Esto de la “guerrilla literaria”, desatada entre Pablo Neruda y Pablo de Rokha en la escena de mediados de siglo pasado, ha sido profusamente visitada en crónicas y también en libros periodísticos que han permitido entender más que del mundo de las letras chilenas, sobre el egoísmo y la soberbia del ser humano. A partir de la creación del Premio Nacional de Literatura en el año 1947 como el reconocimiento más alto que entrega el Estado de Chile a quienes han dedicado su vida a la letras, nació un nuevo deporte entre los escritores nacionales, como una carrera de largo aliento destinado a adjudicárselo como sea.

Los grupos de influencia de los poetas tutelares de cada momento histórico desde mediados del siglo XX dan cuenta de un entrenamiento exhaustivo en la técnica del desprestigio y del ninguneo, como también en la zalamería ramplona y la genuflexión ante el poder político de turno que es, finalmente, el que concede el reconocimiento. Todas las historias por la consecución del Premio que, con mucha sorna el poeta Nicanor Parra denominó Propina Nacional de Literatura, han permitido alimentar a cierto periodismo voraz en el descrédito y el escándalo, permitiéndoles vender algunos ejemplares más, pero que no ha logrado presionar al Estado por mayor transparencia y claridad a la hora de conceder tan alto galardón.

Hace unos años, solicité una reunión con quien era durante el gobierno de Sebastián Piñera el Presidente del Consejo de la Transparencia, Alejandro Ferreiro, con el objeto de manifestarle como periodista mi preocupación por la desidia estatal frente a un tema que cada año, no solo en el ámbito literario, elevaba el nivel de la temperatura de la discusión y enrarecía ambiente hasta la asfixia. Que no era justo para los aspirantes a los Premios Nacionales, de la disciplina que fuera, que los medios de comunicación en lugar de destacar sus cualidades y trayectorias académicas, científicas, artísticas o literarias se diera lugar al lobby grosero, al matonaje intelectual y a prácticas que bordean en lo mafioso. Sin dejar de mencionar, al machismo y a la ceguera de las voces originarias que impera a nivel transversal y que merece un análisis en solitario. Que el Estado era responsable debido a la escasa y casi nula información que entrega sobre estos Premio y que ha permitido la consolidación de una opacidad que nada bien le hace al país, al no dar a conocer, después de un tiempo prudente, las discusiones que se dieron al interior de las sesiones que permitan entender las razones de fondo de sus fallos. Que no es necesario que esta información se entregue de inmediato. En este sentido, el ejemplo de Estados Unidos en la desclasificación de información confidencial cada ciertos años por parte de sus organismos de seguridad y de otras reparticiones administrativas, le da a la ciudadanía la tranquilidad de que en algún momento todo quedará expuesto, que no hay secretos. Solicité entonces al presidente del Consejo de la Transparencia conocer las deliberaciones que los jurados hacían de los Premios Nacionales, cuestión que fue rechazada por no tener las atribuciones para ello.

Algunos años más tarde, la Ley de Transparencia me ha permitido hacer esta solicitud ante el Ministerio de Educación y me he enfrentado nuevamente al rechazo estatal.

En una carta fechada el 24 de junio de este año dirigida a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, le solicité lo siguiente: “documentación, del tipo que sea, escrita, digital, audio o video, que contenga íntegramente el registro de cada una de las deliberaciones de los jurados que han concedido los Premios Nacionales de Literatura, según la Ley 19.169 desde el año 1970 hasta la fecha. Esta solicitud incluye el Acta completa, como también el detalle de la deliberación en la que se identifique con claridad a la persona, como también los argumentos que esgrimió a favor o en contra de tal o cual candidato en su calidad de jurado (…) con el objetivo de transparentar y compartir estas discusiones con la audiencia, en beneficio del derecho a la información que nos asiste como ciudadanos”.

La respuesta fue recibida el 8 de agosto y firmada por la Coordinadora Nacional de Lobby, Transparencia y Presidencia del Ministerio de Educación Macarena Silva, quien estableció que según la ley sobre Acceso a la Información Pública “son públicos los actos o resoluciones de los órganos de la administración del Estado (…) salvo excepciones”, como es este caso. Asimismo, señala textualmente que “ no existe registro de las deliberaciones de los jurados que otorgan los Premios Nacionales regulados en la Ley 19.169, toda vez que dichas discusiones, tienen el carácter de confidencial, (…) reserva que se extiende además a la información que sus miembros hubieren tenido a la vista para discernir sobre los respectivos galardones”.

Solo indica que las Actas de los Premios Nacionales son el único documento de registro, donde ya sabemos solo se esgrimen los méritos del ganador, pero nada respecto de lo que allí se discutió.

La respuesta por parte del Ministerio es claramente insuficiente. Como periodistas y ciudadanos tenemos el deber de exigirle al Estado que abra una información que nos pertenece, ya que los Premios Nacionales reciben una pensión vitalicia que es pagada con recursos públicos. No hay razón para que no quede un registro de la discusión completa, al menos una grabación, que permita luego a la historia juzgar a los propios jurados para analizar sus dichos a la luz de los años y entender sus omisiones.

El rechazo por parte del Estado a través del Ministerio de Educación para dejar una versión aunque sea bajo la figura de un prudente resguardo de confidencialidad por unos años, muestra la falta de vocación de transparencia de la que tanto se jacta la administración pública.