Tomando en cuenta los microdatos de la CASEN 2015, podemos realizar una mirada al empleo en el sector público. A partir de esto, resulta posible analizar la distribución nacional de empleados públicos y aproximar algunas conclusiones respecto de su composición y salarios según sexo. Este ejercicio se desarrolla con profundidad en un reciente documento de trabajo de la serie Ideas para el Buen Vivir de Fundación SOL. A continuación, se presentarán algunos resultados de la indagación antes mencionada, haciendo énfasis en la realidad de las mujeres que trabajan en el sector público y pertenecen al gobierno central o municipal.
Hablar especialmente de las mujeres que laboran en el sector público no es para nada antojadizo, esto tiene especial relevancia a la luz de las cifras de distribución por sexo de quienes trabajan en el Estado, según lo cual un 61,86 por ciento corresponde a mujeres. Este porcentaje equivale a 366.038 personas del sexo femenino, de las cuales el 19,73 por ciento se concentra en la Región Metropolitana, la cual acumula el porcentaje más alto dentro de la distribución nacional para el género. Por otro lado, las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes son las que presentan el menor número de mujeres laborando en el sector público, llegando a un 0,89 por ciento, 0,86 pro ciento y 0,56 por ciento respectivamente, en relación al total nacional de mujeres.
Respecto a los salarios de las mujeres trabajando en el sector público, es posible señalar que a nivel nacional 1 de cada 2 trabajadoras recibe un ingreso que no supera los $400.000 líquidos al mes. Esta situación se vuelve todavía más delicada si observamos las regiones de Coquimbo, Maule y Araucanía donde la mediana salarial alcanza los $350.000 en los dos primeros casos y los $360.000 en la última región mencionada. Estas tres regiones suman un total de 67.467 trabajadoras del sector público.
Un análisis de percentiles nos permite observar cómo se comportan los datos dentro de la distribución general en partes iguales, esto nos permite ir más allá del promedio, el cual actúa como medida de tendencia central, es decir, en torno al cual se ordena la mayoría de los datos, pero ocultando implícitamente aquellos valores más altos o bajos. Los percentiles ayudarán a ver qué ocurre si miramos secciones exactas de la distribución de datos, en este caso abordaremos la mediana, que corresponde a la mitad de los datos o menos y el percentil 60, que equivale al 60 por ciento de los datos de empleo femenino o menos.
En relación a los ingresos de hombres y mujeres del sector público, una primera señal que arrojan los datos es que las mujeres reciben en promedio hasta $194.013 (36,3 por ciento de diferencia) menos que los hombres. Si observamos la mediana salarial, es decir lo que reciben el 50 por ciento de mujeres y hombres, la diferencia se estrecha a $100.000 (25 por ciento de diferencia). Con ambas medidas, las mujeres resultan ser las que reciben salarios relativamente más bajos. Resulta importante tener en cuenta estos datos a la luz de la distribución por sexo mencionada más arriba, pues, si bien los salarios masculinos son relativamente más altos que los femeninos dentro del sector público, son estos últimos los que podríamos señalar como los más representativos de sector, ya que corresponden a prácticamente 61 de cada 100 trabajadores públicos.
Las regiones que presentan los salarios más altos para mujeres del sector en análisis son Tarapacá, Aysén y Magallanes, alcanzando ingresos de hasta $700.000 para el percentil 60 de la distribución, es decir, tan solo 4 de cada 10 mujeres ganarían por sobre esa cifra, en las regiones señaladas. Cabe recordar que dichos territorios son además los que presentan la menor cantidad de mujeres trabajando dentro del gobierno central o municipal, salvo Tarapacá que representan el 1,11 por ciento del total nacional de mujeres, lo que la deja como la cuarta región con menor incidencia femenina en el empleo público a nivel nacional.
Para este análisis, se ha dejado fuera a quienes trabajan bajo el régimen de honorarios en el sector público, esto considerando que las estadísticas disponibles son de baja calidad, lo que podría inducir a interpretaciones que no sean del todo representativas. No obstante, resulta necesario profundizar estas indagaciones y tener una radiografía aún más compleja del empleo público, para esto es el Estado el primer actor implicado para asumir una responsabilidad en torno a las formas de precarización del empleo que se presentan en su estructura. De todos modos, las indagaciones aquí presentadas logran abordar la realidad de 591.706 trabajadores del sector público y dejan abierta la invitación a nuevas perspectivas y debates en torno a la realidad del empleo público y del Estado como empleador en el capitalismo de este siglo, donde al igual que en siglos anteriores siguen siendo las mujeres las más perjudicadas.
*El autor es administrador público de Fundación SOL.
