Máxima Acuña tiene 46 años y fue reconocida con el premio Goldman 2016 por su defensa al medio ambiente en América Latina. El pasado domingo 18 de septiembre, la activista peruana fue agredida y desplazada de sus tierras donde se instala la minera de oro Yanacocha, la más grande de la región.
Fueron cerca de veinte funcionarios de seguridad privados, entre otras personas, que acudieron hasta sus terrenos y destruyeron los cultivos que Máxima mantenía junto a su esposo, Jaime Chaupe, en la ciudad de Cajamarca, Perú.
“La golpearon con sus escudos, le desabotonaron su blusa, la han arañado dejándole seria heridas en la cara, el pecho y las piernas, incluso la tuvieron en parte secuestrada”, relató su hija mayor, Ysidora Chaupe, a medios locales.
Una situación que desde 2011 se ha reiterado para la familia y también para los manifestantes que denuncian la intervención del proyecto minero Conga en la zona, perteneciente a la corporación Newmont de capitales estadounidenses.
En 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano proteger a 46 líderes ambientalistas que estarían siendo afectados en su integridad, entre ellos, Máxima. Por lo mismo, fue amparada con medidas cautelares ante cualquier situación que configure una vulneración a sus derechos fundamentales.
Imagen del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha.
Sin embargo, el jefe de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, Agustín Moreno, reconoció que estas medidas de protección no se estarían cumpliendo. “Esta medida cautelar para garantizar la integridad de la señora Chaupe no está dando muchos resultados. Por lo mismo, se deben reforzar estas medidas para ella y su familia. Lo importante es que este hecho pueda ser canalizado a través del Ministerio Público para iniciar una investigación penal”, señaló.
Mientras, la integrante de la iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, Alejandra Burgos, recalcó la necesidad de generar evidencia sobre la situación de riesgo que enfrentan las mujeres activistas, principalmente, por la criminalización de género existente. “Estas agresiones suelen estar acompañadas de estereotipos de género asociadas sólo al hecho de ser mujeres. Suelen haber incriminaciones, acoso sexual, amenazas contra las hijas de las defensoras, hay también campañas de desprestigios por sus orientaciones sexuales”, detalló.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), su director, Lucio Cuenca, afirmó que esta es la consecuencia de una estrategia agresiva del modelo extractivista que opera bajo la “vieja lógica de conseguir bienestar a corto plazo a partir de la destrucción del medioambiente”.
Cuenca señaló que la resistencia de Máxima y de su familia se ha transformado un caso emblemático para la región. “Encuentras situaciones de este tipo en distintos países de la región, El Salvador, Guatemala, México, Ecuador, países donde no existían esta cantidad de proyectos y donde hoy existe una presión muy fuerte por parte de capitales trasnacionales”, comentó.
La minera Yanacona extrae aproximadamente 300 kilos de oro diarios y opera desde 1993 en cuatro cuencas de Cajamarca. Actualmente, tiene cuatro minas a cielo abierto y otros dos proyectos en desarrollo. La empresa denunció por hostigamiento y actos criminales a 22 de los herederos de este terreno porque aseguran que fueron invadidos por la familia Chaupe pese a que figuran como dueños del sitio hace 20 años. Sin embargo, la justicia internacional desestimó la causa.
Por esta situación particular han dicho que presentarán un vídeo donde se observa a Máxima agrediendo a personal de la empresa. Sin embargo, como han dicho sus familiares, ella estuvo prácticamente sola durante la semana hasta que accedieron de manera violenta al sector que se encuentra en litigio judicial y donde se emplaza su vivienda. “Ellos pueden hacer lo que quieran porque tienen las condiciones suficientes para hacerlo. Ellos provocan, entran y salen de este territorio, y luego acceden sólo para generar este tipo de abusos”, insistió la hija de Máxima.
