indagatoria y se tengan más antecedentes para sustentar esta situación”, precisó.

El jurista no descartó que se llame a declarar a los parlamentarios que se vean involucrados, más allá de los que ya han sido nombrados en este caso, como el ex senador de la Democracia Cristiana Hosain Sabag. “Creemos que la Ley de Pesca está ya deslegitimada, no solamente con las situaciones de Marta Isasi y Jaime Orpis, sino que también ahora el manto de duda sobre Patricio Walker y Hosain Sabag, del subsecretario Pablo Galilea o del ministerio a través de Pablo Longueira. Creemos que esas vinculaciones y esos pagos, en definitiva se triangulaban para defender los intereses de la industria”, indicó.

Por último, Matías Ramírez, recalcó que de los 13 parlamentarios de la zona, seis fueron parte de la Comisión de Pesca en el momento en que se tramitó la cuestionada ley y recordó la cercanía entre Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes, y la UDI.