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Nuevo acuerdo de paz en Colombia

En una maratónica ronda de discusiones que se prolongó por tres semanas, los representantes del gobierno colombiano y de las FARC introdujeron en el nuevo acuerdo 56 de los 57 temas en que se agruparon las 500 propuestas de los detractores del acuerdo inicial y de otros sectores políticos y sociales. Solo el reclamo de los partidarios del NO, de que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos, no fue tenido en cuenta

RFI

  Lunes 14 de noviembre 2016 10:50 hrs. 
Dialogo-de-Paz-Colombia


Al anunciar el nuevo Acuerdo, el presidente Juan Manuel Santos dijo a los colombianos que deben entender que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. “Este proceso con las FARC no es una excepción, ni puede serlo. Las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”, enfatizó el mandatario. Y agregó que los guerrilleros no tendrán curules a dedo, pero sí podrán ser elegidos.

El presidente Santos detalló igualmente las precisiones, los ajustes y los cambios que se hicieron al nuevo acuerdo que, a partir de este lunes, se dará a conocer públicamente.

En primer término, explicó Santos, se especifica en el texto acordado que las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y que dichos bienes devueltos se usarán para reparar a las víctimas.

Respecto a la pena de la restricción efectiva de la libertad de los guerrilleros (y no la privación total de la libertad) que tanto encono creó en los voceros del No y resquemores en los del Sí, el acuerdo precisa ahora, dijo el presidente, que un Tribunal debe fijar en cada caso particular los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción, así como la imposición del deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.

Igualmente, se establece que el tiempo que los ex guerrilleros purguen su pena dentro de las zonas veredales Transitorias de Normalización se le tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación.

Aunque la elegibilidad política de los guerrilleros queda consagrada, el nuevo texto establece que el partido que surja de la reincorporación de las FARC no podrá inscribir candidatos para las curules transitorias en la Cámara de Representantes. Y sobre el tan criticado tema de la financiación para la formación política en que se transforme el grupo guerrillero, el acuerdo la redujo desde el primer año en 30% con el objetivo de que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.

El tan atacado punto de la Jurisdicción Especial de Paz también fue modificado. El nuevo acuerdo limita a 10 años el funcionamiento de los tribunales de paz y sólo se podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años. Las ONG ya no podrán actuar como fiscales y acusar sino únicamente presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal.

Una de las grandes modificaciones en el tema de la Justicia Transicional respecto al primer acuerdo es la eliminación de las cortes internacionales. Según se acordó, en los procesos adelantados dentro del marco de la Justicia Especial para la Paz ” todos los jueces serán colombiano, no habrá extranjeros, y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes”, explicó el jefe de Estado.

Tranquilidad también para los militares retirados que veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. El mandatario colombiano informó al respecto que se logró una fórmula que garantiza a los soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero “con total seguridad jurídica”.

Una de las principales preocupaciones del Centro Democrático, principal detractor del Acuerdo inicial, era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y la eventual expropiación por fuera de la ley ya vigente. “Han surgido algunas inquietudes sobre la legislación agraria que no hacen parte del Acuerdo de Cartagena. Por tal razón, se crea una comisión de expertos para revisar esos temas”, anunció Santos.