Una nueva colusión asoma en el mercado local, esta vez el pacto ilícito para elevar precios se concretó entre la CMPC y la firma Kimberly Clark con marcas de pañales infantiles.

La información revelada a través de un documento de delación compensada que la Papelera del grupo Matte entregó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con el fin de reducir las multas que obtendría por la colusión del papel higiénico, detalla que habría existido entre Tissue (CMPC Tissue) y la dueña de la marca Huggies “acuerdos de alzas de precios, intercambios de información de alza de precios, coordinación en la participación en actividades promocionales y acuerdos de posicionamientos relativos de precios que habrían afectado al negocio tissue y que se habrían alcanzado en relación con acuerdos que afectaron al desarrollo sanitario”.

En el texto elaborado por Rafael Cox, fiscal de CMPC, se agrega que estas maniobras “se habrían alcanzado principalmente en relación a campañas de bebé, pero habrían involucrado también a otros productos del mercado sanitario”.

Según la Papelera estas prácticas habrían comenzado en 2002 y habrían terminado en 2009. Por lo tanto, y sin ninguna denuncia por el hecho, la causa estaría prescrita.

El plan

Las reuniones para el traspaso de información y alza de precios eran en hoteles capitalinos, tal como se gestó la colusión del papel tissue, investigación que se encuentra en etapa final en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Según reconocen desde la CMPC la primera junta fue en el ex Hotel Carrera, ahí se habrían juntado el gerente general de Kimberly Clark, Gonzalo Eguiguren, y el entonces gerente general de CMPC Tissue Chile, Eduardo Serrano. “En ese almuerzo se habría acordado mantener conversaciones para competir sin destruir los niveles de precios”.

Posterior a esa cita, describen desde la CMPC que habrían existido un par más de “coordinación específica”, que habrían tenido por objeto acordar el alza de precios y posicionamiento de precios relativos.

Se siguieron reuniones telefónicas y encuentros puntuales entre los que se destaca una “guerra de precios” entre las compañías en el periodo 2008-2009. Según la autodenuncia, estas juntas “habrían sido esporádicas, en un ambiente general de competencia y fuertes variaciones en la participación de mercado”.

Finalmente informan que luego de la salida de Eguiguren las reuniones se acabaron.

Reacciones

Uno de los aspectos más criticados frente a la forma de procesar a los responsables de colusión es que el procedimiento los protege, ya que primero los casos deben ser revisados e investigados por la Fiscalía Económica, luego esto pasa al tribunal de libre competencia y finalmente podrían presentarse cargos en lo penal. La crítica es a lo engorroso y lento de este procedimiento que puede tomar años antes de que pueda ser sancionado por un tribunal de justicia.

El diputado Fuad Chahin, quien participó activamente en el desarrollo del proyecto de ley antimonopolio y que estaba a favor de incorporar sanciones penales para quienes resultaran responsables de delitos de colusión explicó que “cuando discutimos el proyecto de ley antimonopolio dije que me parecía absolutamente repudiable el que se le pusieran tantas cortapisa a la acción penal, de hecho yo retrase esa norma, fuimos a comisión mixta, me enfrenté a denunciar al ministro y al Fiscal Nacional Económico, perdimos al final, pero yo lo anticipé y dije: la acción penal va a ser imposible ejercerla. Lamentablemente vamos a terminar en una situación de impunidad absoluta en lo penal”.

Chahin indignado expresó “me parecen extremadamente grave lo que ocurrió. El Fiscal Nacional Económico, conociendo estos hechos, no tomó la decisión de hacer un requerimiento para investigar, por el contrario,  dejó que estos ilícitos prescribieran. A mí me parece inaceptable, yo creo que él debe presentar su renuncia de inmediato al cargo”.

En el mismo sentido, la diputada Denise Pascal se refirió al caso de colusión diciendo: “Yo creo que hay un sistema en nuestro país que es nefasto, las leyes que se plantean y que los jueces aplican son justamente las penas punitivas, pero mientras nosotros no cambiemos el sistema neoliberal de mercado vamos a seguir con estas situaciones que vamos a ir detectando.  Por mucho que hagamos leyes para hacer sanciones mayores no vamos a lograr realmente, a través de leyes más duras, solucionar el problema”.

Para Hernán Calderón, abogado representante de Conadecus, “este es un comportamiento de la industria chilena. Las empresas han optado por acordar precios con la competencia, esto es producto del mercado oligopólico que, casi en todas las ramas, rige al país”.

El defensor de los consumidores dijo que “esto es un comportamiento permanente e internalizado en la industria chilena. Estos son verdaderos portonazos a los consumidores. Estamos hablando de cientos de millones de dólares con la que se afecta al bolsillo de los chilenos”.

“Es vergonzoso que el país tenga este tipo de empresarios. Ellos se han opuesto a reformas, han marcado la pauta de las legislaciones a favor de ellos. Creemos que hay que terminar con estas influencias. La política chilena está capturada por los empresarios, uno de ellos, fue el dueño del Grupo Matte. Los empresarios chilenos son una vergüenza para el país”.

En Radio y Diario Universidad de Chile criticó, además, la acción de la FNE, organismo que debió haber tomado acciones contra la empresa, porque, ampararse a la prescripción no correspondía: “Nos parece mucho más grave que la Fiscalía no haya iniciado ninguna investigación”.

Calderón profundizó en lo que el califica de omisión grave, más cuando en Colombia ya había antecedentes de colusión en el mercado de pañales de las mismas empresas: “La Fiscalía se omitió. Cuando se enteraron de los del papel tissue, debieron haber hecho una investigación completa. El problema es que en Chile se conocen los delitos cuando ya están prescritos, entonces, siempre les sale gratis a las empresas”.

El abogado comentó que en la organización están analizando las acciones correspondientes para indagar la posibilidad de abrir querella.

El Ministro de Economía aseguró que ellos no conocían los antecedentes. Sin embargo, explicó que es la Fiscalía Nacional Económica la que tiene que atender a los detalles más técnicos, porque a ellos como secretaría de Estado les corresponde “velar por el interés de todos los chilenos”.

Luis Felipe Céspedes calificó de “sinvergüenza” la acción y reflexionó en torno a la necesidad de ser drásticos a la hora de condenar estos ilícitos.

En tanto, la Presidenta Michelle Bachelet dijo que “esas malas prácticas de algunos empresarios afectan directamente a la confianza y frenan nuestras posibilidades de desarrollo“.

La Mandataria hizo llamado a no repetir este tipo de acciones y a fortalecer la agenda de transparencia.