El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, emitió un informe sobre el incumplimiento del Estado de Chile en relación con la implementación dela Protocolo contra la Tortura.

Este protocolo implica la creación de una entidad que tiene como objetivo prevenir prácticas de vejámenes y proteger a las personas privadas de su libertad que pudieran sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En este sentido, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, indicó que el gobierno no está dando prioridad a este problema, tomando en cuenta la importancia que debe tener el tema en un país donde la tortura fue recurrente en tiempos de la Dictadura cívico-militar.

“Da la sensación de que a estos temas no se les está dando prioridad, sólo a la tipificación de delito de tortura y no hemos visto una indicación más clara de prioridad, por ejemplo respecto al mecanismo nacional de prevención de la tortura, no hay un proyecto de ley para modificar la justicia militar”, afirmó.

La conclusión alcanzada por este organismo se realizó luego de que un grupo de sus funcionarios visitaran nuestro país en abril pasado, oportunidad en la que realizaron una serie de encuentros y entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad. Además, se entrevistaron con personal de Gendarmería y Carabineros e integrantes de los equipos médicos de algunas cárceles en distintas ciudades.

En este sentido, Ana Piquer manifestó su preocupación por la serie de denuncias de torturas y apremios ilegítimos, principalmente contra jóvenes además de la aplicación de la justicia militar, cuestión que permite que imponga un manto de impunidad en este tipo de causas.

“Mujeres que han dicho que las han tocado, desnudez forzada, golpeado. Que son tratos que no corresponden y que es fundamental que se investiguen. Claro, para que quede investigado y sancionado, debe haber reformas legales. Si son estos hechos de tortura que exista el delito para sancionar y por otro lado, cuando son cometidos por carabineros, con mucha frecuencia son vistos por la justicia militar que no da las garantías de independencia e imparcialidad”, sentenció.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU entregó a la Presidenta Michelle Bachelet una serie de recomendaciones, tendiente a solucionar este problema, aunque de carácter secreto por petición del propio gobierno.

Al respecto, el Investigador y Editor General del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, manifestó su preocupación por el considerable aumento de denuncias interpuestas en la justicia ordinaria. En 2006 fueron sólo 14 causas que se verificaron por denuncias de apremios ilegítimos, mientras que en 2016 van más de 200, “las que tarde o temprano terminan en la justicia militar donde quedan en nada”, indicó.

“La justicia militar tiene una tasa de sentencia que va desde el 0,4 a 0,8 por ciento de todos los casos denunciados, o sea, ahí una denuncia por violencia termina en nada, y hay miles de denuncias. Estamos bastante mal la verdad, porque estamos de acuerdo en que hay que eliminar o modificar radicalmente la justicia militar”, indicó.

El Ejecutivo tendrá como fecha límite el próximo 26 de diciembre para elaborar una respuesta oficial.

Recordemos que el Ministerio de Justicia impulsa el proyecto de ley que tipifica específicamente la tortura como delito, aunque su futuro es incierto, en un escenario político muy convulsionado para el gobierno y con varias iniciativas pendientes.

Así, en materia de Derechos Humanos y manteniendo el tono de las últimas décadas, Chile seguirá acumulando deudas en este tipo de materias.