La prensa decía que la pelea electoral por la alcaldía de Valparaiso era entre Jorge Castro (UDI), apoyado en pleno por los seguidores de Piñera, y Leopoldo (DJ) Méndez, apuntalado por la desperfilada Nueva Mayoría, hoy conocida como Nueva Minoría. Al candidato de la ciudadanía organizada bajo el alero de la iglesia La Matriz, nadie le daba posibilidades hasta que se produjo el debate televisivo en CNN Chile en donde Jorge Sharp demostró en cámara sus conocimientos y potencialidades para ejercer el cargo.

En ese programa, visto por cientos de miles de telespectadores de todas las edades, no solo porteños, en el cual sus contendores revelaron sus debilidades, se catapultó su ascenso gracias también a un esforzado trabajo de base.

El triunfo de Sharp fue arrollador, pues obtuvo el 54% de los sufragios válidamente emitidos, y lo interesante es que también salieron electos, como concejales, dos arquitectos afines al alcalde, quienes conocen muy bien lo que sucede en esa ciudad puerto declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El presidente regional de la Cámara de la Construcción, el presidente de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), el intendente de la V Región de Valparaíso pusieron en duda la capacidad del joven abogado, quien deberá implementar una reingeniería total en el municipio que asumirá como máxima autoridad en diciembre próximo. Ello, para fijar políticas urbanas sustentables acorde al mandato de sus votantes y de su propio deseo.

Un diario impreso en papel, a raíz de los proyectos Terminal Nº 2 y mall Barón, tituló con insolencia desmedida la crónica “Intendente advierte a Jorge Sharp sobre las funciones del alcalde”, en la cual el funcionario de confianza de Bachelet, creyéndose su superior jerárquico, le trasmitió que esas dos iniciativas eran legales y que las normas jurídicas se deben respetar. Es decir, asegurando que todo estaba en orden (sic), lo cual es una falacia.

El mismo medio, un día anterior, reprodujo los dichos del presidente de la EPV en un reportaje titulado “Puerto Valparaíso pide a alcalde electo apegarse a la institucionalidad vigente”, con lo cual compitió con el intendente regional en ser osados, ya que con sus dichos audazmente le advierte a Sharp que su empresa pública no aceptará la necesaria revisión de ambos proyectos de inversión.

Los tres personajes antes nombrados están al tanto, aunque no lo reconocen públicamente, del sinnúmero de ilegalidades de todo orden (ambiental, vivienda y urbanismo y patrimonio) que tiene el proyecto de estructura comercial de la empresa Plaza Valparaiso S.A., filial de la influyente y poderosa Falabella S.A. Esa empresa del retail desea edificar sobre un terreno costero de 12 hectáreas, de propiedad de EPV, en cuyo subsuelo se encuentran antiquísimos y diversos restos arqueológicos, asunto que está analizando el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

A modo de ejemplo, le recordamos al presidente de la EPV que la Contraloría, mediante un dictamen, declaró contrario a derecho una modificación al permiso del centro comercial, mediante el cual se agregó una nueva edificación consistente en un terminal de pasajeros VTP. Aparentemente ese señor tampoco sabe que la solicitud de reconsideración planteada por su empresa pública fue desestimada por el ente fiscalizador el 13 de junio de 2016.

Recordemos que la estatal concesionó “a lo compadre” su terreno a la empresa aludida. Es decir, con privilegios económicos, entre otras cosas, vulnerándose la propia Ley de Puertos, estatuto vinculante para la EPV. Por lo anterior, dado que estábamos ante un escenario verdaderamente fantasmagórico, como fundación Defendamos la Ciudad, nos vimos en la obligación de expresárselo personalmente el 6 de octubre pasado a la presidenta del Sistema de Empresas Públicas (SEP), ente superior de la EPV, lo que ratificamos por escrito en completa presentación descriptiva del reciente 20 de octubre.

La alianza público-privada en comento tuvo el descaro, en una modificación del contrato de concesión, de mentir explícitamente sobre el catastro de los restos arqueológicos, pues en ese documento oficial aseguraron, como buenos actores de comedias, que ambas partes no sabían de su existencia a pesar de que los mismos estaban declarados en el instrumento normativo local y en la propia Resolución de Calificación Ambiental Nº 23 cursada por las autoridades de la V Región. Con esa farsa se liberó al privado titular del proyecto a asumir los costos inherentes a sus protecciones y la dadivosa EPV se obligó a pagar esa obligación monetaria impuesta por el CMN.

Desmintiendo a las autoridades promotoras del mall de la discordia, debemos señalar que el permiso de edificación Nº 79 del 14 de febrero de 2013 cursado por la otrora Directora de Obras de la Municipalidad de Valparaíso cometió errores, muchos insubsanables, como por ejemplo que el proyecto no enfrenta vías idóneas, que el terreno es inundable en un eventual tsunami, los cuales, más otros tantos, se aprecian en columna publicada por mí y los porteños Jorge Bustos y Manuel Millones en el año 2014 en Ciper, ver link.

El mismo Jorge Bustos, con otros ciudadanos informados, interpusieron un recurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del invasivo mall, calificado como equipamiento mayor en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y como esa instancia judicial regional manifestó que ellos no tenían legitimación para recurrir ante la justicia, apelaron ante la Corte Suprema, la que ordenó perentoriamente a la Corte de inferior rango a estudiar y resolver en derecho sobre la materia de fondo planteada. A esta fecha no hay sentencia, la que posiblemente se conocerá en los días previos a la asunción de Sharp al cargo.

Independientemente de lo que suceda con el Terminal 2 y con el mall Barón, proyectos que tanto patrocinan los que tienen el poder político y sus tutores privados, lo que sí está claro es que con el nuevo alcalde se acabarán las pillerías y los arreglines, porque a partir de diciembre próximo quien ejercerá el mando en el municipio será la ciudadanía organizada, y por ello esperamos que el contumaz moroso Congreso Nacional, donde se tramitan las leyes, le pague a la brevedad la deuda de más de mil millones de pesos que tiene con la Municipalidad de Valparaíso y que regularice las construcciones truchas existentes en ese edificio clandestino, pues a la fecha no cuenta con el certificado de recepción final de obras. Constatándose este despropósito, estimamos que Chile es el único país del mundo en donde las leyes se aprueban en un edificio ilegal: es un record Guinness.

Y ya que estamos hablando de edificaciones ilegales, estamos seguros que nunca más en Valparaiso se otorgarán permisos con violaciones al marco regulatorio, trampas que siempre han favorecido a los apitutados titulares de ciertos proyectos, tal como lo hemos acreditado en distintas oportunidades, materia conocida por todos los incumbentes de alto y bajo rango, pero jamás divulgada porque en el Chile de las elites que observan desde la estratósfera, es de mal gusto afirmar que estas lacras están insertas en la institucionalidad.

Desde la contaminada y congestionada Región Metropolitana de Santiago saludamos a Sharp y al Pacto Urbano La Matriz, quienes están decididos a hacer política con mayúscula, luego de verdad, para así iniciar democráticamente, escuchando a los porteños, la necesaria transformación de Valparaíso, que será muy bien vista por la Unesco y por todos aquellos que promovemos la inversión privada sustentable y enmarcada en la ley.