Señor Director:
Más allá de mostrar preocupación que demuestran, tanto la ministra Javiera Blanco, como la diputada Marcela Sabat, éstas líderes de opinión por los niños, niñas y adolescentes usuarios del sistema Sename, preocupa la percepción que los dirigentes políticos tienen respecto de la infancia en Chile.
Afirmaciones como estas nos recuerdan a los planteamientos que se formulaban a principios del siglo XX, en especial en la década de los 20, donde la preocupación pública por la situación del niño estuvo marcada por la cuestión social. Se planteaba, entonces, que la modernización del país dependía, directamente, del mejoramiento de las condiciones de vida de los seres más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, en especial, los niños y niñas que representaban el futuro de ésta. Esta mirada de infancia desvalida, nos lleva a considerar a los niños, niñas y adolescentes como “objetos de derecho”, quienes deben ser protegidos, controlados y supervisados por adultos que tienen más experiencia y son portadores de mayores conocimientos.
Cabe recordar que el 14 de agosto de 1990, Chile ratifica el Convenio Internacional “Convención sobre los derechos del niño”, y desde entonces han pasado más de 25 años, en los cuales el país ha construido una mirada hacia la infancia considerándola como “sujetos de derechos”. Esto implica reconocer que les corresponden los mismos derechos y garantías que a los adultos, más otros especiales, de acuerdo a su condición de vulnerabilidad.
En este marco, en marzo del 2016, la Presidenta Bachelet, envía un proyecto de ley “Política Nacional de la niñez y adolescencia 2015 – 2025”, creada por el Consejo Nacional de la Infancia de Chile, al que pertenece la Ministra Javiera Blanco. Esta política, pretende abordar de manera integral la realidad de la niñez en Chile, respondiendo a una de las principales recomendaciones que el país ha recibido del Comité de Derechos del Niño, desde que ratificó la Convención. Esto implica la derogación de la ley N° 16.618 de menores que contiene normas propias del sistema tutelar, fundada en la doctrina de los menores en situación irregular, donde prima la lógica paternalista, controladora y represiva del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes. Preocupa, entonces, que líderes políticos, que se encuentran diseñando y evaluando estas leyes, tengan una mirada de infancia obsoleta, que interfiere con los avances que las propuestas hacia la niñez están construyendo: que reconocen a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, en igualdad de derechos que los adultos.
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