Luego de darse a conocer el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, quien fuera obligada a dar a luz engrillada y vigilada por gendarmes, organismos de derechos humanos y médicos reaccionaron con preocupación.

El coronel y director regional de Gendarmería, Christian Alveal, aseguró que “ningún elemento de seguridad permanecía adosado a los tobillos de la interna”, desmintiendo la versión de la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán y de la Defensoría Penal Pública.

No obstante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) apoyó a esta última entidad en su presentación de un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción al considerar un atentado contra la dignidad y derechos de la comunera los hechos ocurridos.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la jefa regional del INDH, Carolina Chang, afirmó que este crudo trato es constitutivo de vulneración de derechos no solo hacia las personas privadas de libertad sino también hacia las mujeres.

La abogada se reunió con el director regional de Gendarmería, Christian Alveal, quien le indicó que abrirán un sumario administrativo y se tomarán acciones para prevenir estos hechos a futuro. Asimismo, deberán responder hoy al recurso de amparo.

“Lo que se busca es que se declare que el actuar de los funcionarios de Gendarmería en este caso fue ilegal y la Corte puede establecer todo tipo de medidas para reestablecer el imperio del derecho. Esto en otros recursos de amparo se ha traducido en, por ejemplo, que Gendarmería determine protocolos de actuación, que los cumpla, que se abran los sumarios administrativos, investigación penal a través del Ministerio Público. En ningún caso dice relación con la pena a la que está sujeta la mujer privada de libertad”.

Representantes del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, este miércoles entrevistaron a la víctima para comprobar si había sufrido tortura y de acuerdo a su relato, se habría demostrado que los hechos son veraces.

Asimismo, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, sostuvo que hubo un exceso de celo en la seguridad aplicada y llamó a las autoridades a tomar medidas.

En tanto, para la codirectora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, en este caso hubo una violación a un justo y debido proceso en igualdad de condiciones que el resto de la población.

“Me parece que si las instituciones chilenas no dan respuesta, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debiera pronunciarse. Aquí se dan las condiciones para una medida cautelar”.

Amnistía Internacional mediante una declaración pública expuso que de ser ciertas las informaciones sobre la comunera, “se violarían también los derechos específicos que consagran el Convenio 169 de la OIT y la declaración ONU en relación a los derechos de los pueblos indígenas”. Además instaron a las autoridades a esclarecer los hechos a la brevedad.