En las pasadas fiestas patrias, 32 personas murieron en accidentes de tránsito. Este número se acerca al promedio de los últimos años, a pesar de las campañas preventivas y la promulgación de las leyes Tolerancia Cero y Emilia.

Es precisamente la ley que tuvo el nombre de la niña que falleció en un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad, la que en estas fechas cumple dos años de su entrada en vigor.

Las cifras obligan a un análisis y para eso conversó con Diario y Radio Universidad de Chile la presidenta de Fundación Emilia y madre de la bebé, Carolina Figueroa.

Frente a la cantidad de muertes y el aumento de detenciones por conducción en estado de ebriedad ocurridas en el último festivo, Carolina Figueroa comentó que es necesario reforzar las campañas para una educación vial más responsable, pero que este ítem debe ir enmarcado en una política pública permanente y que incluya a todos los actores que utilizan las vías.

“Lo que falta es hacer una política pública que sea un paraguas integral. En definitiva, efectivamente las campañas han estado enfocadas en la conducción bajo estado de ebriedad o la influencia del alcohol, dejando otro tipo de negligencias fuera. Como por ejemplo, el exceso de velocidad, el hablar con el celular en la mano, y que los peatones también se hagan responsables de que ocupan las vías y que tienen que ser partícipes también de todo lo que es la prevención”, expresó la dirigente.

El rol de los peatones en las responsabilidades en los accidentes de tránsito, se vuelve preponderante, si se considera que casi la mitad de las muertes en las últimas fiestas patrias correspondieron a peatones.

Carolina Figueroa agregó que este tipo de campañas es necesario mantenerlas todo el año. Además, señaló que si bien suelen reforzarse en fiestas patrias, no es septiembre el mes más crítico en muertes, sino que hay otros siete meses con peores cantidades.

Frente a eso, indicó que desde Fundación Emilia se han encargado de poder suplir en parte esta carencia instalando campañas a lo largo del año, llamando la atención a que las campañas tengan un tenor propositivo.

Respecto a la implementación de la Ley Emilia, Carolina Figueroa dijo que ha sido de “dulce y agraz”, debido a que en algunos casos, los tribunales de alzada rebajan las penas a condenados por accidentes en estado de ebriedad.

“En qué sentido de dulce y agraz, tenemos algunas condenas en las cuales la familia ha logrado una justicia reparadora. Si bien en casi todas las condenas se ha prevalecido el año de cárcel efectivo, no hemos conseguir de forma generalizada que sean condenas más allá de eso, porque básicamente la Ley Emilia quedó con un piso muy bajo, que parte en tres años de presidio, y debido a esa condición no conseguimos condenas de cárcel efectiva más amplias”, acotó.

La presidenta de la Fundación Emilia declaró que es necesario aumentar las penas mínimas a quienes son condenados por estos delitos y reformar el delito de fuga, ya que dice que “debido a las ventanas que quedaron abiertas en la comisión de Constitución y Justicia del Senado”, la fuga no está siendo considerada por tribunales, lo que genera que las personas involucradas en accidentes no presten auxilio a víctimas, debido a la baja sanción que tiene el omitir esta acción.

Carolina Figueroa indicó que instarán al parlamento a revisar la normativa para que pueda tener un alcance más efectivo y se considere también una mayor protección las víctimas en los procesos penales, asignando recursos para poder llevar adelantes sus diligencias judiciales.

“Debido a los problemas que presentamos con la Ley Emilia, nosotros volvemos al Congreso. Estamos pidiéndoles a la comisión de Constitución y Justicia que revise y reforme aquellos parámetros está fallando la interpretación de la Ley Emilia en los tribunales de este país, y que también exigimos a las autoridades, que también en algún momento se den cuenta que las víctimas también tienen que tener voz y voto dentro de los procesos penales”, expresó.

La presidenta de la fundación dijo que hace falta por parte del Estado una política pública y mayores recursos que apunten no sólo a mejorar los procesos judiciales, sino también a promover programas permanentes de educación y convivencia vial para toda la población.

“Tú te das cuenta que no hay ninguna voluntad política de considerar que la seguridad vial es una política pública que necesita ser amparada por un presupuesto viable y  también por una voluntad política permanente. Sin esas dos cosas, es muy difícil hacer un cambio cultural en dos años. Estamos hablando de cosas de largo plazo”, indicó.

Por último, concluyó que este proceso de largo aliento debe tener de la mano la colaboración del Gobierno en términos educativos y de prevención y la conciencia de los mismos ciudadanos con el fin de bajar el número de fatalidades.