El Sistema previsional en el que cotizamos casi todos los chilenos, impuesto en dictadura bajo el Decreto Ley 3.500, no ha sufrido cambios significativos. Es un sistema de capitalización individual y obligatorio, administrado por instituciones financieras privadas con fines de lucro. Existen en la actualidad 6 AFP funcionando en el país; la permanencia de ellas en el mercado se sustenta en la competencia. Todas son propiedad de grandes empresas: el grupo Metlife controla Provida, la sociedad de Inversiones Atlántico es dueña de Modelo, en Habitat participan Inversiones La Construcción y Prudencial Financial, Cuprum es controlado por Principal Financial Group, Capital pertenece al grupo empresarial SURA y Plan Vital es de propiedad mayoritaria de la sociedad de Asesorías de Inversiones Los Olmos, controlada a su vez por Atacama Investments Limited, cuyos accionistas ni las autoridades fiscalizadoras conocen.

A nivel global, este no es un modelo popular: la gran mayoría de los países del mundo ha optado por un sistema que combina la repartición con alguna forma de contribución individual.

La promesa dista de la realidad: la actual tasa de reemplazo es cercana al 30 por ciento, porcentaje que ni se acerca al 70 por ciento del salario de referencia comprometido cuando entró en vigencia el nuevo sistema. El futuro tampoco es promisorio: las proyecciones de la Comisión Bravo plantean que en 10 años más del 50 por ciento de las pensiones pagadas a quienes coticen entre 25 y 33 años tendrán tasas de reemplazo cercanas al 20 por ciento.

Miremos con atención los números. Según el último Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el 82 por ciento de los adultos mayores perciben una jubilación promedio que no supera los 201 mil 671 pesos, recibiendo las mujeres un monto menor respecto de los hombres. Según estadísticas de Fundación Sol un 94 por ciento de las mujeres jubiladas en la modalidad de retiro programado recibe una pensión menor a 154 mil 304. Para los hombres jubilados esta cifra es de un 87,5 por ciento. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 pensiones de vejez en la misma modalidad ya mencionada son inferiores a los 156 mil pesos y la edad efectiva de jubilación promedia los 67 años para las mujeres y 68,4 años para los hombres, lo que equivale a 7 y 3,4 años sobre la edad legal de retiro.

La Superintendencia de Pensiones define el retiro programado como la jubilación que paga la AFP en la que el monto que se calcula y actualiza cada año en base a índices como la rentabilidad del fondo, la expectativa de vida del afiliado y el saldo de la cuenta. Lo anterior implica que el monto de la pensión varía cada año y disminuye con el tiempo.

Contrastan con estas miserables jubilaciones las millonarias utilidades de las AFP. Pese a los sueldos precarios de buena parte de los cotizantes, pese a las lagunas y a la tasa de cotización, estas registran ingresos por sumas millonarias por las cotizaciones de los afiliados y, en menor medida, por los aportes del fisco para mejorar las pensiones. El año 2014, señalan investigadores de Fundación Sol , las AFP ingresaron 7,1 billones de pesos. El mismo año se registró un gasto de 2,8 billones de pesos en el pago de pensiones. Si sólo consideramos las cotizaciones mensuales de los trabajadores, tenemos que ingresan a las AFP 500 mil millones de pesos y se pagan 200 mil millones en jubilaciones y que durante los últimos 20 años han tenido una rentabilidad por año sobre el patrimonio de promedio 26,3 por ciento. A estos números habría que agregar que los adultos mayores de hoy están entre las primeras generaciones que se jubilan con el sistema de AFP.

Con estas cifras sobre la mesa, cabe preguntarse: ¿cuál sería la jubilación promedio si tuviésemos un sistema de reparto puro o mixto? En Chile la seguridad social es, como dice el dicho, negocio redondo. Para obtener tales ganancias, las AFP han capitalizado a los grandes grupos económicos que gobiernan nuestro país. Nuestras cotizaciones, por ende, se han convertido en el alimento base de nuestro modelo económico neoliberal.

