A más tardar en septiembre, la Corfo debe revisar un preacuerdo entre la corporación y la empresa minera Rockwood, respecto a la explotación del litio en el Salar de Atacama, convenido en febrero de 2016 entre las partes.

La aprobación de este preacuerdo significaría que la compañía minera pueda aumentar su cuota de extracción del metal, superando lo permitido a su competidor, SQM. Ambas empresas son las que, hasta el día de hoy, tienen permitido la explotación del litio en nuestro país.

La reservas del elemento químico en Chile representan el 57 por ciento a nivel mundial, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, y en febrero pasado, el Gobierno anunció la ejecución de una política del litio, en la cual se ratificó su carácter estratégico y no concesible.

Sin embargo, este preacuerdo entre Corfo y un privado puso en tela de juicio el carácter “no concesible” declarado por el Gobierno. Además, la falta de una reglamentación aumenta las dudas respecto a la forma de cómo se procederá a la explotación del mineral, y el rol que tendrá el Estado en el ejercicio.

Incluso, el presidente de la ONG Recuperemos el Cobre de Chile, Julián Alcayaga, llamó la atención en la ilegalidad de que Corfo conceda contratos para extracción del metal, facultad constitucional que compete a la presidencia de la república.

“Corfo no puede firmar contratos con ninguna una empresa sobre litio. Con nadie. Puesto que la constitución y la ley orgánica constitucional de concesiones mineras autorizan solamente al Presidente de la República para firmar los contratos especiales de operación. No puede el señor (Eduardo) Bitrán hacer un contrato de explotación, más encima, con una empresa por que él no tiene facultad legal ni constitucional para hacerlo”, explicó Alcayaga.

El experto también ha criticado que no se considere la industrialización de la materia prima, que se expresa, por ejemplo, en la fabricación de baterías o desarrollo de la energía solar, estrechamente relacionada con la elaboración de baterías y dispositivos de almacenamiento de energía.

Alcayaga comentó que urge establecer que de antemano se obligue a trabajar el metal y que no salga del país sólo como materia prima.

“Lo que importa es cómo nosotros vamos a explotar el litio. Si el Estado chileno y digamos, el Presidente de la República quien está autorizado, hace un joint venture con cualquier empresa extranjera para explotar el litio, pero siempre cuando el litio sea industrializado en Chile. Pero bajo ningún concepto autorizar que el litio salga como materia prima fuera de Chile. Porque si se autoriza ahora, jamás nunca posteriormente el Estado podrá obligar a una empresa extranjera a industrializar el litio en Chile, porque se opone el TLC con Estados Unidos”, expresó Julián Alcayaga.

Mientras que en Argentina y Bolivia han desarrollado importantes planes de inversión y explotación del mineral, Chile ve amenazado su liderazgo en la región ante la falta de una reglamentación clara que defina el rol de los potenciales actores a involucrarse.

El diputado independiente y miembro de la comisión de Minería, Gaspar Rivas, calificó de “estratégico” el asunto, y aboga a que el Estado tenga una participación preponderante en el desarrollo de esta industria.

“En ese aspecto, las reservas de Chile son estratégicas. No solamente para el país sino para el resto del mundo, y eso nos lleva a nosotros a tener que plantearnos la necesidad como Estado de poder controlar esa mina de oro que tenemos, que es fuente de recursos de financiamiento de un montón de cosas importantes para los chilenos y chilenas, como la salud, la educación, la previsión social; y también para un proceso a mediano o largo plazo de industrialización”, señaló el diputado.

Agregó que no se puede permitir que empresas extranjeras aprovechen la complacencia del Estado para que venga a explotar este recurso natural, enfatizando que los recursos que genere la industria del litio deben quedar en el país.