El pasado 22 de noviembre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró “emergencia nacional” por la escasez de agua. El mandatario llamó a la población a “estar preparados para lo peor” luego de ampliar el racionamiento ante la peor sequía en 25 años.

Se estima que cinco de las nueve regiones del país están afectadas, pero con preocupación se pone atención en centros urbanos como La Paz y El Alto.

En medio de esta “crisis del agua”, se advierte que los glaciares de Bolivia se han reducido en un 40 por ciento. El nivel de agua del Lago Uru Uru en Oruro desciende dramáticamente mientras hace algunos meses se confirmó que el Poopó quedó sin agua, el segundo lago más grande del país.

Pero este escenario también preocupa en otro país de la zona andina. A principios de diciembre, el gobierno peruano extendió la emergencia por déficit hídrico a 17 regiones. Esto, por la falta de lluvias en la sierra norte y sur de nuestros vecinos. Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Puno, Tacna y Tumbes, son algunos de los departamentos que se incluyeron en esta nueva declaratoria oficializada mediante un Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano.

Bolivia fue declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global de la Tierra. Para el presidente Morales “el problema del cambio climático no solo es en Bolivia, sino en todo el mundo”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Oscar Campanini,

Coordinador general del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB, Cochabamba), comentó las cifras, historia y proyecciones del tema que pone en la mira a todos los países en este sector del continente.

Este tema, ¿era una bomba de tiempo?

 En el caso de Bolivia, la sequía es algo que ha afectado a algunas regiones de forma regular aunque cada vez más intensa. Por ejemplo, en el caso del Chaco, un ecosistema particular que está limítrofe con Paraguay y Argentina, lamentablemente está cada vez más afectado por la sequía y hace varios años sufre con el desabastecimiento de agua para consumo doméstico. Pero también se presentan importantes impactos en la actividad agropecuaria.

Este año no solo ha afectado esta zona por la falta de precipitación fluvial sino que ha afectado a grandes centros poblados, entre ellos, Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre y Tarija. Ese desabastecimiento ha ocasionado esta crisis y esta medida de emergencia nacional.

¿Cuál es el contexto de esta emergencia hídrica?

 Hay un tema de calentamiento global que está presente en varios países de la región. Este año, Bolivia ha sido uno de los más afectados. Para dar una idea, aunque son datos preliminares, la precipitación fluvial ha disminuido en un 38 por ciento  en La Paz y en un 33 por ciento en Cochabamba.

También hay fenómenos regionales como El Niño, pero que afectan de forma más interna por el cambio climático a nivel global.

Sin embargo, podemos comentar otros factores más locales. Todavía no existen estudios científicos muy precisos al respecto, pero con seguridad sí tienen impacto las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio boliviano que están basadas en la extracción de materias primas.

La deforestación, por ejemplo, es una de las actividades que más preocupa. No solo de un importante ecosistema como el bosque amazónico sino también de zonas forestales cercanas a las ciudades.

Las medidas que se toman desde el Gobierno no necesariamente disminuyen estos impactos. En la deforestación, hay una política de fomento que se aplica desde hace años sobre el monocultivo para exportación principalmente de soya.

Hace dos años se presentaron diferentes acuerdos con el sector empresarial para incrementar en forma considerable esta área cultivada: pasar de alrededor de 3 millones de hectáreas cultivadas a 2025 con 9 millones de hectáreas. Y la única forma de ampliar es deforestando…avanzando sobre el Amazonas.

En noviembre pasado se presentaron los resultados de su estudio “La Agenda gubernamental del agua”. En el texto, se advierte que “recién con la crisis y racionamiento la población entendió que el tener un tubo y un grifo no garantiza ese derecho humano al agua, sino que se debe tener la cantidad y calidad”.

Algo que preocupa es la falta de prevención que ha existido en las políticas por esta variabilidad climática y sus impactos. Hay un incremento de inversiones en el tema de agua, pero no corresponde con la inversión pública total en Bolivia.