Según cifras entregadas por investigadores en la materia, las AFP invierten más de 31 mil millones de dólares en 10 bancos que funcionan en el país. Uno de los principales, el Banco de Chile, pertenece al grupo Luksic. Las AFP también invierten en los grupos económicos que dominan el mercado en Chile: más de 6 mil 500 millones de dólares en 7 empresas del grupo Luksic, alrededor de 4 mil 500 millones de dólares en 9 empresas del grupo Matte, mil 850 millones de dólares en Cencosud, del señor Paulmann, el mismo que construyó en Santiago esa torre que se ve desde casi todos los miradores, dándole un toque más moderno a la capital; la Torre Oscura emplazada en el centro de nuestro Mordor provinciano. Los Angelini no se quedan atrás, con alrededor de mil 670 millones verdes. Los vilipendiados grupos Penta y Soquimich también han recibido históricamente una inversión contundente. En el caso de Soquimich, las AFP invierten cerca de 230 mil millones de pesos en 6 sociedades pertenecientes a este grupo, actualmente investigado por el caso Cascadas (estadística Fundación Sol).

La situación es circular: los trabajadores chilenos prestan sus ahorros a los grandes capitales nacionales e internacionales, los que, a su vez, en muchas ocasiones prestan dinero a los hogares, a altas tasas de interés. Somos, al mismo tiempo, financistas y deudores de los bancos. Contribuimos al crecimiento de multinacionales y otros grupos económicos que se caracterizan por pagar salarios bajos, obtener rentabilidades idílicas y concentrar el poder en los ámbitos en los que se desenvuelven. Y todo esto obligatoriamente. Menos los militares, y eso que nuestro sistema previsional es hijo de una dictadura militar (y cívica, por cierto).

Recientemente, Chile suscribió la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Antes, no habían instrumentos internacionales propiamente tales que resguardaran los derechos de las personas mayores en específico. Sí fijan los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de primera y segunda generación el respeto por la dignidad de toda persona; derecho que, a lo menos, queda en duda en el régimen actual de previsión social.

El sistema previsional que opera en Chile transgrede de manera brutal el derecho a la seguridad social, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de Filadelfia de 1994, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se solicitó “extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesitan” (Informe Derechos Humanos 2015 UDP).

Estamos sometidos a un sistema de pensiones en el que la solidaridad está ausente. Los que benefician de esta realidad, los que bregan por mantener un sistema de mercado sin límites, que se ha adueñado de bienes y derechos tan importantes como el agua o la seguridad social, podrán insistir en que el problema no son las AFP y menos el modelo de ahorro privado imperante. Veamos qué dice una reciente editorial de El Mercurio: “Las pensiones que entrega el sistema son influidas por muchos factores ajenos a los cotizantes, tales como el grado de formalidad del mercado laboral, la recurrencia de los ciclos de alto desempleo, el crecimiento de la economía nacional y mundial, la rentabilidad y la diversificación de las inversiones. Pero mientras no se entienda que forjarse una pensión digna, sin perjuicio de los aportes fiscales suplementarios, es principalmente responsabilidad de cada cual, el sistema será vulnerable a arrebatos populistas como los de estos días (cita extraída de artículo del investigador Benjamín Sáez).

Quedémonos con lo que los expertos en derechos humanos señalan en sus indagaciones: “Es urgente revisar el actual sistema de pensiones basado en la capitalización individual y avanzar hacia sistemas que incorporen el componente de solidaridad, pilar fundamental de la protección social en el mundo. En la actualidad el sistema de pensiones basado en Fondos de Administración de Pensiones, actúa como una fábrica de pobreza en la población de adultos mayores de nuestro país, donde vejez es sinónimo de empobrecimiento” (Informe Derechos Humanos 2015 UDP).