El abogado querellante en la causa, Cristián Cruz, señaló que la decisión de Juan Emilio Cheyre de no viajar a Colombia se explica, en primer lugar, en la rabia e inconformidad que generó la solicitud del ex general entre los familiares de ejecutados políticos y que “que no se condice con su condición de estar procesado por graves crímenes”, aseguró el abogado.

“En segundo lugar, quedó bastante claro lo que dijo Naciones Unidas: no admitimos delincuentes, no admitimos personas con procesos penales y, por lo tanto, está bastante claro. Naciones Unidas tiene cosas importantes qué hacer y qué decir en Colombia y en otros lugares, entonces para que se haya dado el tiempo la ONU de referirse específicamente a Cheyre, hay que considerar la magnitud de la ofensa, de lo que él planteó y por lo tanto las consecuencias que ello conlleva”, aseguró el abogado.

Esto, en relación con las declaraciones del encargado de Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia, Jean Arnault, quien descartó la participación oficial de Cheyre esgrimiendo que “tiene antecedentes penales y es una regla absoluta que cualquier persona, civil o militar, que tenga antecedentes penales no puede llegar a ser observador, este señor no tiene posibilidad de llegar a Colombia como observador”.

Sobre la reapertura del caso Caravana de la Muerte, en su episodio de La Serena, luego del documento presentado por los querellantes en el cual se verificaría la vinculación directa entre la cárcel de la ciudad, en donde estaban detenidas las 15 víctimas mortales de la comitiva liderada por Sergio Arellano Stark, con el “Regimiento Arica”, desde donde se dio la orden para retirar a dichas personas.

El jurista sostuvo que la decisión del juez Mario Carroza se condice con lo que siempre han planteado desde los sobrevivientes hasta gendarmes de la época, que apuntan a la responsabilidad directa del Regimiento, en el cual Cheyre ejercía como teniente, en el retiro de los prisioneros de la cárcel, y no en que fue el entonces comandante Marcelo Moren Brito, integrante de la Caravana de la Muerte, quien llevó a cabo esta acción.

“Lo más importante es que las defensas de los procesados no pueden responsabilizar a (Marcelo) Moren Brito, como lo han intentado, es decir llegaron a tal nivel, con nombre y apellido, de responsabilizar a Moren Brito de retirar a las víctimas de la cárcel, y este documento desecha la última gran barrera que a ellos les permitía sostener una argumentación –más allá de que no era creíble- ya ni siquiera pueden esgrimir esta última barrera, es decir responsabilizar a un muerto de las víctimas desde el recinto carcelario”.

Finalmente, el abogado señala que estas nuevas revelaciones apuntan a que en el secuestro, tortura y ejecuciones de las víctimas “el rol de los militares de La Serena fue fundamental, sin ellos nada de esto hubiese ocurrido”, concluyó Cristián Cruz.