Se han priorizado otros sectores como la gran infraestructura, caminos, explotación de hidrocarburos y minería. Estos criterios que se han asumido, no han sido los más certeros.

 ¿Cuál es el alcance de las “presiones” ante la demanda de la minería e hidrocarburos?

 Hay una apuesta, desde los gobiernos de nuestra región, centrada en un importante grado de dependencia de la extracción de materias primas en las economías. Las políticas para el incentivo en la exploración de hidrocarburos tienen impactos ambientales y sociales. Incluso, para eso se dio la apertura de áreas protegidas…

Muchas de estas exploraciones se realizan en territorios de pueblos indígenas que deben contar con un mecanismo de la consulta previa.

Durante las últimas semanas, en varias notas de prensa se informa que pobladores del  municipio boliviano de Chipaya “migran a Chile por falta de agua”. A esto, se suman las emergencias hídricas que sufren también nuestros vecinos del Perú.  ¿Cómo se enfrenta en conjunto el tema de “los refugiados climáticos”?

Es algo que lamentablemente no es fácil visibilizar. En las áreas rurales de Bolivia han tenido que implementar una estrategia de sobrevivencia de migraciones temporales. No solo por los impactos del clima sino la falta de atención de algunas necesidades básicas que ha hecho que esta población, en determinadas épocas del año, tenga que emigrar a las ciudades. Incluso a otras actividades fuera del país, como en Argentina.

Este año ha sido evidente, en el caso de los Uru. Es un pueblo indígena que habita en tierras altas y vive de las actividades del lago Uru Uru (en el departamento de Oruro). Este lago, que pertenece al sistema del cual forma parte el Titicaca, y el Poopó han sido afectados por las faltas de precipitaciones pero también por algunas actividades humanas (agrícolas y mineras).

No son lagos profundos, pero son estratégicos para resguardar el microclima de esta zona. El que se seque pone a los pueblos en emergencia. En 2013, ellos  protagonizaron una marcha hasta La Paz y eso logró que el Gobierno sacara una ley de atención a pueblos vulnerables-no contactados para evitar estos impactos.

Esta norma no ha sido implementada y entre la sequía y la falta de precipitaciones, es seguro que buena parte de este pueblo emigre hacia el lado de Chile. Algunas de estas migraciones parece que van a ser definitivas.

¿Cuán importante es que en nuestros países reconozcan el derecho de acceso al agua a nivel constitucional? Cómo lo aprobó el Pleno del Congreso en Perú en una Reforma Constitucional, mientras en Chile se debate una Reforma al Código de Aguas. 

Un ejemplo. Cochabamba fue protagonista de la guerra del agua en el 2000 y en un momento se quiso privatizar con una gran empresa transnacional que pretendía incrementa las tarifas, en algunos casos, en un 200 por ciento. Pero hoy persiste un problema: la población no atendida por los sistemas de agua tiene que abastecerse a través de cisternas  que transportan el recurso de un lado a otro.

Según el escenario, los privados que prestan este servicio suben el precio del barril. Estos costos llegan a ser entre 5 a 8 dólares el metro cubico lo que, a nivel internacional, es muy elevado y la que no está conectada es la población más pobre de la ciudad. Es un problema de inequidad. En la actual sequía, los camiones cisterna atienden también a la población que sí tiene sistema, porque por el racionamiento recibe menos agua. Y para complementar, solicita agua de cisternas. El agua ha subido de manera impresionante a 20 dólares el metro cúbico. Eso comparado con cualquier país del mundo es muy alto.

El derecho humano al agua establece principios normativos que deben implementarse desde todas las instituciones públicas. En el caso de Bolivia, sí existe este principio constitucional desde 2009 y es un referente para regular la distribución del agua.

Una recomendación: es fundamental para este cumplimiento que existan no solo disposiciones en las normativas sino que las instituciones tengan la capacidad efectiva de cumplir ese derecho humano.