“Hay un nuevo intento por imponer la impunidad en el país”, sostuvo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien identificó a la Corte Suprema como el principal actor para que se implementen beneficios carcelarios a quienes cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Dictadura.

La dirigenta sostuvo que a pesar de la falta de justicia, en los pocos casos que se han logrado sancionar con cárcel a quienes participaron de estos graves delitos, ahora se les pretende colocar como víctimas de un sistema penitenciario en donde gozan además de privilegios.

Lorena Pizarro llamó a dejar de cubrir de acciones humanitarias lo que está detrás de esta operación. “Tras esta operación política, concertada entre algún sector de la iglesia, la derecha política y medios de comunicación como el diario El Mercurio y el presidente de la Corte Suprema, es buscar recursos y resquicios para liberar a los violadores de los derechos humanos que están cumpliendo condena. Otra forma de impunidad, pero impunidad finalmente”.

La presidenta de la AFDD profundizó sus críticas con el máximo tribunal, el cual recordó, tiene un pasado comprometido con el terrorismo de Estado al rechazar sistemáticamente los recursos de amparo en favor de personas detenidas por organismos represivos de la dictadura y que luego fueron ejecutadas, desaparecidas o sometidas a torturas.

“Es la misma Corte Suprema que vergonzosamente fue parte tan activa del terrorismo de Estado y hoy día a través del presidente Hugo Dolmetsch, hace un aporte concreto para que los violadores de derechos humanos queden en libertad, desautorizando incluso una resolución contundente como la que hizo la Segunda Sala de la Corte Suprema, donde establece de manera contundente por qué los violadores a los derechos humanos no deben acceder a beneficios. Establece un precedente, sobre cuáles son las condiciones cuando los criminales de lesa humanidad pueden acceder a libertades y beneficios carcelarios y donde ninguno de los genocidas cumple hasta ahora con esas condiciones”, precisó la dirigenta.

Lorena Pizarro recalcó finalmente que es el derecho internacional en materia de derechos humanos el que establece que los delitos de lesa humanidad como los cometidos en Chile durante la dictadura militar no pueden ser objeto de beneficios carcelarios además que no se les pueden aplicar rebajas como se ha hecho reiteradamente por los tribunales nacionales.

Y aunque destacó que se realicen actos de memoria, para la dirigenta se trata de símbolos que no ayudan a resolver los problemas de fondo que son deudas pendientes del país, por lo que llamó al Gobierno a cumplir con sus compromisos asumidos en materia de derechos humanos.